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TARJETA SANITARIA INDIVIDUAL. Real Decreto 702/2013, de 20 de septiembre, por el que se modifica el Real Decreto 183/2004, de 30 de enero. por el que se regula la tarjeta sanitaria individual.

La tarjeta sanitaria individual se define como un documento administrativo que acredita determinados datos de su titular y facilita el acceso de los ciudadanos a las prestaciones del Sistema Nacional de Salud.

Las tarjetas han de incluir. de manera normalizada, los datos bбsicos de identificaciуn del titular de la tarjeta, del derecho que le asiste en relaciуn con la prestaciуn farmacйutica y del servicio de salud o entidad responsable de la asistencia sanitaria.

Los dispositivos que las tarjetas incorporen para almacenar la informaciуn bбsica y las aplicaciones que la traten deberбn permitir que la lectura y comprobaciуn de los datos sea tйcnicamente posible en todo el territorio del Estado.

Ademбs, cada usuario tendrб un cуdigo de identificaciуn personal ъnico. generado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

Con ella se posibilita el cumplimiento del ejercicio del derecho que tienen los ciudadanos a recibir por parte del servicio de salud de la comunidad autуnoma en la que se encuentre desplazado. la asistencia sanitaria del catбlogo de prestaciones del Sistema Nacional de Salud que pudieran requerir, en las mismas condiciones e idйnticas garantнas que los ciudadanos residentes en esa comunidad autуnoma.

La regulaciуn especнfica se encuentra en el Real Decreto 183/2004, de 30 de enero. por el que se regula la tarjeta sanitaria individual.

Este Decreto –que modifica el anterior- se dicta porque es el Gobierno el competente para establecer el formato ъnico y comъn de tarjeta sanitaria vбlido para todo el Sistema Nacional de Salud, que se recoge como anexo.

Aunque la reforma ya entrу en vigor, el proceso de sustituciуn de las actuales tarjetas se llevarб a cabo de forma progresiva, con motivo de su renovaciуn por cualquier causa o de nuevas emisiones, debiendo estar finalizado antes de cinco aсos.

PATENTES. Instrumento de Adhesiуn del Tratado sobre el derecho de patentes, Reglamento del tratado sobre el derecho de patentes, y Declaraciones concertadas por la Conferencia Diplomбtica relativas al Tratado y al Reglamento, hechos en Ginebra el 1 de junio de 2000.

Espaсa consiente en obligarse a:

– los veintisiete artнculos del Tratado sobre el derecho de patentes, hecho en Ginebra el 1 de junio de 2000

– las veintiuna reglas del Reglamento del Tratado sobre el derecho de patentes, de mismo lugar y fecha y

– las seis Declaraciones concertadas por la Conferencia Diplomбtica relativas al Tratado y su Reglamento,

En cuanto a solicitudes. las disposiciones del presente Tratado y del Reglamento serбn aplicables a las solicitudes nacionales y regionales de patentes de invenciуn, y de patentes de adiciуn, presentadas en la Oficina de una Parte Contratante y que sean:

i) tipos de solicitudes cuya presentaciуn sea permitida como solicitudes internacionales en virtud del Tratado de Cooperaciуn en materia de Patentes;

ii) solicitudes divisionales, de los tipos de solicitudes mencionados en el punto i), de patentes de invenciуn y de patentes de adiciуn mencionadas en el Artнculo 4G.1) o 2) del Convenio de Parнs.

Con sujeciуn a lo dispuesto en el Tratado de Cooperaciуn en materia de Patentes, las disposiciones del presente Tratado y el Reglamento serбn aplicables a las solicitudes internacionales de patentes de invenciуn y de patentes de adiciуn, en virtud del Tratado de Cooperaciуn en materia de Patentes:

i) respecto de los plazos aplicables en la Oficina de una Parte Contratante en virtud de los Artнculos 22 y 39.1) del Tratado de Cooperaciуn en materia de Patentes ;

ii) respecto de todo procedimiento iniciado en la fecha, o despuйs de la fecha, en la que pueda comenzar la tramitaciуn o el examen de la solicitud internacional en virtud del Artнculo 23 de ese Tratado.

En cuanto a patentes. las disposiciones del presente Tratado y el Reglamento serбn aplicables a las patentes de invenciуn nacionales y regionales, y patentes de adiciуn nacionales y regionales, que hayan sido concedidas con efectos en una Parte Contratante.

El Tratado entrу en vigor de forma general, el 28 de abril de 2005 y, para Espaсa, el 6 de noviembre de 2013.

SECTOR PЪBLICO. Orden HAP/1816/2013, de 2 de octubre, por la que se publica el Acuerdo por el que se adoptan medidas de reestructuraciуn y racionalizaciуn del sector pъblico estatal fundacional y empresarial.

Esta orden autoriza, de conformidad con el artнculo 169 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Pъblicas, la operaciуn de extinciуn de la Sociedad Programas y Explotaciones de Radiodifusiуn.

Tambiйn autoriza, de conformidad con lo previsto en el artнculo 45.1 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones. la extinciуn, fusiуn o pйrdida de la condiciуn de fundaciуn del sector pъblico estatal, de las Fundaciones que se relacionan en el anexo II.

*CONVENIO COLECTIVO REGISTRADORES. Resoluciуn de 26 de septiembre de 2013, de la Direcciуn General de Empleo, por la que se registra y publica el II Convenio colectivo de los registradores de la propiedad y mercantiles y su personal auxiliar.

Este Convenio sustituye al anterior de 1992 y ha sido fruto de un acuerdo entre la Asociaciуn Profesional de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de Espaсa (APR), la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI.F) representada por el Sindicato Independiente de Oficiales y Auxiliares de los Registros de la Propiedad y Mercantiles de Espaсa (SIOYA) y por Sindicat dels Empleats dels Registres de la Propietat i Mercantils de Catalunya (SRC) en sus respectivos бmbitos.

En йl se actualizan las relaciones laborales entre Registradores y empleados, garantizando la aplicaciуn sectorial de unas condiciones laborales mнnimas que deberбn ser respetadas en convenios de бmbito territorial inferior; y que resultan de necesaria aplicaciуn en los frecuentes cambios de titular del Registro dado que los convenios de empresa que puedan establecerse solo vincularбn al Registrador que lo firmу.

Regularб las relaciones de trabajo de los Registradores de la Propiedad y Mercantiles de toda Espaсa y su personal. No serб de aplicaciуn al Registro Mercantil Central ni al Registro Central de Ventas a Plazos.

Se mantiene que el traslado, o cualquier otra causa de cese del Registrador en la titularidad de su Registro, no producirбn la extinciуn de las relaciones laborales existentes en aquel momento, operando la subrogaciуn en ellas del nuevo Titular o Interino, en los tйrminos que se prevйn en el presente Convenio.

Entre las novedades. resulta especialmente remarcable la obligaciуn de liquidar salarios mнnimos garantizados mes a mes a todos los empleados de los Registros, que serбn regularizados semestralmente cuando superen el porcentaje de la masa salarial.

El presente Convenio mantiene el sistema de remuneraciуn tradicional. regulбndose las retribuciones variables y ampliando la participaciуn en los beneficios lнquidos del Registrador a todo el personal de los Grupos IV y V, incluyendo a los antiguos Auxiliares de 2Є, que estaban excluidos de la participaciуn en el anterior Convenio.

Se aprovecha para adaptar las antiguas categorнas a los Grupos Profesionales. De este modo, los Auxiliares (tanto los antiguos de 1Є como de 2Є) se integran en un mismo Grupo Profesional estableciйndose un periodo transitorio de cuatro meses para los de 2Є, durante el cual recibirбn un curso de formaciуn.

Se determinan cinco grupos:

– Grupo V. (Oficiales). Dentro de йl se encuadran como Subgrupo, los Oficiales Superiores.

– Grupo IV. (Auxiliares).

– Grupo III. (Especialistas).

– Grupo II. (Personal Administrativo).

– Grupo I. (Subalterno).

Se enuncian tambiйn criterios objetivos para la distribuciуn justa de la participaciуn en los beneficios lнquidos del Registrador entre todos los empleados que tienen derecho a ella, asн como la limitaciуn de las diferencias mбximas de retribuciуn que pueden existir dentro de cada Grupo Profesional, si bien dejando siempre un margen para la discrecionalidad del empleador.

Igualmente se establece que ningъn empleado de grupo inferior pueda ser contratado con una retribuciуn mayor que otro empleado perteneciente a un grupo superior, evitбndose asн situaciones de discriminaciуn salarial.

La jornada de trabajo serб fijada por cada Registro, sin que puedan superarse las 1760 horas de trabajo efectivo de promedio en cуmputo anual.

El trabajador disfrutarб de veintitrйs dнas laborables de vacaciones anuales retribuidas que tiene derecho a conocer con dos meses de antelaciуn.

Aparte de otros descansos o reducciones de jornada previstos por las leyes, tambiйn tendrбn tres dнas naturales por nacimiento de hijo; hasta cuatro dнas por asuntos particulares. no acumulables a vacaciones, y descansos compensatorios por los dнas 24 y 31 de diciembre

Se ha modificado el contenido regulatorio de la Comisiуn Paritaria. ciсendo sus funciones al бmbito estrictamente laboral y dotбndole de la consideraciуn de mбximo intйrprete del presente Convenio y de mediador en la soluciуn de conflictos colectivos que puedan suscitarse durante su vigencia.

Finalmente, se ha modernizado el rйgimen disciplinario. derogando la figura de las amonestaciones escritas.

En todo lo no previsto en el presente Convenio se estarб a lo dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores y Legislaciуn laboral vigente.

Tiene un anexo dedicado a la promociуn profesional y a la formaciуn continuada.

Las pruebas de acceso de carбcter ordinario. para promocionar a los Grupo IV (auxiliares) y Grupo V (oficiales), se realizarбn cada 2 aсos. siendo el primer examen en el mes de noviembre de 2014 salvo imposibilidad tйcnica, en cuyo caso serнa en noviembre de 2015.

Entrу en vigor el 11 de octubre de 2013.

Su duraciуn se extiende hasta el 11 de octubre de 2017. Se entenderб prorrogado tбcitamente por periodos anuales sucesivos, a no ser que se denuncie por cualquiera de las partes con una antelaciуn mнnima de dos meses a la fecha de su vencimiento o de cualquiera de sus prуrrogas. Denunciado el Convenio, se entenderб que el mismo mantiene su vigencia durante el perнodo de negociaciуn.

Nota: realmente se ha publicado en la Secciуn III del BOE. (JFME)

TASAS. Resoluciуn de 2 de octubre de 2013, de la Subsecretarнa, por la que se aprueba el modelo 790 de solicitud y autoliquidaciуn de la tasa para la expediciуn de los certificados de antecedentes penales. de actos de ъltima voluntad y de contratos de seguros de cobertura de fallecimiento.

La adaptaciуn del modelo 790 –que se incluye como anexo – se hace necesaria tras la regulaciуn por primera vez de la responsabilidad penal de las personas jurнdicas, introducida por la Ley Orgбnica 5/2010, de 22 de junio y la nueva normativa europea sobre intercambio de informaciуn de los registros de antecedentes penales.

Tambiйn convenнa precisar la forma en que los interesados debнan acreditar su personalidad y, en su caso, la condiciуn de representante legal cuando solicitasen acceder a la informaciуn contenida en el Sistema de registros, administrativos de apoyo a la Administraciуn de Justicia.

MADRID. Ley 3/2013, de 18 de junio, de Patrimonio Histуrico de la Comunidad de Madrid.

La ley establece un rйgimen general de protecciуn que se concreta en un deber genйrico de conservaciуn dirigido a los titulares de derechos sobre los bienes del patrimonio histуrico; a este deber se aсade un rйgimen especнfico para:

– los Bienes de Interйs Cultural.

– y otro para los Bienes de Interйs Patrimonial.

Junto a ese rйgimen general se establecen diversos regнmenes especiales en base a las peculiaridades de ciertos tipos de bienes culturales: patrimonio arqueolуgico y paleontolуgico y patrimonio cultural inmaterial.

1.- Entre los bienes integrantes del patrimonio histуrico de la Comunidad de Madrid se introduce como novedad la tipologнa de Paisaje Cultural.

2.- Tambiйn novedosa es la redefiniciуn del patrimonio de interйs etnogrбfico o industrial, que deja de tener la consideraciуn de «lugar» para centrarse en los bienes concretos.

3.- Por ъltimo, se introduce la posibilidad de asociar bienes arqueolуgicos y paleontolуgicos al reunirlos en la misma figura de protecciуn y aplicarles el mismo sistema jurнdico de protecciуn.

4.- Los bienes incluidos en el Inventario de Bienes Culturales de la Comunidad de Madrid pasan a denominarse Bienes de Interйs Patrimonial.

Dentro del Tнtulo I han de destacarse las siguientes medidas:

El plazo para la resoluciуn de los expedientes incoados para la declaraciуn de Bien de Interйs Cultural. que pasa de quince meses a nueve. Los expedientes para la declaraciуn deBien de Interйs Patrimonial deberбn resolverse en el plazo de seis meses.

En el Tнtulo II destaca la atribuciуn a los Ayuntamientos de las competencias sobre los bienes del patrimonio histуrico que no estйn declarados ni Bienes de Interйs Cultural, ni Bienes de Interйs Patrimonial, a travйs de los instrumentos de planeamiento urbanнstico, asн como la regulaciуn de la consulta previa en los procedimientos ambientales y urbanнsticos.

El Tнtulo III regula las normas de protecciуn aplicables a los bienes declarados Bienes de Interйs Patrimonia l. La autorizaciуn previa se restringe a actuaciones muy concretas, con un plazo mбximo de resoluciуn de dos meses y el silencio administrativo es positivo.

El Tнtulo IV estб dedicado a la regulaciуn de las normas aplicables a los Bienes de Interйs Cultural, estableciendo una distinciуn entre el rйgimen comъn aplicable a todos ellos y ciertas especialidades en funciуn de su naturaleza mueble o inmueble.

Rйgimen comъn a Bienes de Interйs Cultural y Bienes de Interйs Patrimonial

Se reduce a dos meses el plazo para conceder la autorizaciуn y a falta de resoluciуn expresa se considera desestimada la solicitud.

Se regulan detalladamente los procedimientos especнficos de declaraciуn de ruina y demoliciуn. en consonancia con la normativa urbanнstica.

Se define el rйgimen de protecciуn aplicable por una parte, al patrimonio arqueolуgico y paleontolуgico, y por otra, al patrimonio cultural inmaterial.

Tanteo y retracto

Finalmente destacar que la Comunidad de Madrid y subsidiariamente el Ayuntamiento, podrбn ejercer el derecho de tanteo sobre las transmisiones onerosas de la propiedad o cualquier derecho real de disfrute sobre determinados Bienes Inmuebles de Interйs Cultural.

Los Notarios y Registradores de la Propiedad exigirбn, para autorizar e inscribir respectivamente, las escrituras de transmisiones de bienes y derechos sobre Bienes de Interйs Culturalque se acreditefehacientemente que el titular del bien ha cumplido con la obligaciуn de comunicar a la Consejerнa competente en materia de patrimonio histуrico y al Ayuntamiento correspondiente la intenciуn de transmisiуn, sus condiciones y precio. (GGB)

REGLAMENTO GENERAL DE RECAUDACIУN. Resoluciуn de 30 de septiembre de 2013, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administraciуn Tributaria, por la que se desarrolla la Orden HAC/3578/2003, de 11 de diciembre, en relaciуn a los procedimientos especiales de ingreso derivados de determinadas actuaciones de gestiуn recaudatoria en vнa ejecutiva.

Mediante los procedimientos que se establecen en esta Resoluciуn se llevarбn a cabo los ingresos derivados de las siguientes actuaciones de gestiуn recaudatoria en vнa ejecutiva. con independencia de que los obligados a efectuar el ingreso sean entidades privadas o pъblicas:

a) Embargos de sueldos, salarios o pensiones y embargos de crйditos, cuando los destinatarios de las diligencias, (o pagadores) se adhieran al procedimiento.

b) Embargos que sean consecuencia de actuaciones desarrolladas de forma automatizada y centralizadamente por la Agencia Estatal de Administraciуn Tributaria ante uno o varios pagadores concretos y que afecten a una pluralidad de deudores.

ACUERDOS INTERNACIONALES. Resoluciуn de 15 de octubre de 2013, de la Secretarнa General Tйcnica, sobre aplicaciуn del artнculo 32 del Decreto 801/1972, de 24 de marzo, relativo a la ordenaciуn de la actividad de la Administraciуn del Estado en materia de Tratados Internacionales.

Se publican las comunicaciones relativas a Tratados Internacionales Multilaterales en los que Espaсa es parte, recibidas en el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperaciуn hasta el 30 de septiembre de 2013.

CABO VERDE. Convenio de Seguridad Social entre el Reino de Espaсa y la Repъblica de Cabo Verde y Acuerdo Administrativo para su aplicaciуn, hechos en Praia el 23 de noviembre de 2012.

1. El presente Convenio se aplicarб:

A) Por parte de Cabo Verde:

a) al rйgimen general de previsiуn social de los trabajadores por cuenta ajena y por cuenta propia, en lo que se refiere a las contingencias de invalidez, vejez, supervivencia y

b) al rйgimen de seguro por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

B) Por parte de Espaсa:

A la legislaciуn relativa a las prestaciones contributivas del Sistema espaсol de Seguridad Social, con excepciуn de los regнmenes de funcionarios pъblicos, civiles y militares, en lo que se refiere a:

a) Incapacidad Permanente, Jubilaciуn y Supervivencia.

b) Prestaciones derivadas de accidente de trabajo y enfermedad profesional.

El Convenio y su Acuerdo Administrativo entrarбn en vigor el 1 de diciembre de 2013.

CONTABILIDAD. Resoluciуn de 18 de octubre de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditorнa de Cuentas, sobre el marco de informaciуn financiera cuando no resulta adecuada la aplicaciуn del principio de empresa en funcionamiento.

El PGC establece, en su Marco Conceptual de la Contabilidad (MCC), como uno de los principios contables bбsicos el principio de empresa en funcionamiento. y seсala que cuando no resulte de aplicaciуn este principio, en los tйrminos que se determinen en las normas de desarrollo, la empresa aplicarб las normas de valoraciуn que resulten mбs adecuadas para reflejar la imagen fiel de las operaciones tendentes a realizar el activo, cancelar las deudas y, en su caso, repartir el patrimonio resultante, debiendo suministrar en la memoria de las cuentas anuales toda la informaciуn significativa sobre los criterios aplicados.

El objeto de la presente Resoluciуn es aclarar quй criterios se consideran adecuados para formular las cuentas anuales cuando no resulta adecuada la aplicaciуn del principio de empresa en funcionamiento. y normalizar con ello el sistema de informaciуn contable o marco de informaciуn financiera aplicable en estos casos.

La Resoluciуn se divide en seis normas:

Primera. Objetivo y бmbito de aplicaciуn.

Segunda. Criterios especнficos de aplicaciуn del Marco Conceptual de la Contabilidad a la empresa en «liquidaciуn».

Tercera. Normas de registro y valoraciуn de la empresa en «liquidaciуn».

Cuarta. Normas de elaboraciуn de las cuentas anuales de la empresa en «liquidaciуn».

Quinta. Normas de formulaciуn de cuentas anuales consolidadas de la empresa en «liquidaciуn».

Sexta. Nueva aplicaciуn del principio de empresa en funcionamiento.

De la resoluciуn, casi un informe contable-jurнdico. destacamos, como principios que pudieran tener relevancia en los RRMM y tambiйn tenidos en cuenta por despachos especializados, los siguientes:

— las situaciones concretas en las que puede verse afectado el principio de empresa en funcionamiento no se limitan a los supuestos de liquidaciуn societaria ; en concreto, a tнtulo enunciativo podrнan identificarse, entre otras, las siguientes:

– Debidas al titular jurнdico: fusiones y escisiones, separaciуn de socios, expulsiуn de socios, causa de disoluciуn por situaciуn de desequilibrio patrimonial, concurso de acreedores y disoluciones y liquidaciones.

– Debidas a la situaciуn u objeto empresarial: reconversiones profundas, catбstrofes, inactividades de hecho y sociedades de duraciуn limitada.

—Si se trata de disoluciуn, o se acuerda la apertura de la liquidaciуn, y aunque ya no se sigan las operaciones habituales de la empresa (aquellas que conformaban su objeto social), deben llevarse a cabo las operaciones tendentes a realizar el activo y cancelar las deudas. asн como a repartir el haber resultante entre los propietarios.

— Durante el perнodo de liquidaciуn no cesan las obligaciones contables, en particular, la obligaciуn de formular cuentas anuales. al margen de que se adecuen a los fines que se pretenden y que permita un seguimiento cronolуgico de sus operaciones (artнculo 25.1 del Cуdigo de Comercio

—Tambiйn durante el periodo de liquidaciуn deberбn formularse, en su caso, los documentos a que hace referencia el artнculo 388.2 LSC, sin perjuicio del balance final de liquidaciуn exigido por el artнculo 390.1, que desde la perspectiva del Derecho contable podrнan calificarse de «extracontables» o ajenos a la regulaciуn contenida en el PGC, que se limita a desarrollar las normas contables para formular las cuentas anuales, entendidas como una unidad, a pesar de que se haya consolidado en la prбctica, por motivos de claridad, tomar como referencia el modelo normalizado de presentaciуn del Plan para cumplimentar dichos balances

— Se dan igualmente normas para la elaboraciуn de las cuentas anuales de la empresa en «liquidaciуn».

1. Cuando la empresa siga el marco de informaciуn financiera aprobado por la presente Resoluciуn, aplicarб las normas de elaboraciуn de las cuentas anuales del marco general de informaciуn financiera, considerando las siguientes precisiones y reglas especiales.

a. Las cuentas anuales se elaborarбn con una periodicidad de doce meses. salvo que la liquidaciуn no se prolongase por un plazo superior al previsto para su aprobaciуn. En tal caso, o cuando acordada la disoluciуn en un ejercicio o la apertura de la fase de liquidaciуn en un procedimiento concursal las operaciones de liquidaciуn concluyan antes del cierre de ese mismo ejercicio, no se formularбn cuentas anuales sin perjuicio de las restantes obligaciones de informaciуn que pudieran venir impuestas por la legislaciуn mercantil.

Las cuentas anuales deberбn ser formuladas por el empresario, los administradores o las personas sobre las que recaiga dicha obligaciуn de acuerdo con la legislaciуn mercantil. Del mismo modo, las cuentas anuales deberбn ser en su caso auditadas, aprobadas por la Junta General y depositadas en el Registro Mercantil de acuerdo con las normas generales. En cuanto a la supervisiуn o intervenciуn de cuentas por los administradores concursales o por los interventores tambiйn se estarб a lo previsto en la legislaciуn mercantil.

CNMV. Circular 6/2013, de 25 de septiembre, de la Comisiуn Nacional del Mercado de Valores, sobre normas contables, cuentas anuales, estados financieros pъblicos y estados reservados de informaciуn estadнstica de los Fondos de Activos Bancarios.

Esta Circular tiene por objeto regular las normas especнficas de contabilidad, asн como el contenido y forma de presentaciуn de las cuentas anuales, los estados financieros semestrales pъblicos y los estados reservados trimestrales de informaciуn estadнstica de los Fondos de Activos Bancarios (FAB).

Aunque los Fondos de Activos Bancarios o FAB carecen de personalidad jurнdica pues su estructura es la de un fondo. parece que por la norma octava, relativa a bienes inmuebles, pueden ser titulares de los mismos y si pueden ser titulares, no es de extraсar que se planteara que los bienes pudieran ser inscritos a su nombre en el registro de la Propiedad al poder ser parangonables a los fondos de titulizaciуn. Hasta ahora, sуlo mediante una Ley se ha plasmado una excepciуn a la exigencia de personalidad jurнdica: el Real Decreto-ley 6/2010, de 9 de abril. de medidas para el impulso de la recuperaciуn econуmica y el empleo (Pacto de Zurbano), que lo permitiу respecto de los Fondos de Titulizaciуn Hipotecaria y Fondos de Titulizaciуn de Activos.

Dice esta norma octava:

Norma octava. Activos inmuebles.

1. Los activos inmuebles del FAB. transmitidos por la SAREB, asн como aquйllos recibidos para la satisfacciуn total o parcial de derechos de crйdito, se clasificarбn a efectos de los criterios de registro y valoraciуn previstos en el PGC, y teniendo en cuenta la naturaleza y finalidad de la inversiуn, como inversiones inmobiliarias o como existencias.

Se clasificarбn como existencias cuando se trate de activos, terminados o en construcciуn, poseнdos para ser vendidos en el curso ordinario de las operaciones, a travйs de la promociуn inmobiliaria y tras la finalizaciуn de la fase de construcciуn, en su caso.

El resto de activos inmuebles, que no estйn destinados a su venta en el curso ordinario de las operaciones, sino que sean destinados a la obtenciуn de rentas de alquiler o mantenidos con el propуsito de generar plusvalнas por aumentos en su valor de mercado, se clasificarбn como inversiones inmobiliarias. Su reclasificaciуn a existencias sуlo se producirб a partir del inicio de una fase de desarrollo inmobiliario especнfico y cuando con ello se suministre evidencia de su cambio de destino para la venta, en el curso ordinario de la explotaciуn. Si el fondo decide en un momento determinado disponer del inmueble, sin desarrollo especнfico previo, lo mantendrб clasificado como inversiуn inmobiliaria hasta su baja y no lo reclasificarб a existencias.

REGLAMENTOS IVA, REVISIУN Y GESTIУN. Real Decreto 828/2013, de 25 de octubre, por el que se modifican el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Aсadido. aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre; el Reglamento General de desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en materia de revisiуn en vнa administrativa. aprobado por el Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo; el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestiуn e inspecciуn tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicaciуn de los tributos y el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturaciуn. aprobado por el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre.

1.- Reglamento del Impuesto sobre el Valor Aсadido.

El artнculo primero acomoda este reglamento a las reformas de la Ley del IVA habidas durante 2012 y 2013:

– La supresiуn de la exigencia legal de solicitud de autorizaciуn previa por la Administraciуn Tributaria del requisito para la aplicaciуn de determinadas exenciones.

– La regulaciуn de los nuevos supuestos de inversiуn del sujeto pasivo. que obliga a desarrollar normas relativas a su aplicaciуn, como la regulaciуn de las comunicaciones entre los empresarios y destinatarios intervinientes en las operaciones afectadas por la inversiуn del sujeto pasivo.

– En caso de concurso. la regulaciуn de la obligaciуn de presentar dos declaraciones-liquidaciones, dividiendo el periodo normal de declaraciуn en dos periodos segъn se trate de hechos imponibles anteriores o posteriores al auto de declaraciуn de concurso.

– Se revisan los artнculos relativos a las exenciones ligadas a operaciones aduaneras. para adaptarlos a los cambios en los procedimientos aplicables a tales operaciones, en especial, al carбcter electrуnico de las comunicaciones entre administrado y Administraciуn para dar cumplimiento a la normativa aduanera que las regula.

– Se retoca lo relativo a la modificaciуn de las bases imponibles. a los efectos de evitar el volumen de fraude asociado a la imprecisiуn de la norma en este punto y, vista la interpretaciуn que de ella vienen efectuando los Tribunales. Se incorpora la obligaciуn de que las facturas rectificativas emitidas al amparo del artнculo 80.tres de la Ley del Impuesto sean tambiйn remitidas a las administraciones concursales. Se establece la obligaciуn de comunicar las modificaciones de bases imponibles, tanto para el acreedor como para el deudor de los correspondientes crйditos o dйbitos tributarios, por medios electrуnicos, en un formulario especнfico diseсado por la Agencia Tributaria, disponible en su sede electrуnica.

– Se desarrolla el nuevo rйgimen especial del criterio de caja . cuya regulaciуn legal se ha aprobado recientemente en la Ley 14/2013, de 27 de septiembre. de apoyo a los emprendedores, en lo que respecta al ejercicio de la inclusiуn y la renuncia al rйgimen, йsta ъltima con efectos para un perнodo mнnimo de tres aсos. Entre otras modificaciones, se aсade un capнtulo VIII en el tнtulo VIII.

– Se prevй la exclusiуn del rйgimen especial del criterio de caja cuando el volumen de operaciones durante el aсo natural que realice el sujeto pasivo supere los 2.000.000 de euros, asн como cuando el total de cobros en efectivo que realice respecto de un mismo destinatario durante el aсo natural supere los 100.000 euros. Dicha exclusiуn tendrб efecto en el aсo inmediato posterior a aquйl en que se superan dichos lнmites.

– Se amplнa la informaciуn a suministrar en los libros registro generales, para incorporar las referencias a las fechas de cobro o pago y del medio utilizado, para los sujetos pasivos acogidos al rйgimen especial del criterio de caja, asн como a los no acogidos pero que resulten ser destinatarios de operaciones afectadas por el mismo.

– Se modifica el plazo de presentaciуn de las autoliquidaciones del IVA. eliminando la excepciуn existente para la liquidaciуn del mes de julio . que se ingresarб por los obligados tributarios el dнa 20 de agosto en lugar del 20 de septiembre.

– Se simplifica el procedimiento para el ejercicio de la opciуn por la aplicaciуn de la regla de prorrata especial. permitiendo su ejercicio en la ъltima declaraciуn-liquidaciуn del impuesto correspondiente a cada aсo natural, con la excepciуn de los supuestos de inicio de la actividad o de sector diferenciado. El ejercicio de dicha opciуn vincula al sujeto pasivo durante tres aсos naturales. Hay una disposiciуn transitoria para 2013.

– Y se adaptan las referencias del Reglamento del impuesto a las modificaciones habidas en materia de facturaciуn. tras la entrada en vigor, el 1 de enero de 2013, del nuevo Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturaciуn, aprobado por Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre.

2. Reglamento de revisiуn en vнa administrativa.

El artнculo segundo afecta al Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo. para aclarar los requisitos que deben cumplirse para que la Administraciуn Tributaria pueda reconocer el derecho a la devoluciуn de unas cuotas del IVA mal repercutidas cuyo titular es el obligado que soportу la indebida repercusiуn, aclarando cuбndo se considera ingresada la cuota repercutida en las autoliquidaciones con resultado a ingresar. Al mismo tiempo, se realizan una serie de correcciones tйcnicas de carбcter terminolуgico.

3. Reglamento de gestiуn e inspecciуn.

– Adapta la referencia que determinados procedimientos realizan al nuevo Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturaciуn.

– Modifica la obligaciуn de declaraciуn de operaciones con terceras personas como consecuencia de diferentes factores.

– Pasan a incluirse como obligados a presentar la declaraciуn las comunidades de bienes en rйgimen de propiedad horizontal asн como determinadas entidades o establecimientos de carбcter social.

– Los sujetos pasivos acogidos al rйgimen simplificado del IVA deberбn suministrar informaciуn de las operaciones por las que reciban factura y que estйn anotadas en el Libro Registro de facturas recibidas.

– Nuevo rйgimen especial del criterio de caja en el IVA.

– Respecto a las operaciones a las que resulte de aplicaciуn este rйgimen, se exige que se declaren los importes efectivamente cobrados o pagados asн como los importes que se devenguen a 31 de diciembre.

– Las operaciones acogidas a este rйgimen especial deberбn constar separadamente en la declaraciуn de operaciones con terceras personas y, se consignarбn en la declaraciуn del aсo natural en que se hagan efectivos dichos importes.

– La informaciуn se suministrarб exclusivamente atendiendo a su cуmputo anual. en los supuestos de la informaciуn a presentar por los sujetos acogidos al rйgimen especial del criterio de caja, por las comunidades de bienes en rйgimen de propiedad horizontal y, en cuanto a las operaciones afectadas por el rйgimen especial de criterio de caja, por los destinatarios de las mismas.

Subvenciones. Se produce la eliminaciуn del lнmite mнnimo excluyente de 3.005,06 euros, para obligar a declarar todas las subvenciones otorgadas por las distintas Administraciones Pъblicas a una misma persona o entidad.

– Para facilitar el control de las operaciones a las que sea de aplicaciуn el rйgimen especial de devoluciуn previsto en el artнculo 119 de la Ley del IVA, en los casos de ausencia de NIF, se deberб consignar, en su caso, el nъmero de identificaciуn fiscal atribuido al empresario o profesional con el que se efectъe la operaciуn por el Estado Miembro de establecimiento.

– Se establece la necesidad de identificar separadamente las operaciones en las que se produzca la aplicaciуn de la inversiуn del sujeto pasivo en el IVA y las que se vinculen al rйgimen de depуsito distinto del aduanero.

– Se determina la sustituciуn de la obligaciуn de presentar el modelo de declaraciуn de operaciones con terceras personas por parte de la Administraciуn General del Estado respecto a las operaciones realizadas con cargo al Presupuesto de gastos del Estado por el procedimiento de Pago directo por el envнo de dicha informaciуn de manera ъnica y centralizada a travйs de la Intervenciуn General de la Administraciуn del Estado.

– Se reduce el бmbito subjetivo de la obligaciуn de informar sobre operaciones incluidas en los libros registro. a partir de 1 de enero de 2014, solo se exige dicha obligaciуn respecto de aquellos sujetos pasivos del IVA o del IGIC que estйn incluidos en el registro de devoluciуn mensual.

Concurso. Se clarifica el rйgimen jurнdico en relaciуn con la determinaciуn de la persona con la que se deben entender las actuaciones administrativas en caso de concurso del obligado tributario.

4. Reglamento de facturaciуn.

– Se incluyen las referencias correspondientes derivadas del nuevo rйgimen especial del criterio de caja

– Se excepciona la no obligaciуn de emitir factura. en los casos de prestaciones de servicios definidas en los artнculos 20 .uno.16.є y 18.є (seguros, operaciones financieras…) de la Ley del IVA, en los casos de operaciones realizadas en el territorio de aplicaciуn del impuesto, Canarias, Ceuta o Melilla por empresarios distintos de entidades aseguradoras y de crйdito.

Entrу en vigor el 27 de octubre de 2013, con alguna excepciуn como la relativa a la regulaciуn del rйgimen especial del criterio de caja. que entrarб en vigor el 1 de enero de 2014. El uso de la vнa electrуnica para realizar las comunicaciones de modificaciуn de base imponible y de recepciуn de facturas rectificativas a realizar a la Administraciуn Tributaria, por el acreedor y destinatario de las operaciones, respectivamente, entrarб en vigor el 1 de enero de 2014.

DESCANSO TRAS GUARDIAS JUDICIALES. Acuerdo de 15 de octubre de 2013, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por el que se modifica el Reglamento 1/2005, de 15 de septiembre. de los aspectos accesorios de las actuaciones judiciales.

La Directiva 2003/88 CE, del Parlamento Europeo y del Consejo. de 4 de noviembre, establece unas pautas relativas a los periodos mнnimos de descanso. de los que deben disfrutar todos los trabajadores de los sectores de actividad pъblico y privado.

El rйgimen de guardias. desarrollado por el Reglamento 1/2005. incide de manera sustancial en el horario durante el cual los jueces y magistrados ejercen la funciones que les son propias, principalmente cuando el rйgimen jurнdico establecido en funciуn del nъmero de уrganos exige la permanencia efectiva en la sede judicial.

Hasta ahora, la posibilidad de que el juez saliente pudiera, al tйrmino de la guardia ordinaria, dejar de asistir al despacho por las circunstancias y condiciones de especial penosidad, sуlo se contemplу para los partidos judiciales con treinta y tres o mбs Juzgados de Instrucciуn.

Con este Acuerdo, se extiende la referida previsiуn a todos los partidos judiciales cuyos Juzgados de Instrucciуn se encuentren separados de los de Primer Instancia. asн como a aquellos otros en los que, sin que exista tal separaciуn, haya mбs de tres Juzgados de Primera Instancia e Instrucciуn, objetivando el reconocimiento del descanso posterior a la guardia dentro de los tres dнas siguientes.

Para el resto de los уrganos judiciales que prestan este servicio de guardia, se concede una compensaciуn horaria. que debe acordar el Presidente del Tribunal Superior de Justicia correspondiente.

Se incluye un cuadro actualizado de las disposiciones reglamentarias vigentes del CGPJ.

FISCALIDAD MEDIOAMBIENTAL Y OTRAS MEDIDAS. Ley 16/2013, de 29 de octubre, por la que se establecen determinadas medidas en materia de fiscalidad medioambiental y se adoptan otras medidas tributarias y financieras.

Esta Ley introduce diversas modificaciones en la normativa tributaria. fundamentalmente en la regulaciуn del Impuesto sobre Sociedades. que inciden, ademбs de en el mencionado tributo, en el бmbito del IRPF, del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, del Impuesto sobre el Patrimonio y de determinados tributos locales.

Aparte de ello, en materia de medio ambiente, se legisla en lнnea con los principios bбsicos que rigen la polнtica fiscal, energйtica y ambiental de la Uniуn Europea, y como continuaciуn a las medidas adoptadas en este бmbito a finales de 2012. mediante esta Ley se regula el Impuesto sobre los gases fluorados de efecto invernadero, como instrumento que actъa sobre las emisiones de hidrocarburos halogenados.

Impuesto sobre Sociedades.

Para evitar la doble deducibilidad de las pйrdidas (suavizado con un rйgimen transitorio):

Se establece la no deducibilidad del deterioro de valor de las participaciones en el capital o fondos propios de entidades.

– Tampoco serбn deducibles las rentas negativas generadas durante el plazo de mantenimiento de establecimientos permanentes ubicados en el extranjero.

Se prorrogan los compromisos de Estabilidad acordados para los ejercicios 2014 y 2015. de una parte de las medidas de carбcter temporal ya incorporadas a travйs del Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo . por el que se introducen diversas medidas tributarias y administrativas dirigidas a la reducciуn del dйficit pъblico, y del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio . de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad:

– la limitaciуn en la compensaciуn de bases imponibles negativas,

– la limitaciуn en la deducibilidad fiscal del fondo de comercio y de los activos intangibles,

– el lнmite de las deducciones para incentivar determinadas actividades, en cada perнodo impositivo.

– la inclusiуn, en la base de los pagos fraccionados que se realicen en los referidos ejercicios, del 25 por ciento de los dividendos y rentas que proceden de la transmisiуn de participaciones que tienen derecho al rйgimen de exenciуn

– para las grandes empresas, el establecimiento de un pago fraccionado mнnimo determinado en funciуn del resultado contable del ejercicio.

– los tipos incrementados correspondientes a los pagos fraccionados.

Se establece la vigencia indefinida de la deducciуn por inversiones en producciones cinematogrбficas y series audiovisuales, y se amplнa la base de esta deducciуn, incluyendo las copias y los gastos de publicidad que corran a cargo del productor.

Se modifica la regulaciуn actual de la bonificaciуn por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla. con la finalidad de equipararla a la existente en el бmbito de las personas fнsicas.

Para los contratos de arrendamiento financiero cuyos perнodos anuales de duraciуn se inicien en los aсos 2012 a 2015, se regula una prуrroga, de la excepciуn prevista en la normativa del Impuesto respecto al carбcter constante o creciente de la parte que se corresponde con recuperaciуn del coste del bien en las cuotas de arrendamiento financiero.

Y se fija un rйgimen fiscal especнfico para la SAREB. con el objeto de equipararla, en la aplicaciуn de determinadas medidas fiscales, con las entidades de crйdito.

IRPF y No residentes. Se introducen diversas modificaciones en sintonнa con otras que se recogen en esta Ley en el бmbito del Impuesto sobre Sociedades, asн como de las que derivan de la regulaciуn que se establece para las denominadas «cuentas уmnibus».

Se hace extensiva al Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana la bonificaciуn potestativa aplicable en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, en el Impuesto sobre Actividades Econуmicas y en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, cuando se desarrollen actividades econуmicas que sean declaradas de especial interйs o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, histуrico artнsticas o de fomento del empleo que justifiquen tal declaraciуn.

Respecto al Impuesto sobre Bienes Inmuebles se modifican los artнculos 68 y 69 de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, relativos a la reducciуn de la base imponible. Y se mantiene el incremento del tipo impositivo para los inmuebles urbanos, establecido en diciembre de 2011.

Tambiйn se modifica el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario para, por un lado, ampliar el plazo para que los Ayuntamientos soliciten la aplicaciуn de los coeficientes de actualizaciуn previstos en el artнculo 32.2 (contribuciones especiales) y, por otro, posibilitar que mediante Orden ministerial se regule el edicto electrуnico en el бmbito catastral.

Tributaciуn medioambiental. Cada vez adquiere mayor importancia como instrumento para favorecer la construcciуn de una economнa sostenible que respete el medio ambiente conforme al artнculo 45 de la Constituciуn y como factor de correcciуn para determinadas externalidades ambientales como las ocasionadas por la emisiуn de gases de efecto invernadero.

La Ley introduce en nuestro ordenamiento el Impuesto sobre los gases fluorados de efecto invernadero. como tributo de naturaleza indirecta que recae sobre el consumo de estos gases y grava, en fase ъnica, la puesta a consumo de los mismos atendiendo al potencial de calentamiento atmosfйrico.

Ademбs, se modifica el Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte. para regular la exenciуn del Impuesto en la primera matriculaciуn o, en su caso, en la circulaciуn o utilizaciуn de las embarcaciones de recreo o de deportes nбuticos destinadas por las empresas exclusivamente a las actividades de alquiler con independencia de la longitud de su eslora.

Tambiйn se regula una franquicia de бmbito nacional, para determinadas operaciones de avituallamiento de buques y aeronaves. en coordinaciуn con otras figuras de la imposiciуn indirecta, lo que permitirб que la normativa espaсola se equipare a la de otros Estados miembros de la Uniуn Europea.

Se modifica el Impuesto sobre la producciуn de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos resultantes de la generaciуn de energнa nucleoelйctrica para clarificar la regulaciуn y la aplicaciуn prбctica de este impuesto. Hay tres disposiciones transitorias que le afectan.

Instituciones de inversiуn colectiva. Se modifica la Ley 35/2003, de 4 de noviembre. de Instituciones de Inversiуn Colectiva, en lo referente a la comercializaciуn en el mercado interior mediante cuentas globales de los fondos de inversiуn constituidos en Espaсa, con la finalidad de implantar un sistema similar al de otros paнses de nuestro entorno.

La modificaciуn supone la sustituciуn del sistema de llevanza del registro ъnico de partнcipes de un fondo de inversiуn por la entidad gestora, por un sistema en el que, cuando se acuerde la comercializaciуn del fondo con un intermediario financiero establecido en Espaсa mediante cuenta global, pueda ser dicho intermediario el encargado de la llevanza del registro de los partнcipes que sean sus clientes.

ASTURIAS. Ley 3/2013, de 28 de junio, de medidas de autoridad del profesorado.

Esta Ley, esta tiene por objeto reconocer la autoridad del profesorado de centros sostenidos con fondos pъblicos en el бmbito del Principado de Asturias, y establecer las condiciones básicas de su ejercicio profesional.

Entre otras medidas se establece que la Administraciуn educativa adoptará las medidas oportunas para garantizar la adecuada protecciуn y asistencia jurнdica de todo el profesorado, asн́ como la cobertura de su responsabilidad civil. en relaciуn con los hechos que se deriven del ejercicio legнtimo de sus funciones o cargos pъblicos.

La Ley se estructura en dos capнtulos, nueve artнculos, una disposiciуn derogatoria y dos disposiciones finales.

Entrу en vigor el 5 de julio de 2013. (GGB)

CASTILLA-LEУN. Ley 7/2013, de 27 de septiembre, de Ordenaciуn, Servicios y Gobierno del Territorio de la Comunidad de Castilla y Leуn.

Esta Ley regula una serie de medidas preventivas, correctivas y coercitivas que pueden llegar a suponer en el caso de las corporaciones locales, la disoluciуn de los уrganos de la Corporaciуn Local incumplidora.

Pretende dotar a las corporaciones locales de un instrumento, las mancomunidades de interйs general . que tratarб de gestionar con eficiencia los recursos municipales a travйs de la generaciуn de economнas de escala.

Destacan como principales medidas adoptadas las siguientes:

– Se establecen los mecanismos para la coordinaciуn interadministrativa y la eficiencia de los servicios autonуmicos, regulando las Comisiones Provinciales de Colaboración de políticas públicas en el territorio.

– El tнtulo cuarto bajo la rъbrica de las mancomunidades de interйs general. contiene en cinco capнtulos la regulaciуn de estas entidades clasificбndolas en rurales o urbanas.

– Se prevй la creaciуn en las Cortes de Castilla y León de una Comisiуn Parlamentaria para la evaluaciуn del cumplimiento e implementaciуn de esta ley.

Entrу en vigor el 21 de octubre de 2013. (GGB)

TASAS JUDICIALES. Recurso de inconstitucionalidad n.є 4948-2013, contra los artнculos 2.e) y 7 de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre. por la que se regulan determinadas tasas en el бmbito de la Administraciуn de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicologнa y Ciencias Forenses en relaciуn con su aplicaciуn al recurso de casaciуn foral aragonйs.

El Pleno del TC ha admitido a trбmite el recurso de inconstitucionalidad promovido por la Diputaciуn General de Aragуn contra los arts. 2.e) y 7 de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre. en relaciуn con su aplicaciуn al recurso de casaciуn foral aragonйs.

El art. 2 e) incluye, dentro del hecho imponible de la tasa, “la interposiciуn de recursos de apelaciуn contra sentencias y de casaciуn en el orden civil y contencioso-administrativo”. El art. 7 determina la cuota tributaria.

TASAS JUDICIALES. Recurso de inconstitucionalidad n.є 4972-2013, contra los artнculos 1; 2 c), e) y f); 4; 5.2 y 3; 6; 7 y disposiciуn final primera de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre. por la que se regulan determinadas tasas en el бmbito de la Administraciуn de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicologнa y Ciencias Forenses.

Se admita a trбmite el recurso de inconstitucionalidad promovido por el Gobierno de Canarias contra los arts. 1 (бmbito de aplicaciуn); 2 c), e) y f) (hecho imponible); 4 (exenciones); 5.2 y 3 (devengo); 6 (base imponible); 7 (cuota) y disposiciуn final primera (modificaciуn de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Pъblicos) de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre.

ARAGУN. Recurso de inconstitucionalidad n.є 4980-2013, contra los artнculos 2.2, 5, 6, 7, 8 y 16 de la Ley de Cortes de Aragуn 3/2013, de 9 de mayo, de uso, protecciуn y promociуn de las lenguas y modalidades lingьнsticas propias de Aragуn.

El Pleno tomу el acuerdo de admitir a trбmite el recurso de inconstitucionalidad promovido por mбs cincuenta Diputados de los Grupos Parlamentarios Socialista; IU, ICV-EUIA, CHA, La Izquierda Plural; Catalбn (Convergиncia i Uniу) y Mixto contra los arts. 2.2 (ademбs del castellano, Aragуn tiene como propias, originales e histуricas las lenguas aragonesas con sus modalidades lingьнsticas de uso predominante en las бreas septentrional y oriental de la Comunidad Autуnoma), 5, 6 (zonas de utilizaciуn), 7, 8 ( Academia Aragonesa de la Lengua) y 16 (relaciones de los ciudadanos con las AAPP) de la Ley de Cortes de Aragуn 3/2013, de 9 de mayo. de uso, protecciуn y promociуn de las lenguas y modalidades lingьнsticas propias de Aragуn.

DEUDORES HIPOTECARIOS. Recurso de inconstitucionalidad n.є 4985-2013, contra la Ley 1/2013, de 14 de mayo. de medidas para reforzar la protecciуn a los deudores hipotecarios, reestructuraciуn de deuda y alquiler social. El recurso admitido a trбmite estб promovido por mбs de cincuenta Diputados del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso de los Diputados, contra la Ley 1/2013, de 14 de mayo. de medidas para reforzar la protecciуn a los deudores hipotecarios, reestructuraciуn de deuda y alquiler social.

VALENCIA. Cuestiуn de inconstitucionalidad n.є 3337-2013, en relaciуn con el artнculo 12 bis de la Ley 13/1997, de 23 de diciembre. de la Generalitat Valenciana, por la que se regula el tramo autonуmico del IRPF y restantes tributos cedidos, modificada por la Ley 10/2006, de 26 de diciembre, por vulneraciуn de los artнculos 14, 31.1 y 139.1 de la CE.

El Pleno del TC ha acordado admitir a trбmite la cuestiуn de inconstitucionalidad planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. en relaciуn con el artнculo 12 bis (bonificaciones en la cuota) de la Ley de la Comunidad Valenciana 13/1997, de 23 de diciembre. por la que se regula el tramo autonуmico del IRPF y restantes tributos cedidos. De conformidad con lo dispuesto en el artнculo 10.1 c) LOTC, el TC se reserva para sн el conocimiento de la presente cuestiуn.

PENSIУN DE VIUDEDAD PAREJA DE HECHO. Cuestiуn de inconstitucionalidad n.є 4367-2013, en relaciуn con el artнculo 174.3, pбrrafo cuarto y quinto de la Ley General de la Seguridad Social por posible vulneraciуn de los artнculos 14, 24.1, 139.1 y 149.1.17Є de la CE.

Son cercanas las n.є 4934-2013 y n.є 4935-2013.

Estas tres cuestiones, admitidas a trбmite, han sido planteadas las tres por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, con sede en Las Palmas, en relaciуn con los pбrrafos cuarto y quinto del art. 174.3 de la Ley General de la Seguridad Social.

PERSONAL LABORAL PЪBLICO. Cuestiуn de inconstitucionalidad n.є 4558-2013, en relaciуn con el artнculo 2 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, en su aplicaciуn al personal laboral del sector pъblico, por posible vulneraciуn del artнculo 9.3 de la Constituciуn.

Son parecidas las n.є 4643-2013, n.є 4894-2013 y n.є 4936-2013, cuestiones planteadas respectivamente por el Juzgado de lo Contencioso-administrativo nъm. 17 de Madrid, la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucнa y la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucнa, con sede en Granada.

Estбn relacionadas con el art. 2 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio. de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, en su aplicaciуn al personal laboral del sector pъblico. El art. 2 cuestionado se refiere a la paga extraordinaria del mes de diciembre de 2012 del personal del sector pъblico.

ANDALUCНA. Cuestiуn de inconstitucionalidad n.є 4759-2013, en relaciуn con el artнculo ъnico, punto 3, del Decreto-ley 3/2012, de 24 de julio, por el que se modifica el Decreto-ley 1/2012, de 19 de junio, de medidas fiscales, administrativas y laborales y en materia de Hacienda Pъblica para el reequilibrio econуmico-financiero de la Junta de Andalucнa y artнculo 2 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, por posible vulneraciуn del artнculo 9.3 de la CE.

El Pleno ha acordado admitir a trбmite la cuestiуn de inconstitucionalidad planteada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucнa, con sede en Mбlaga, en el conflicto colectivo nъm. 9-2013, en relaciуn con el art. ъnico, punto 3, del Decreto-ley 3/2012, de 24 de julio. por el que se modifica el Decreto-ley 1/2012, de 19 de junio. de medidas fiscales, administrativas y laborales y en materia de Hacienda Pъblica para el reequilibrio econуmico-financiero de la Junta de Andalucнa y art. 2 (paga extraordinaria de diciembre de 2012 ) del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio.

Afecta a las retribuciones de los funcionarios, profesorado no universitario, personal del Servicio Andaluz de la Salud y de las Universidades Pъblicas.

LEY DE COSTAS. Recurso de inconstitucionalidad n.є 4906-2013, contra el artнculo primero, apartados 2, 11, 12, 18 y 38, y la disposiciуn transitoria primera de la Ley 2/2013, de 29 de mayo. de protecciуn y uso sostenible del litoral y de modificaciуn de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.

Tambiйn se publican los recursos 5009, 5012 y 5020, todos del 2013.

Estбn promovidos, respectivamente, por el Consejo de Gobierno de Andalucнa, por el Gobierno de Canarias, por mбs de cincuenta Diputados del Grupo Parlamentario Socialista y por el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias.

ALQUILER DE VIVIENDAS. Recurso de inconstitucionalidad n.є 5108-2013, contra la disposiciуn adicional segunda de la Ley 4/2013, de 4 de junio. de medidas de flexibilizaciуn y fomento del mercado del alquiler de viviendas.

El recurso lo presentan mбs de cincuenta Diputados del Grupo Parlamentario Socialista. La D. Ad. 2Є trata sobre el Rйgimen aplicable a las ayudas de los Planes Estatales de Vivienda y Renta Bбsica de Emancipaciуn.

MADRID. Recurso de inconstitucionalidad n.є 5277-2013, contra determinados preceptos de la Ley de la Asamblea de Madrid 3/2013, de 18 de junio, de Patrimonio Histуrico de la Comunidad de Madrid.

El recurso lo presentan mбs de cincuenta Senadores de los Grupos Parlamentarios Socialista y Mixto en el Senado. Ver resumen de la ley en este mismo informe.

PERSONAL LABORAL PЪBLICO. Cuestiуn de inconstitucionalidad n.є 5080-2013, en relaciуn con el artнculo 2 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio. de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, en su aplicaciуn al personal laboral del sector pъblico, por posible vulneraciуn del artнculo 9.3 de la Constituciуn.

La cuestiуn estб planteada por la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional. El artнculo 2 se refiere a la paga extraordinaria del mes de diciembre de 2012 del personal del sector pъblico.

RECURSOS ANTE EL SECRETARIO JUDICIAL. Cuestiуn de inconstitucionalidad n.є 5344-2013, en relaciуn con el artнculo 102 bis, apartado 2, de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicciуn Contencioso-administrativa, en la redacciуn dada al mismo por la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislaciуn procesal para la implantaciуn de la nueva oficina judicial, por posible vulneraciуn del artнculo 24.1 de la Constituciуn.

Estб planteada por la Sala Segunda del mismo Tribunal Constitucional.

El artнculo 102 bis LJCA trata del recurso de reposiciуn ante el Secretario contra las diligencias de ordenaciуn y decretos no definitivos. Su apartado 2 dice:

2. Contra el decreto resolutivo de la reposiciуn no se darб recurso alguno, sin perjuicio de reproducir la cuestiуn al recurrir, si fuere procedente, la resoluciуn definitiva.

Cabrб recurso directo de revisiуn contra los decretos por los que se ponga fin al procedimiento o impidan su continuaciуn. Dicho recurso carecerб de efectos suspensivos sin que, en ningъn caso, proceda actuar en sentido contrario a lo que se hubiese resuelto.

Cabrб interponer igualmente recurso directo de revisiуn contra los decretos en aquellos casos en que expresamente se prevea.

OPOSICIONES A REGISTRADORES. Resoluciуn de 3 de octubre de 2013, de la Direcciуn General de los Registros y del Notariado, por la que se aprueban las listas provisionales de admitidos y excluidos a las oposiciones al Cuerpo de Aspirantes a Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles, convocadas por Resoluciуn de 15 de julio de 2013.

Esta Resoluciуn aprueba las listas provisionales de admitidos –turno ordinario y turno de personas con discapacidad– y de excluidos a la citada oposiciуn. Dichas listas serбn expuestas en la DGRN (calle Bolsa, 8, Madrid), en el Colegio de Registradores (calle Diego de Leуn, 21, Madrid), y serбn insertadas en la pбgina web del Ministerio de Justicia www.mjusticia.gob.es > servicios al ciudadano > empleo pъblico.

Hay 24 personas provisionalmente excluidas que disponen de un plazo de diez dнas hбbiles, contados a partir del 10 de octubre de 2013, para poder subsanar el defecto que haya motivado la exclusiуn u omisiуn. Tambiйn pueden reclamar conforme a la LRJAPyPAC.

Concluido el plazo seсalado, se publicarб la lista definitiva de solicitantes admitidos, en los lugares indicados anteriormente. Verlo, asн como el sorteo y el Tribunal.

Se jubila al notario de Zaragoza, don Fernando Gimeno Lбzaro.

Se dispone la jubilaciуn voluntaria del notario de Bilbao, don Josй Ignacio Uranga Otaegui.

Se dispone la jubilaciуn voluntaria del notario de Marнn, don Josй Jesъs Rodrнguez Yebra.

Se jubila a don Nicolбs Rico Morales, registrador de la propiedad de Santa Fe n.є 2.

Se jubila al notario de Fuenlabrada, don Enrique Amado Solнs.

357. RESOLUCIУN DE COMPRAVENTA. FALTA DE FIRMEZA DE LA RESOLUCIУN JUDICIAL. Resoluciуn de 28 de agosto de 2013, de la Direcciуn General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la calificaciуn de la registradora de la propiedad de Luarca, por la que se suspende la inscripciуn de una resoluciуn de compraventa.

Hechos: Se presenta certificaciуn del testimonio de una sentencia que acuerda la resoluciуn de una compraventa y desestima la cancelaciуn de una hipoteca. No se justificу, en ese momento, que la sentencia fuera firme al haberse interpuesto contra la misma recurso de apelaciуn, y no acreditarse la resoluciуn del recurso.

La registradora suspende la inscripciуn por no acreditarse la firmeza de la resoluciуn judicial.

El interesado recurre alegando que en el recurso ante la Audiencia no se debatнa la resoluciуn de la compraventa, sino otro tema, la posible cancelaciуn de una hipoteca inscrita sobre la finca, por lo que en todo caso, la decisiуn sobre la resoluciуn de la compraventa ha quedado firme. Acompaсу al recurso fotocopia de la sentencia dictada por la Secciуn Sexta de la Audiencia Provincial de Oviedo.

La DGRN rechaza el recurso porque tal extremo se pretende acreditar con una mera fotocopia. que no es un documento autйntico que deberнa de haberse presentado a la registradora en el momento de la calificaciуn. Recuerda que, conforme al artнculo 326 de la Ley Hipotecaria, no pueden tenerse en cuenta en el recurso documentos no presentados al registrador al momento de la calificaciуn.

Recuerda tambiйn el concepto de resoluciуn firme que recoge el artнculo 207 LEC. «aquellas contra las que no cabe recurso alguno bien por no preverlo la Ley, bien porque, estando previsto, ha transcurrido el plazo legalmente fijado sin que ninguna de las partes lo haya presentado».

Y, mientras la sentencia no sea firme. o aun siйndolo, no hayan transcurrido los plazos indicados por йsta Ley para ejercitar la acciуn de rescisiуn de la sentencia dictada en rebeldнa, por imperativo del art. 524 LEC. sуlo procederб la anotaciуn preventiva de las sentencias que dispongan o permitan la inscripciуn o cancelaciуn de asientos en Registros Pъblicos.

En definitiva, considera que es precisa una nueva presentaciуn en el Registro aportando el documento autйntico que contenga la sentencia que determine la firmeza de la misma.

Nota: El Centro Directivo no ha podido hacer uso de un argumento de economнa procedimental y resolver directamente con la documentaciуn presentada en el recurso, pues eran meras fotocopias. Intuyo que podrнa haber sido otra la soluciуn, de haberse presentado en el recurso acreditaciуn autйntica de la firmeza -a pesar de lo que dice literalmente el art. 326 LH-, porque ya lo ha hecho la DG anteriormente, como, por ejemplo, en la R. 21 de mayo de 2012 y R. 22 de mayo de 2012. (JFME)

359. ACREDITACION NOTIFICACION PLUSVALНA. ACUERDO ENTRE CGN Y FEMP. Resoluciуn de 28 de agosto de 2013, de la Direcciуn General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora de la propiedad de Valladolid n.є 6 a inscribir una escritura de adjudicaciуn.

Supuesto: Se plantea si la comunicaciуn realizada por el Notario a la Federaciуn Espaсola de Municipios y Provincias, al amparo del acuerdo entre dicha federaciуn y el Consejo General del Notariado relativo a la gestiуn del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, es suficiente a los efectos de levantar el cierre registral establecido por el art. 254 LH.

Segъn el art. 110 6.b) del TR de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, RDleg 2/2004, de 5 de marzo. estбn igualmente obligados a comunicar al ayuntamiento la realizaciуn del hecho imponible en los mismos plazos que los sujeto s pasivos: … b) En los supuestos contemplados en el pбrrafo b) del artнculo 106, es decir en las transmisiones de terrenos o en la constituciуn o transmisiуn de derechos reales de goce limitativos del dominio a tнtulo oneroso, el adquirente o la persona a cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de que se trate. De ello se deduce que para poder practicar la inscripciуn en el Registro se precisarб la justificaciуn de haber presentado la autoliquidaciуn del impuesto o la declaraciуn del mismo o la comunicaciуn que el adquirente debe hacer al ayuntamiento. aun no siendo sujeto pasivo; comunicaciуn esta que no tiene nada que ver con la obligaciуn de los notarios por el art. 110.7 y que ni excluye ni suple, en ningъn caso, la comunicaciуn a que estб obligado el adquirente y que es la que es apta para abrir el paso a la inscripciуn. Entiende la Direcciуn que en cuanto a la naturaleza del Acuerdo suscrito el dнa 4 de abril de 2013 entre la Federaciуn Espaсola de Municipios y Provincias (FEMP) y el Consejo General del Notariado (CGN) que: la FEMP es, segъn los vigentes estatutos una «Asociaciуn constituida por los Municipios, Islas, Provincias y otros Entes Locales que voluntariamente lo decidan.», por tanto no forma parte de la administraciуn pъblica ni es un organismo vinculado o dependiente de aquella y a la que no existe obligaciуn de pertenencia; como tal es perfectamente lнcito y legнtimo que pueda firmar acuerdos con la administraciуn tributaria pero en ningъn caso suplantarla o sustituirla como receptora de las comunicaciones a aquella dirigida. Por su parte, el CGN es una Corporaciуn de Derecho pъblico, con personalidad jurнdica propia y plena capacidad para firmar acuerdos en el бmbito de sus competencias entre las que sin duda se encuentra la colaboraciуn en la gestiуn tributaria. Por tanto el acuerdo tiene validez entre las partes firmantes pero ninguna de esas partes tiene la condiciуn de administraciуn tributaria. Debe ser la administraciуn tributaria competente –en este caso el Ayuntamiento de Valladolid– la que debe confirmar de alguna manera si efectivamente ha recibido la comunicaciуn para que este hecho pueda ser apreciado por terceros, entre ellos el registrador, que debe comprobar de forma indubitada que tal comunicaciуn ha tenido lugar y acreditбrsele documentalmente. En la escritura se incorpora un documento, aparentemente generado de forma electrуnica pero sin que pueda identificarse la utilizaciуn de certificado de firma alguno, ni cуdigo electrуnico de verificaciуn que permita su comprobaciуn, en el que encabezado con las imбgenes corporativas de la FEMP y del Consejo General del Notariado y la expresiуn «Justificante de comunicaciуn» se hace constar: que «A las 17:54 del dнa 19/04/2013, se ha comunicado la firma de la escritura nъmero 668 de 2013 autorizada por don/doсa Josй Marнa Cano Calvo el 19/04/2013 al Ayuntamiento de Valladolid y se ha puesto a su disposiciуn una copia electrуnica de la escritura. La comunicaciуn al ayuntamiento se realiza para dar cumplimiento al pбrrafo 5 del artнculo 254 de la ley hipotecaria, aсadido por la Ley 16/2012, de 27 de diciembre de 2012, publicada· en el «B.O.E.» nъmero 312 del viernes 28 de diciembre de 2012 ». Pero el organismo municipal competente al que debe remitir la comunicaciуn el transmitente –o el notario, si fuera requerido para ello–- es el Ayuntamiento de Valladolid; y el justificante de dicha comunicaciуn debe igualmente ser del «Organismo de recaudaciуn competente» del Ayuntamiento de Valladolid. En ningъn caso el justificante puede ser emitido exclusivamente por la FEMP como asociaciуn, ya que no es administraciуn tributaria competente, salvo que viniera acompaсado o complementado con el justificante de recepciуn emitido efectivamente por el ayuntamiento correspondiente. Tal justificante puede ser un acuse de recibo electrуnico, acuse tйcnico, justificante electrуnico de registro u otro documento electrуnico similar pero siempre y cuando permita averiguar su procedencia mediante comprobaciуn en lнnea, o pueda el Notario dar fe de la misma. Pero el justificante insertado en la escritura no tiene ninguna de aquellas caracterнsticas y no permite acreditar que se haya cumplido la exigencia del art. 254 LH a los efectos de poder levantar el cierre registral y permitir la inscripciуn del documento. (MN)

360. EXCESO DE CABIDA EN FINCA PROCEDENTE DE SEGREGACIУN. Resoluciуn de 28 de agosto de 2013, de la Direcciуn General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificaciуn extendida por el registrador de la propiedad de Monуvar, por la que se suspende la inscripciуn de un exceso de superficie y con ello la actualizaciуn de linderos de finca.

Supuesto. Se pretende la inscripciуn de un exceso de cabida y el Registrador alega duda sobre la identidad de la finca ya que procede de segregaciуn de otra, segregaciуn donde fue acotada su superficie y que se autorizу con la oportuna licencia municipal.

La Direcciуn confirma la nota y reitera su tradicional doctrina segъn la cual:

a) la registraciуn de un exceso de cabida «stricto sensu» consiste en la rectificaciуn de un errуneo dato registral referido a la descripciуn de finca inmatriculada, de modo que ha de ser indubitado que la superficie que ahora se pretende constatar tabularmente es la que debiу reflejarse en su dнa por ser la realmente contenida en los linderos originariamente registrados;

b) en otro caso se tratarнa de un intento de aplicar el folio de la finca una nueva realidad fнsica que englobarнa la originaria finca registral y una superficie colindante adicional, que deberнa ser objeto de inmatriculaciуn de esa superficie colindante y su posterior agrupaciуn a la finca registral preexistente;

c) que para la registraciуn del exceso de cabida es preciso que no existan dudas sobre la identidad de la finca (art. 298, inciso ъltimo, RH ); y, d) las dudas sobre la identidad de la finca deben estar justificadas.

En este caso al tratarse de una finca formada por segregaciуn y que se estima que debe tener una cabida necesariamente determinada, el registrador debe producirse con suma cautela como asн se deduce del art. 298.3 RH al declarar: En todos los casos serб indispensable que no tenga el Registrador dudas fundadas sobre la identidad de la finca, tales como aparecer inscrito con anterioridad otro exceso de cabida sobre la misma finca o tratarse de finca formada por segregaciуn, divisiуn o agrupaciуn en la que se haya expresado con exactitud su superficie. No obstante la duda debe estar fundamentada en un criterio objetivo y razonado, y asн ocurre en este caso donde el registrador la fundamenta en el hecho de que la autorizaciуn para segregar se concediу para una superficie concreta que fue la de la inscripciуn primera de la finca, por lo que es razonable suponer que el exceso de cabida corresponde a una porciуn de terreno que no es la inicialmente inscrita y para cuyo acceso al Registro serб necesaria su previa inmatriculaciуn y posterior agrupaciуn a la finca ya registrada. (MN)

361. EXPEDICIУN DE CERTIFICACIУN Y NOTA MARGINAL FIGURANDO INSCRITA LA HIPOTECA A FAVOR DE ENTIDAD CAUSAHABIENTE POR SUCESION UNIVERSAL. Resoluciуn de 28 de agosto de 2013, de la Direcciуn General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificaciуn extendida por el registrador de la propiedad de Santander n.є 4, por la que se deniega la expediciуn de una certificaciуn.

Reitera lo ya seсalado por la R. 8 de Julio de 2013. la cual, tras analizar la trascendencia de la expediciуn de la certificaciуn de cargas en la ejecuciуn directa judicial, concluye que todavнa no conlleva cambio en la titularidad de la hipoteca o de la finca como consecuencia de la ejecuciуn, por lo que el hecho de que sea solicitada por el causahabiente del titular registral no debe impedir que se expida la certificaciуn, sin perjuicio de que el registrador advierta de esta circunstancia en la certificaciуn al expedirla, con la finalidad de que el solicitante conozca la necesidad de practicar la inscripciуn a su nombre, previa o simultбneamente, a la inscripciуn del decreto de adjudicaciуn. (JCC)

*362. RENUNCIA ABDICATIVA DE DOMINIO SOBRE UN PISO. Resoluciуn de 30 de agosto de 2013, de la Direcciуn General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad de Granada n.є 6 a inscribir una escritura de renuncia abdicativa de dominio.

Hechos. Se otorga una escritura de renuncia abdicativa del dominio de una finca que forma parte de una propiedad horizontal, es decir la sociedad titular renuncia a su derecho de propiedad sobre dicha finca de forma pura y simple. Posteriormente es complementada esta renuncia con una comunicaciуn fehaciente de la misma al уrgano competente del Estado.

El registrador deniega la inscripciуn por cuanto considera que no es inscribible dicha renuncia ya que puede perjudicar a terceros (la Comunidad de Propietarios), y porque la finca registral quedarнa sin titularidad, lo cual no le parece posible en nuestro sistema registral.

El notario autorizante recurre alegando que SН es posible la inscripciуn de la renuncia abdicativa, y cita determinadas normas y jurisprudencia registral, aunque no se inscriba a favor del Estado, algo que nadie ha pedido, y aсade que el registrador no concreta los posibles perjuicios a terceros, siendo en todo caso una cuestiуn de apreciaciуn que queda bajo la competencia de los tribunales. Ademбs, la propia finca responde del hipotйtico impago de los gastos de comunidad futuros.

La DGRN confirma el primer defecto (perjuicio a terceros) pero considerando, en base a diversos razonamientos y jurisprudencia, que en este caso (al haber un objeto compartido en propiedad horizontal) son de aplicaciуn los artнculos 1705 y 1706 CC relativos a las sociedades civiles, por lo que hay que comunicar la renuncia a los restantes copropietarios, que serнan los beneficiarios de la renuncia y a los que no considera terceros), haciйndoles saber la puesta a su disposiciуn de la cosa abandonada (declaraciуn recepticia). Ademбs exige que todos los copropietarios restantes de la propiedad horizontal presten su consentimiento en escritura de forma anбloga a lo que ocurre con los socios colectivos y regula el artнculo 239.2 del Reglamento del Registro Mercantil.

En cuanto al segundo defecto (imposibilidad de falta de titularidad en una finca registral) la DGRN lo revoca pues, sin entrar en el fondo del defecto, entiende que no queda vacante ya que en este caso la propiedad acrece a los restantes copropietarios de la propiedad horizontal en proporciуn a sus cuotas.

Comentario.- La teorнa expuesta en la presente resoluciуn de que la renuncia abdicativa de una finca en propiedad horizontal conlleva un derecho de acrecimiento a los restantes copropietarios (y por ello no se transmite al Estado) y de que son de aplicaciуn las reglas de la sociedad civil, incluso de la sociedad colectiva, como si los copropietarios fueran socios en las ganancias y en las pйrdidas, a pesar de la profusa argumentaciуn de la DGRN, resulta muy forzada en relaciуn con la normativa vigente, pues no hay ningъn бnimo societario en la propiedad horizontal y ademбs la norma es clara: en caso de renuncia la propiedad pasa por ministerio de la ley al Estado.

El posible perjuicio para terceros es algo que escapa al juicio notarial y calificaciуn registral, y ademбs el fraude o perjuicio no puede presumirse.

El debate, en el que no entra la DGRN, es si, admitida la validez de la renuncia y el derecho del renunciante a renunciar (lo que nadie discute), para su inscripciуn es necesaria resoluciуn expresa o no del Estado, y si, en caso de ser necesaria, en el нnterin puede inscribirse la renuncia, publicando el Registro o bien una propiedad vacante (ninguna norma lo prohнbe), o bien una propiedad a favor del Estado (que es el dueсo por ministerio de la Ley) pero haciendo constar la falta de resoluciуn expresa, a los efectos que procedan. Hay que considerar tambiйn que el renunciante tiene derecho, en todo caso, a no figurar mбs como propietario en el Registro, al haber dejado de serlo civilmente por su renuncia, sin perjuicio de que quien se sienta perjudicado pueda impugnarla.

Serнa interesante saber cuбl serб la posiciуn de la DGRN cuando el objeto de la renuncia no sea una finca en propiedad horizontal (ver art. 17 Ley. Patr. Estado ). (AFS)

363. EXCESO DE CABIDA EN FINCA COLINDANTE CON MONTE. DUDAS DE IDENTIDAD. Resoluciуn de 30 de agosto de 2013, de la Direcciуn General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificaciуn extendida por el registrador de la propiedad de Monуvar, por la que se suspende la inscripciуn de un exceso de cabida en una finca rustica procedente de agrupaciуn.

En la inscripciуn de un exceso de cabida el Registrador alegу dos defectos. dudas en cuanto a la identidad de la finca ya que estб catastrada a nombre de persona distinta del titular ; y no aportaciуn del informe de la autoridad titular del monte. ex art 22 de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, al tratarse la finca en cuestiуn de un enclave dentro de monte catalogado de utilidad pъblica cuyo titular es el Ayuntamiento de Pinoso, ya que el informe que se incorpora es del уrgano forestal de la comunidad autуnoma y no del Ayuntamiento.

Respecto al primer defecto se confirma por cuanto la dicciуn literal del art. 298.3 RH no deja lugar a dudas sobre la necesidad de que la finca se encuentre catastrada a favor del titular inscrito o del adquirente, y aunque se presenta un acuerdo de alteraciуn de la titularidad se rechaza por tratarse de documentos no presentados en tiempo y forma conforme al art. 326 LH. ya que el registrador no pudo examinarlos al emitir la calificaciуn recurrida.

Respecto al segundo. entiende: en primer lugar que el monte es demanial al estar catalogado de conformidad con el art. 12 de la Ley de Montes. (artнculo que tiene carбcter bбsico segъn la habilitaciуn competencial de la Disp. Final 2Є ); sin embargo, aunque el art. 22 parece exigir ademбs del informe aportado el informe del titular – apartados 1 y 3 -, dicho art, se dicta al amparo del 149.1.8 CE es decir sin perjuicio de la conservaciуn, modificaciуn y desarrollo por las comunidades autуnomas de los derechos civiles, forales o especiales, allн donde existan.

Y en este sentido el art. 24 del Decreto 98/1995, de 16 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 3/1993, de 9 de diciembre, Forestal de la Comunidad Valenciana, dispone que «1. Los documentos para la inmatriculaciуn de fincas colindantes o enclavadas en terrenos forestales de propiedad pъblica catalogados habrбn de hacer constar esta circunstancia y se acompaсarбn de un certificado, expedido por la administraciуn forestal, de que no forman parte de dichos terrenos. 2. De manera anбloga se procederб cuando los terrenos forestales con los que colinden o en los montes en los que estйn enclavadas las fincas inmatriculadas, sean de propiedad pъblica no catalogados, pero el certificado serб expedido por el Ayuntamiento en cuyo бmbito territorial estйn ubicados aquйllos »; el art. 35 establece que las competencias que se derivan de la Ley Forestal serбn ejercidas por el уrgano de la Generalitat Valenciana que las tenga atribuidas, correspondiendo a las corporaciones locales la administraciуn, gestiуn y disposiciуn del aprovechamiento de sus montes catalogados conforme al art. 44; y el art. 46 prevй la posibilidad de delegaciуn de competencias a favor de los Ayuntamientos.

Aplicando dicha legislaciуn y teniendo en cuenta que el monte donde estб enclavada la finca figura en el Catбlogo de Montes de Utilidad Pъblica de la provincia de Alicante de la Comunidad Valenciana, que es competente la Consejerнa de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente de la Generalidad, y de la ausencia de acreditaciуn de delegaciуn de competencias, parece claro que basta el certificado forestal a que hace referencia el art. 24 antes transcrito y que consta incorporado a la escritura. (MN)

364. PROCEDIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE EJECUCIУN HIPOTECARIA. REQUERIMIENTO AL DEUDOR Y OTRAS CUESTIONES. Resoluciуn de 30 de agosto de 2013, de la Direcciуn General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificaciуn extendida por la registradora de la propiedad de Burjassot, por la que se suspende la inscripciуn de una escritura de adjudicaciуn en ejercicio de derecho real de hipoteca.

Hechos: Se otorga una escritura de venta extrajudicial de finca hipotecada de dos cуnyuges deudores, dimanante de un procedimiento de venta extrajudicial tramitado ante notario. Hay acreedores posteriores y una hipoteca anterior. Ante los defectos seсalados en la primera calificaciуn se practican diligencias complementarias.

Una primera cuestiуn que se plantea es que el requerimiento notarial de pago a los deudores fue practicado en el despacho notarial compareciendo voluntariamente la esposa. que recogiу la cйdula para hacйrsela llegar a su esposo deudor, lo cual no consta que ocurriera. Se complementa dicha actuaciуn notarial con un nuevo requerimiento en el domicilio de los deudores, practicado despuйs de la subasta y venta extrajudicial, mediante entrega de la cйdula a la esposa, que recoge igualmente la de su marido.

Una segunda cuestiуn es que la cantidad reclamada por intereses ordinarios excede de los garantizados con hipoteca. Posteriormente, una vez realizada la venta, se rectifica dicha cantidad, ajustбndola dentro de los lнmites de cobertura hipotecaria, y se modifica tambiйn la cantidad reclamada por costas y gastos, en los que ahora se incluyen gastos de asesoramiento de abogado, aunque se quita una comisiуn por impago. Para ello se emite un nuevo certificado de cantidades reclamadas (que suma el mismo importe total) que se notifica a los interesados.

Una tercera cuestiуn es que el sobrante. que no lo hay segъn el acreedor, pero sн segъn resulta del punto anterior, no se ha puesto a disposiciуn de los acreedores posteriores.

La registradora considera que el requerimiento al marido deudor ha sido indebidamente practicado por no haberse hecho en el domicilio para notificaciones y que el segundo requerimiento es intempestivo. En cuanto a la segunda cuestiуn, considera que hay errores en el certificado de liquidaciуn, que no es posible reclamar mбs que hasta el lнmite de los intereses garantizados, que no es posible incluir los gastos de abogado en el procedimiento de ejecuciуn ante notario y que tampoco se puede subsanar ahora, de forma intempestiva. En cuanto a la tercera, considera que sн hay sobrante y que debiу de ponerse a disposiciуn de los acreedores posteriores.

El acreedor recurrente alega, con una interpretaciуn finalista, que no se ha producido ninguna indefensiуn del deudor pues la persona que ha recogido la cйdula es su cуnyuge, que es una de las personas prevista en el RH para recoger notificaciones.

En cuanto al segundo defecto, que la registradora no puede calificar ni el certificado de liquidaciуn, ni los gastos que se incluyen en el concepto de costas y gastos, ya que ello incumbe al acreedor.

Finalmente aсade que no hay sobrante por cuanto existe una carga anterior, una hipoteca, en la que se ha subrogado el acreedor rematante y de la que estб pagando sus cuotas, por lo que del precio del remate hay que descontar dicha carga.

La DGRN confirma la calificaciуn. En cuanto al primer defecto alega que al no haberse practicado el requerimiento inicial en el domicilio seсalado para notificaciones sуlo cabe la notificaciуn personal a los deudores y sуlo consta el practicado a la esposa, no constando la entrega de la notificaciуn por йsta al otro deudor, su esposo. La segunda notificaciуn es intempestiva y no subsana el defecto inicial.

En cuanto al segundo defecto, que la ejecuciуn hipotecaria lo es por cada concepto, y que los intereses reclamados exceden de los garantizados. por lo que no es posible subsanar el defecto de forma intempestiva y sуlo es posible subsanar este defecto con retroacciуn de las actuaciones al momento adecuado. Igual ocurre con el concepto de costas y gastos.

En relaciуn a las costas y gastos precisa que sуlo es posible incluir en la reclamaciуn por costas y gastos los honorarios notariales y los derivados del procedimiento de ejecuciуn. Aсade que la registradora puede calificar la intempestividad de la nueva certificaciуn y que ello no supone poner en duda su contenido.

En cuanto al tercer defecto confirma tambiйn que la registradora puede calificar lo relativo a la consignaciуn del sobrante conforme al artнculo 132 LH. Igualmente seсala que es al postor a quien corresponde valorar, en orden a considerar el precio a ofrecer para el remate, la existencia de la carga previa, pero una vez ofrecido un precio el rematante no puede descontar el importe de la carga para calcular el sobrante y la cantidad a consignar. (AFS)

365. INSCRIPCIУN DE FINCA A FAVOR DE LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS. Resoluciуn de 2 de septiembre de 2013, de la Direcciуn General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora de la propiedad de Calpe a inscribir una escritura de compraventa.

Supuesto: Se presenta una escritura pъblica de compraventa en la que una sociedad mercantil, titular registral del pleno dominio de un elemento privativo integrado en una comunidad en rйgimen de propiedad horizontal, lo vende a la comunidad de propietarios del edificio en que se ubica dicha finca

Y se debate si cabe la inscripciуn de una finca a favor de una comunidad en rйgimen de propiedad horizontal.

El registrador seсala el defecto de la falta de personalidad jurнdica en la comunidad adquirente mientras que el recurrente alega la capacidad suficiente de la comunidad para inscribir a su favor el bien, a pesar de reconocer su falta de personalidad jurнdica.

La DGRN desestima el recurso diciendo que “segъn declarу la Resoluciуn de 15 de junio de 1973, no se ha llegado a atribuir personalidad jurнdica independiente a la comunidad de propiedad horizontal, distinta de la de los miembros que la integran” … y que “concluнa la R. 3 de julio de 2013 (3Є) su argumentaciуn con el corolario de que «la Comunidad de Propietarios carece de personalidad jurнdica y por tanto no puede ostentar la titularidad registral de un bien, segъn prescribe el artнculo 13 de la Ley de Propiedad Horizontal ” (…) “Que se reconozcan ciertas facultades de carбcter procesal u otras no significa que tenga personalidad jurнdica y por lo tanto que pueda ser titular de un derecho de propiedad.”(JDR)

366. INMATRICULACIУN. PETICIУN DE DOCUMENTACIУN PREVIA A LOS DOS TНTULOS PЪBLICOS. Resoluciуn de 2 de septiembre de 2013, de la Direcciуn General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificaciуn extendida por el registrador de la propiedad de Mojбcar, por la que se suspende la inscripciуn de una escritura de manifestaciуn y adjudicaciуn de herencia.

Hechos: Se pretende la inmatriculaciуn de una finca existiendo dos tнtulos pъblicos, que se presentan, junto con el certificado catastral.

El registrador exige que se le aporte un documento privado, que es el tнtulo previo del primer documento pъblico, para realizar una adecuada bъsqueda e investigaciуn de titularidades en su Registro.

El notario recurre y alega que para denegar la inmatriculaciуn el registrador tiene que tener dudas fundadas de la identidad de la finca y en este caso el registrador nada dice sobre ello.

La DGRN revoca el defecto, tal y como ha sido planteado, seсalando que la legislaciуn no impone al particular la obligaciуn de presentar los tнtulos previos mбs allб del primer tнtulo pъblico, sin perjuicio de la obligaciуn del registrador de bъsqueda e investigaciуn para evitar dobles inmatriculaciones. (AFS)

367. CANCELACIУN DE ANOTACIУN DE CONCURSO Y OTRAS ANOTACIONES DE EMBARGO. Resoluciуn de 2 de septiembre de 2013, de la Direcciуn General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificaciуn extendida por el registrador de la propiedad de Parla n.є 2, por la que se suspende la cancelaciуn la declaraciуn de concurso y de una serie de anotaciones preventivas de embargo ordenada por mandamiento del juez de lo mercantil.

Supuesto: La ъnica cuestiуn planteada en este recurso es si tras la venta directa de un bien del concursado, abierta la fase de liquidaciуn, es preciso para la cancelaciуn de dos anotaciones de embargo que pesan sobre el mismo acreditar dos extremos que exige el registrador:

-1.- Que no se trata de crйditos que gozan de privilegio especial.

-2.- Que el titular registral de las anotaciones ha sido parte en el procedimiento concursal, conoce que se va a proceder a la venta directa del bien y no ha manifestado la oposiciуn al mismo.

En cuanto al primer defecto, la DGRN lo revoca diciendo que “En el caso de este expediente, se pretende la cancelaciуn de dos anotaciones de embargo a favor de un banco tras la venta de un bien de la masa activa del concurso. No se trata de acreedores que pueden seguir ejecuciуn singular o aislada y tampoco se trata de crйditos que gocen de privilegio especial con arreglo al artнculo 90 de la Ley, lo que conduce a la estimaciуn del recurso en relaciуn con la primera de las dos partes en que se descompone el defecto recurrido (falta de constancia del carбcter no privilegiado del crйdito garantizado con la anotaciуn que se pretende cancelar).

Y en cuanto al segundo, sн lo confirma diciendo que no cabe duda alguna “de que esta actuaciуn de notificaciуn a los titulares de los embargos que se pretende cancelar es uno de los trбmites de obligada calificaciуn por parte del registrador (cfr. artнculo 100 del Reglamento Hipotecario ), ni de que del mandamiento calificado no resulta constancia alguna de que el acreedor titular de las reiteradas anotaciones preventivas haya sido notificado para que pueda alegar en contrario o recurrir la decisiуn de cancelaciуn, aunque el recurrente manifiesta, sin acreditarlo, que sн ha existido. Por tanto, en tales circunstancias no puede estimarse el recurso interpuesto en este segundo extremo, sin perjuicio de que el defecto podrб ser subsanado fбcilmente acreditando en debida forma la notificaciуn al Banco Popular del trбmite indicado.”(JDR)

368.- EJERCICIO DE OPCIУN DE COMPRA. CANCELACIУN DE EMBARGO POSTERIOR SIN CONSIGNACIУN. Resoluciуn de 5 de septiembre de 2013, de la Direcciуn General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificaciуn extendida por el registrador de la propiedad de Madrid 15, por la que se deniega la cancelaciуn de una anotaciуn preventiva solicitada en una instancia privada.

Hechos. Formalizada una opciуn de compra, la mercantil optante, cede el derecho de opciуn que ostentaba sobre una finca, a favor de otra mercantil, y en ese mismo acto, el propietario de la finca (concedente de la opciуn) y la cesionaria del derecho de opciуn, formalizan la venta y transmisiуn de la finca. En cuanto al precio de venta se satisface, en parte con la prima de opciуn pagada en la constituciуn y en cuanto al resto con el pago de la deuda total de un prйstamo hipotecario que gravaba la finca vendida. establecida en garantнa de determinadas cambiales, ya vencidas, que no constan haber sido impagadas y por un principal inferior al importe en que se subroga el adquirente.

A todo esto, la finca vendida estaba gravada con una anotaciуn preventiva de embargo, posterior a la inscripciуn de la opciуn, pero anterior al ejercicio de la misma. sin que se haya producido consignaciуn alguna del precio.

La cuestiуn planteada es la de si con el ejercicio de la opciуn y mediante instancia privada, se puede cancelar la anotaciуn preventiva.

Registrador: Rechaza la cancelaciуn de la anotaciуn, principalmente, porque no se acredita la consignaciуn de cantidad alguna a disposiciуn del acreedor embargante, cuando ademбs resulta que el importe del principal de la hipoteca es inferior al satisfecho, sin que se justifique que el deudor haya incurrido en mora, ni haya cantidades debidas por costas y gastos. cuando en el Registro no consta que la hipoteca se encuentre en ejecuciуn, a pesar de estar las letras vencidas.

Direcciуn General. No acepta el recurso por los argumentos que se dirб:

Parte del principio general de que cuando se ejercita un derecho de opciуn, se puede solicitar la cancelaciуn de las cargas que han llegado al Registro con posterioridad a la misma (art 79.2 LH ), aunque para ello es necesario el depуsito del precio pagado a disposiciуn de los titulares de cargas posteriores. Sin embargo no procede la consignaciуn de cantidad alguna cuando el precio se paga en base a determinadas deducciones (Rs 11 junio de 2002 ), en especial el pago de la prima de la opciуn o el pago de cargas anteriores a la opciуn, asumidas o satisfechas por el optante (R. 4 de septiembre de 2009 ). Sin embargo en este caso no se dan las circunstancias de la R. 18 de mayo de 2011. y por tanto se rechaza el recurso, por estos argumentos:

a) quien ejerce el derecho de opciуn de compra es causahabiente del titular de la opciуn. que comprу en escritura estando ya anotado el embargo sobre la finca;

b) el ejercicio de la opciуn se realiza igualmente con posterioridad a la anotaciуn del embargo, aunque la soluciуn hubiera sido distinta si la compraventa se hubiera formalizado antes de la anotaciуn de embargo.

c) la subrogaciуn se produce en una obligaciуn vencida, de la que no consta registralmente su ejecuciуn, por cantidad superior a la responsabilidad hipotecaria por principal. Y es que para que no sea precisa la consignaciуn del precio es necesario que las cantidades satisfechas por dichos conceptos no sean superiores a las coberturas hipotecarias (en este supuesto no se acreditan las cantidades devengadas por costas y gastos, al no constar registralmente la ejecuciуn de la hipoteca. (JLN).

369. CANCELACIУN DE POSIBLE REVERSIУN POR TRANSCURSO DEL PLAZO DE EJERCICIO. COTEJO DE DOCUMENTOS. Resoluciуn de 5 de septiembre de 2013, de la Direcciуn General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificaciуn extendida por el registrador de la propiedad de Sevilla n.є 2, por la que se suspende la inscripciуn de una escritura de protocolizaciуn de particiуn hereditaria en cuanto la cancelaciуn de una condiciуn resolutoria.

Supuesto de hecho. Se trata de una escritura de herencia en la que uno de los bienes adjudicados es un piso integrado en uno de los bloques de una barriada de viviendas sociales del aсo 1957. Para la construcciуn de las 5000 viviendas el Ayuntamiento cediу en su dнa los terrenos al Instituto Nacional de la Vivienda estableciendo su reversiуn si no se realiza o cumple el fin a que se destina.

Ahora el adjudicatario de la vivienda solicita la cancelaciуn de tal carga existente sobre su vivienda alegando el transcurso del plazo conforme al artнculo 82 pбrrafo quinto de la Ley Hipotecaria, relativo a la cancelaciуn por caducidad de las condiciones resolutorias.

Direcciуn General Registros y Notariado: Tras referirse a los requisitos que deben cumplirse para interponer el recurso gubernativo, concretamente la presentaciуn del documento calificado, bien original o testimonio, contesta negativamente a la posibilidad de aplicar al supuesto estudiado el pбrrafo quinto del artнculo 82 LH por las consideraciones que ahora se verбn en el comentario.

I. їEs posible aplicar al caso el pбrrafo quinto del artнculo 82 Ley Hipotecaria. NO.

-1. No cabe aplicar el artнculo 82 pбrrafo quinto LH porque se refiere exclusivamente a la cancelaciуn de hipotecas y condiciones resolutorias establecidas en garantнa del precio aplazado (art. 11 LH), mientras que en el supuesto debatido no hay garantнa de precio aplazado alguno.

Por ello es irrelevante a los efectos del pбrrafo quinto alegado que se califique la clбusula debatida como reversiуn, donaciуn modal o condiciуn resolutoria.

-2. Tampoco cabe aplicar el pбrrafo segundo del mismo artнculo 82 en ninguno de sus dos incisos.

a) Inciso primero: extinciуn por declaraciуn de la Ley. La aplicaciуn de esta posibilidad supondrнa alegar la prescripciуn de la reversiуn establecida, lo que no cabe porque la prescripciуn no puede ser apreciada sino por vнa judicial, ya que a diferencia de la caducidad que opera ipso iure, en la prescripciуn pueden existir supuestos de interrupciуn de la misma que escapen a la calificaciуn registral por no tener reflejo en el Registro.

b) Inciso segundo: supuesto de cancelaciуn automбtica. No cabe en este caso porque para aplicar este inciso segundo es necesario que la causa de extinciуn resulte del mismo tнtulo en cuya virtud se practicу la inscripciуn, mientras que en la donaciуn del Ayuntamiento no se pactу plazo alguno para el ejercicio de la reversiуn o resoluciуn de la cesiуn, por lo tanto, la ausencia de una clбusula que contuviese esta limitaciуn temporal de la facultad resolutoria que habrнa determinado que del propio Registro se desprendiese, una vez transcurrido el tiempo pactado, la extinciуn del derecho inscrito, impide que sean de aplicaciуn las normas relativas a la caducidad de los asientos como consecuencia de la limitaciуn convencional del plazo para el ejercicio de las correspondientes acciones (artнculo 82.2, in fine, de la Ley Hipotecaria y177 de su Reglamento).

Conclusiуn. la cancelaciуn solicitada puede practicarse bien con el consentimiento del titular registral del derecho de reversiуn, bien por resoluciуn judicial.

II. їA los efectos del artнculo 327 LH, cabe presentar para el recurso gubernativo fotocopia del tнtulo publico calificado compulsada por el encargado de la administraciуn receptora, en este caso la delegaciуn del Ministerio de Justicia. SI.

-1. Normativa sobre la compulsa de documentos.

a) Artнculos 35.c) y 38.5 de la Ley 30/1992. de 26 de noviembre, de Rйgimen Jurнdico de las Administraciones Pъblicas y del Procedimiento Administrativo Comъn.

b) Artнculo 8 del Real Decreto 772/1999, de 9 de mayo ,(modificado por el Real Decreto 136/2010, de 12 de febrero), por el que se regula la presentaciуn de solicitudes, escritos y comunicaciones ante la Administraciуn General del Estado que dispone: «1. Cuando las normas reguladoras de un procedimiento o actividad administrativa requieran la aportaciуn de copias compulsadas o cotejadas de documentos originales, el ciudadano podrб ejercer su derecho a la inmediata devoluciуn de estos ъltimos por las oficinas de registro en las que se presente la solicitud, escrito o comunicaciуn a la que deba acompaсar la copia compulsada, con independencia del уrgano, entidad o Administraciуn destinataria».

-2. Concepto de documento compulsado. El documento compulsado es una copia que ha sido cotejada con el documento original por un funcionario pъblico encargado de recibir documentos, concretamente los funcionarios encargados del registro de documentos, sin que artнculo 8 del Real Decreto 772/1999 designe cargo alguno en concreto.

-3. Efectos. La copia compulsada: tendrб la misma validez que el original en el procedimiento concreto de que se trate, sin que en ningъn caso acredite la autenticidad del documento original (Art. 8 RD 772/1999, de 9 de mayo).

-4. Requisitos (Art.8.2 RD 772/1999).

El sello o acreditaciуn de compulsa expresarб la fecha en que se practicу asн como la identificaciуn del уrgano y de la persona que expiden la copia compulsada.

їEs suficiente con que en el sello conste «El encargado del Registro» y sigue una firma ilegible? NO. Deberнa estar identificada la persona que expide la copia con su nombre y apellidos del funcionario porque ademбs asн tambiйn lo exige el artнculo 35.b) de la Ley de Rйgimen Jurнdico y Procedimiento Administrativo Comъn cuando enumera, entre los derechos de los ciudadanos en sus relaciones con las Administraciones Pъblicas, el de identificar a las autoridades y al personal al servicio de las Administraciones Pъblicas bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos.

No obstante, tal defecto de la Administraciуn no debe perjudicar al ciudadano que solicita la compulsa.

Conclusiуn: Por lo tanto, las copias compulsadas… cumplen los requisitos del artнculo 327 de la Ley Hipotecaria. (JAR)

371. INMATRICULACIУN. IDENTIDAD EN LA DESCRIPCIУN DE LA FINCA. DUDAS DE IDENTIDAD. DACIУN EN PAGO Y PACTO COMISORIO. Resoluciуn de 5 de septiembre de 2013, de la Direcciуn General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificaciуn extendida por la registradora de la propiedad de Manilva, por la que se suspende la inscripciуn de una escritura de daciуn en pago.

En esta Resoluciуn se tratan dos materias muy diferentes: inmatriculaciуn y un posible pacto comisorio.

– El tнtulo previo es una escritura de compra de 2005 donde se dice que la finca mide 3688 metros, pero que, segъn reciente mediciуn, son 4889,32.

– Sin embargo en el tнtulo inmatriculador, escritura de daciуn en pago de 2009, se describe la finca con 5287 metros, de modo totalmente coincidente con la certificaciуn catastral que se incorpora. Respecto al tнtulo previo, aparte de la diferencia de metros, cambia un lindero.

– En 2012 hay una rectificaciуn catastral, reduciйndose la superficie a 4889,32 metros, es decir, la del tнtulo previo.

La registradora objeta la necesidad de identidad de la descripciуn de la finca en el tнtulo inmatriculador y en su previo, y el tener dudas acerca de si la finca consta o no previamente inmatriculada.

La interesada recurre alegando la identidad descriptiva con el Catastro y que la registradora no puede fundar sus dudas en otros tнtulos anteriores al traslativo previo e inmatriculador.

La DGRN confirma el defecto de falta de coincidencia entre el tнtulo inmatriculador y tнtulo previorespecto a la descripciуn. Debe de haber entre ambos similitudes suficientes para que no haya dudas sobre la identidad de la finca cuyo acceso al registro se pretende. Al existir esas dudas, no puede entenderse cumplido el requisito establecido tanto en el artнculo 205 de la Ley Hipotecaria como, posteriormente, en el artнculo 298 de su Reglamento, de la necesaria acreditaciуn fehaciente por el transmitente de su adquisiciуn de la finca o derecho con anterioridad a la fecha del tнtulo inmatriculador.

Sugiere para solucionarlo la rectificaciуn del tнtulo inmatriculador. recogiendo la actual superficie catastral, 4889,32 metros. De hacerse asн, coincidirнan la superficie del tнtulo previo, la del inmatriculador y la obrante en el Catastro.

En cambio, revoca el defecto referente a las dudas sobre si la finca estaba ya inmatriculada. rechazando los argumentos de la registradora sobre intentos previos de inmatriculaciуn con diferente descripciуn y distinta titulaciуn publica. concretamente con los tнtulos previo y anterior a йste. Reitera su doctrina de que el registrador al calificar no puede tener en cuenta sino los tнtulos presentados, con asiento de presentaciуn vigente, no los caducados que a efectos del procedimiento registral es como si no hubieran estado presentados nunca, siendo la informaciуn que puede tener el registrador como consecuencia de estos extrarregistral y por lo tanto ajena a la calificaciуn.

2.- Posible pacto comisorio.

– En escritura de 2008, don S.R.O. casado con doсa T.I.S.S. presta 36.000 euros a don F.R.C. y a don A.R.C por un aсo con un interйs del 7%. Se cifra el total a devolver, incluidos gastos e impuestos, en 45.700 euros. Las partes pactaron que, para el caso de no pagarse la deuda, el obligado deberнa constituir hipoteca sobre la finca de su propiedad, que es la misma cuya inmatriculaciуn se pretende ahora.

– En escritura de daciуn en pago de 2009 (tнtulo para inmatricular), don A.R.C. trasmite a doсa T.I.S.S. que adquiere para su sociedad de gananciales con don S.R.O. como daciуn en pago de la deuda citada. valorбndose tanto la finca como la deuda en 43700 euros.

– En la clбusula tercera de la escritura ambas partes pactan un derecho de compra a favor de don A.R.C. por el importe del valor de la finca mбs los impuestos y gastos derivados de la compra. Dicho derecho se establece hasta el dнa 11 de septiembre de 2010

La registradora afirma en su nota que la clбusula 3.Є de esta escritura parece envolver una venta en garantнa. Si se quiere inscripciуn parcial sin dicha clбusula, ha de consentirlo el cedente.

La interesada alega que en este caso la daciуn tiene una causa licita. solventar una deuda vencida, liquida y exigible y por tanto anterior y no ilнcita.

La DGRN parte de que el Cуdigo Civil siguiendo el ejemplo del Derecho Romano, rechaza enйrgicamente toda construcciуn jurнdica en cuya virtud, el acreedor, en caso de incumplimiento de su crйdito, pueda apropiarse definitivamente de los bienes dados en garantнa por el deudor .

La prohibiciуn del comiso, es imperativa y de orden pъblico considerбndose comъnmente que tiene un doble fundamento. evitar que se aplique a las cosas una valoraciуn muy inferior a la real y la necesidad de seguir los procedimientos de ejecuciуn. para obtener un mejor precio y proteger a los titulares posteriores a la garantнa.

Dentro del бmbito de la prohibiciуn, el Tribunal Supremo ha incluido en repetidas ocasiones el negocio de transmisiуn de propiedad en funciуn de garantнa, articulada a travйs de un medio indirecto consistente en la instrumentaciуn de una compraventa simulada.

Y la DG ha declarado que ha de hacerse una valoraciуn global de la operaciуn, en coherencia con su carбcter unitario. atendiendo a la efectiva finalidad prбctica perseguida, que revela suficientemente que la verdadera voluntad de las partes no es provocar una transmisiуn dominical actual y definitiva, sino una transmisiуn provisional y cautelar a consolidar en caso de incumplimiento de una obligaciуn.

Pero en el caso presente no cabe presumir que, por pactarse la posibilidad de recuperar la finca tras la daciуn en pago, nos encontremos ante una transmisiуn en garantнa, porque la daciуn en pago es un negocio lнcito y el crйdito que se extingue en compensaciуn es cierto, lнquido y exigible.

El comiso prohibido, es el que se conviene «ex ante» o con carбcter simultaneo al prйstamo. Pero, en el caso que nos ocupa, la deuda es anterior. estб documentada en instrumento pъblico, el medio de entrega de la deuda es un cheque bancario incorporado a dicho documento, el plazo de devoluciуn se ha cumplido y, en consecuencia la deuda ha devenido liquida y exigible. Partiendo de este antecedente no cabe suponer que la daciуn efectuada tenga otra finalidad que la solutoria y la transmisiуn del inmueble, plena.

No es obstбculo para reconocer lo anterior el que, seguidamente, se pacte un derecho de compra a favor del cedente, que constituye asн mismo un pacto legal, inscribible. Ademбs, este derecho no ha sido ejercitado, por lo que se ha consolidado la transmisiуn.

Ya no es necesario que este derecho se haga constar en el Registro al haber transcurrido seis meses desde que terminу su plazo de ejercicio, pues se acordу convencionalmente que, trascurrido esos seis meses, si no constare en el registro su ejercicio, los cуnyuges doсa T.I.S.S. y don S.R.O. podrнan cancelar el derecho mencionado, por lo que se puede practicar la inscripciуn sin esa clбusula y sin el consentimiento del cedente que ya lo prestу previamente en la escritura al acordar una caducidad convencional. (JFME)

372. EJECUCIУN HIPOTECARIA: DEMANDA Y REQUERIMIENTO DE PAGO AL TERCER POSEEDOR. Resoluciуn de 18 de septiembre de 2013, de la Direcciуn General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificaciуn extendida por el registrador de la propiedad de Lepe, por la que se deniega el despacho de un decreto de adjudicaciуn en procedimiento de ejecuciуn hipotecaria y el consiguiente mandamiento de cancelaciуn de cargas.

Supuesto de hecho. Se discute si cabe inscribir un decreto de adjudicaciуn recaнdo en procedimiento ejecutivo cuando el tercer poseedor -titular de la finca que adquiriу antes de la expediciуn de certificaciуn de cargas y de dominio- (i) no fue demandado ni requerido de pago judicial o extrajudicialmente (arts. 685 y 686 LEci), (ii) aunque hubiera sido notificado del procedimiento posteriormente a la demanda (art. 689 LEci) y (iii) con independencia de que se le hubiera notificado la existencia de la ejecuciуn por el registrador (art. 659 LEci). їCabe practicar la inscripciуn decretada. NO. segъn la Resoluciуn

La DGRN dice lo siguiente.

1 El tercer poseedor de los bienes hipotecados ha de ser demandado y requerido de pago, conforme dicen los artнculos 685 y 686 LEci, si hubiera dado a conocer su adquisiciуn al acreedor.

La Resoluciуn entiende que el acreedor tuvo conocimiento de la adquisiciуn del bien porque el tercero inscribiу su derecho en el Registro y asн consta en la certificaciуn de cargas y de dominio expedida a resultas del procedimiento ejecutivo.

2 No es suficiente y no suple, por tanto, la ausencia de demanda y requerimiento al tercer poseedor el que posteriormente se le hubiera notificado el procedimiento (art. 689 LEci), pues ni consta su consentimiento ni ha recaнdo sentencia firme en procedimiento declarativo dirigido contra el tercer poseedor.

3 No basta tampoco con la comunicaciуn practicada por el registrador con forme al artнculo 659 LEci al que se remite el pбrrafo segundo del mencionado artнculo 689.

Concluye diciendo que no cabe inscribir la adjudicaciуn ordenada.

Parece excesiva la doctrina del Centro Directivo, tanto por la conclusiуn a la que llega, como por el contenido y las formas empleadas en su argumentaciуn.

1 La importancia de que la demanda sea dirigida contra los titulares afectados y que estos sean requeridos de pago es indudable (arts. 685 y 686 LECi), pues su omisiуn puede acarrear indefensiуn y vulnerar el principio de tutela judicial efectiva (SS.TS 3 diciembre 2004, 29 junio 1992, 30 octubre 1982, 7 diciembre 1987, STC 14 julio 1988, etc).

Sin embargo, deducir de lo dicho que sуlo se le garantizan los derechos al tercer poseedor si se le demanda y se le requiere de pago es aventurado a mi juicio, y de ahн lo que dispone el artнculo 689 LEci.

A mбs abundamiento, me parece atrevido que la Resoluciуn, implнcitamente, dй a entender que cabe una revisiуn de la actuaciуn judicial por posible vulneraciуn del principio de tutela judicial efectiva y consiguiente indefensiуn causada en el procedimiento judicial.

2 їQuй documentos se exigen para interponer la demanda? El apartado 2 del artнculo 685 LEci se refiere a los documentos que se deben presentar, remitiйndose a otros artнculos que lo complementan segъn los casos. їEs preceptiva la certificaciуn de cargas y de dominio para interponer la demanda. NO.

3 Si esto es asн, puede suceder que, una vez interpuesta la demanda contra quienes resultan deudores (e hipotecantes no deudores) segъn el tнtulo ejecutivo, resulte de la posterior certificaciуn de cargas y de dominio la existencia de tercer poseedor de la finca (688 LEci), caso en que el artнculo 689 LECi dispone que se le notificarб el procedimiento para que pueda, si le conviene, intervenir en la ejecuciуn, conforme a lo dispuesto en el artнculo662, o satisfacer antes del remate el importe del crйdito y los intereses y costas. A mбs abundamiento, el artнculo 659 LEci prevй la notificaciуn tambiйn por el registrador.

4. Lo que no cabe, a mi juicio, es que si el tercer poseedor no ha acreditado directamente al acreedor la adquisiciуn de los bienes hipotecados (685 LEci) se vea beneficiado por el criterio de esta Resoluciуn, favorable a entender que dicha omisiуn pueda suplirse por el hecho de la inscripciуn en el Registro, porque eso no es lo que dice el artнculo 685 LEci cuando exige que el tercer poseedor hubiera acreditado al acreedor la adquisiciуn de los bienes.

5 Por ello, de no haber cumplido el tercer poseedor lo dicho, y una vez conocida su existencia por medio de la certificaciуn registral de cargas y dominio, se le notificarб la existencia del procedimiento segъn dice el artнculo 689 LEci.

Sin embargo, este no es el criterio de la Resoluciуn, pues, para evitar una potencial indefensiуn judicial e impedir que se vulnere la tutela judicial efectiva por una eventual tramitaciуn defectuosa por parte del juez, dice que dicha notificaciуn no es suficiente y exige, bien el consentimiento del tercer poseedor, bien sentencia recaнda en juicio declarativo.

їEs eso lo que se deriva de la regulaciуn de la LEci. En mi opiniуn ese NO es el criterio legal, sino que, visto el contenido de la certificaciуn registral, es la autoridad judicial quien decide sobre la procedencia o no de la notificaciуn supliendo la omisiуn padecida en la demanda y en el requerimiento de pago. De no ser asн, їquй finalidad prбctica tendrнa el artнculo 689 LEci.

6 Sobre la cita de autoridad que hace la Resoluciуn de la STS de 3 de diciembre de 2004, decir ъnicamente que la providencia de notificaciуn practicada en aquel caso (considerada insuficiente) ordenaba que “… se notificara a quien se encontrara en la finca subastada la existencia de este procedimiento, asн como que, seсalada la subasta de dicha finca para el dнa…no se notificу la misma en la finca subastada… ”. Por lo que se ve, un caso bastante diferente al previsto en el artнculo 689 LEci. (JAR)

373. NO CABE RECURSO CONTRA ASIENTOS YA PRACTICADOS. Resoluciуn de 6 de septiembre de 2013, de la Direcciуn General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la calificaciуn del registrador de la propiedad de Getafe n.є 1, por la que se deniega la rectificaciуn y cancelaciуn de la inscripciуn de una atribuciуn de uso de la vivienda familiar.

Hechos: Se encuentra practicada en el registro una inscripciуn en la que en la que consta la atribuciуn del derecho de uso de la vivienda en virtud del convenio regulador del divorcio judicialmente homologado, a favor de la madre cotitular del dominio y de su hijo menor, en los tйrminos del artнculo 96 del Cуdigo civil. La sentencia que la motivу, en lo que afecta, dice: “Segundo: La esposa seguirб viviendo en el domicilio conyugal…, junto con su hijo.”

Ahora el exmarido solicita la rectificaciуn del registro, mediante la cancelaciуn, de esa inscripciуn.

El registrador niega la existencia de error de concepto y suspende la cancelaciуn por entender que requiere el previo consentimiento de ambos cуnyuges o en su defecto la correspondiente autorizaciуn judicial.

El recurrente sostiene que se trata de un error de concepto por lo que procede la rectificaciуn en los tйrminos del artнculo 216, pбrrafo 2.є, de la Ley Hipotecaria.

La DGRN considera que no resulta posible obtener la rectificaciуn de asientos registrales a travйs de este recurso, pues se trata de asientos ya practicados que estбn bajo la salvaguardia de los tribunales, por lo que sуlo dichos tribunales pueden declarar la nulidad de un asiento. Si se admitiera, por la vнa de este recurso, la rectificaciуn de errores que pretende la anulaciуn de un asiento, serнa lo mismo que admitir el recurso contra una inscripciуn realizada. Sуlo los tribunales pueden declarar la nulidad de un asiento en procedimiento dirigido contra todos aquellos a quienes tal asiento conceda algъn derecho. (JFME)

374. ANOTACIУN PREVENTIVA DE DERECHO HEREDITARIO SOBRE FINCA DE UN HEREDERO. Resoluciуn de 6 de septiembre de 2013, de la Direcciуn General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la calificaciуn del registrador de la propiedad interino de Herrera del Duque, por la que se suspende la inscripciуn de una anotaciуn preventiva de derecho hereditario

Supuesto: Se plantea si es posible practicar un Anotaciуn de derecho hereditario cuando la finca sobre la que se pretende anotar no es titularidad de la causante ya que habнa sido donada por la testadora a una de las herederas como anticipo de la legнtima.

La Direcciуn confirma la nota: el principio de tracto sucesivo del art. 20 LH impide la anotaciуn preventiva de derecho hereditario recogida en el art 42.6. de modo que solo podrнan practicarse si la finca estuviera inscrita a nombre de la causante. El hecho de que se hubiera hecho constar en la escritura de donaciуn y en la inscripciуn que se hizo como anticipo de la legнtima y que asн se establezca tambiйn en el testamento no implica que la titularidad registral no sea plena, sin que consten limitaciones a sus facultades dominicales. De modo que serб al hacer la particiуn cuando se fijen las legнtimas y se determine si lo percibido por cada heredero, bien sea a tнtulo de herencia o de legado, excede o no de lo que por legнtima le corresponda, y solo a partir de ese momento se podrбn ejercitar las acciones de pretericiуn, complemento o suplemento de la legнtima asн como las de colaciуn, imputaciуn y reducciуn de donaciones u otras disposiciones, y solo a travйs de la reclamaciуn oportuna se podrб obtener la resoluciуn judicial que conceda las satisfacciones que correspondan y mediante ella o la anotaciуn de demanda que proceda, anunciar y publicar en el Registro la pretensiуn del perjudicado. (MN)

375. HIPOTECA SOBRE BIEN PATRIMONIAL DE UNA ENTIDAD LOCAL QUE PUEDE PASAR A SER DEMANIAL. DESTINO DEL DINERO A LA CONSTRUCCIУN DE UN CENTRO SOCIAL. Resoluciуn de 6 de septiembre de 2013, de la Direcciуn General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad interino de Sahagъn a inscribir una escritura de constituciуn de hipoteca.

Hechos: Se otorga una escritura de hipoteca por una Junta Vecinal sobre un terreno que aparece inscrito como bien patrimonial. La hipoteca garantiza un prйstamo personal que se va a destinar, segъn dice la Presidenta de dicha Junta, a la construcciуn de un local de uso social.

El registrador deniega la inscripciуn porque el terreno hipotecado se va a destinar a la construcciуn de ese local de uso social y por ello entiende que se trata ya de un bien materialmente afecto al uso pъblico, por lo que no se puede hipotecar, al tratarse de un bien inembargable.

La notaria autorizarte alega que se trata de un bien patrimonial, como resulta del Registro; que ni de la escritura ni del expediente administrativo puede deducirse que sea precisamente el solar hipotecado el destinado al futuro local de uso pъblico; que incluso aunque lo fuera serнa un uso futuro, no actual, por lo que el bien es hipotecable.

La DGRN confirma la nota considerando que al resultar del propio expediente el futuro uso pъblico del local a construir en el solar hipotecado ya hay una afectaciуn material, y por tanto el bien es inembargable y no hipotecable.

Comentario.- Resulta curioso que lo que el Registro publica en este caso (que se trata de un bien patrimonial) para el registrador y para la DGRN no tenga ningъn valor y que a lo que se le dй valor es a una declaraciуn de la Presidenta de la Junta Vecinal, manifestaciуn que no tiene por sн ningъn valor jurнdico pues no hay acto administrativo alguno en dicha manifestaciуn.

El uso pъblico futuro (del que no sabemos con certeza jurнdica cual serб), de la futura edificaciуn (de la que no sabemos tampoco si se construirб o no) tiene consecuencias de presente, segъn la DGRN, que considera que existe ya una afectaciуn material del terreno al uso pъblico, a pesar de que la Ley de Patrimonio 33/2003 en su artнculo 66 exige que para que haya una afectaciуn presunta al uso pъblico (expresa no hay, desde luego), йste tiene que ser pъblico, notorio y continuado en el tiempo. En definitiva creo, como la notaria autorizarte, que la hipoteca es inscribible.

Es interesante tambiйn la cuestiуn de quй ocurrirнa si la hipoteca se inscribiera sobre un bien patrimonial y luego йste quedara afecto al uso pъblico. El registrador considera que en tal caso la hipoteca se enervarнa (falta precisiуn en el tйrmino, pero, en definitiva, que no serнa ejecutable) y la notaria que el cambio de uso no podrнa inscribirse hasta que no se cancelara la hipoteca. Por mi parte creo que serнa compatible la pervivencia de la hipoteca y el cambio de uso a pъblico (y en consecuencia su inscripciуn), de forma que llegado el caso la hipoteca serнa ejecutable, pues la Administraciуn debe de respetar tambiйn los derechos legнtimos de sus ciudadanos y la irretroactividad de sus actos jurнdicos, y con mayor motivo si estбn inscritos en el Registro de la Propiedad. (AFS)

376. EXPEDIENTE DE DOMINIO PARA INMATRICULAR. DESCRIPCIУN DE LA FINCA. DUDAS DE IDENTIDAD. CIRCUNSTANCIAS PERSONALES. Resoluciуn de 6 de septiembre de 2013, de la Direcciуn General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificaciуn del registrador de la propiedad de Coria, por la que se suspende la inmatriculaciуn de una finca vнa expediente de dominio.

En este expediente de dominio para la inmatriculaciуn de una finca, el Registrador observa cuatro defectos:

1. Falta de una total coincidencia entre la descripciуn del inmueble contenida en el expediente y la que resulta de la certificaciуn catastral aportada. Se confirma. pues ninguna de las dos descripciones que aparecen coincide con la del certificado catastral. La exigencia de certificaciуn descriptiva y grбfica en tйrminos totalmente coincidentes con los descritos en el tнtulo inmatriculador se basa en la actual redacciуn del artнculo 298 RH. en el art. 53 de la ley 13/1996, de 30 de diciembre y en la Ley del Catastro.

2. No constan todas las circunstancias personales de la promotora del expediente en los tйrminos exigidos por la legislaciуn hipotecaria. Se revoca al admitir la DG las alegaciones del recurrente de que las circunstancias personales que faltan se hallan en el tнtulo de adquisiciуn de la finca, estando suficientemente identificada la propietaria en el Auto.

3. La descripciуn del inmueble a inmatricular deberб ser unнvoca, clara y completa, sin que ello se cumpla, puesto que en el expediente constan «dos posibles» descripciones de la finca. Se confirma al haber en el Auto dos descripciones. debiйndose aclarar cuбl es la correcta.

4. Existen dudas fundadas de que la finca a inmatricular, pueda proceder de otras ya inscritas en el Registro como «D. B.», y por tanto el cauce correcto serнa el de reanudaciуn de tracto, lo que se habнa advertido en la certificaciуn de cargas expedida para el expediente. Se revoca el defecto. Para el Centro Directivo es esencial que esas dudas ya consten en la certificaciуn. seсalando expresamente las fincas con las que podrнa coincidir. Considera, confirmando el criterio de la Resoluciуn de 8 de junio de 2009 que, en este caso, es competencia judicial su valoraciуn: «que sea el propio Juzgado quien a la vista de dichas dudas, valore la procedencia o no de aprobar el expediente de inmatriculaciуn ». (JFME)

378. ACREDITACIУN DE LA REPRESENTACIУN. INEXACTITUD DE LA RESEСA IDENTIFICATIVA. Resoluciуn de 6 de septiembre de 2013, de la Direcciуn General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificaciуn extendida por la registradora de la propiedad de Cerdaсola del Vallйs n.є 2, por la que se suspende la inscripciуn de una escritura de prйstamo hipotecario.

Hechos. Escritura muy del caso concreto: Se otorga una escritura de prйstamo hipotecario; en dicha escritura el banco estб representado por una gestorнa, que a su vez estб representada por su apoderado. Se da la circunstancia de que el banco asumiу como propios los poderes que dicha gestorнa tenнa conferidos por otro banco antecesor en el proceso de fusiуn. Consta el juicio de suficiencia notarial de los poderes y se mencionan los datos identificativos y de inscripciуn del poder.

La registradora deniega la inscripciуn por falta de inscripciуn en el Registro Mercantil de alguno de los poderes, aunque se observa que hay un error material en la nota de calificaciуn. En el informe alega que ha consultado el Registro Mercantil y que no aparece la inscripciуn de alguno de dichos poderes que reseсa el notario.

El notario autorizante recurre, centrбndose en el error de la nota, pero a la vez subsana un pбrrafo errуneo en la intervenciуn de su escritura.

La DGRN despuйs de reprochar a ambas partes su falta de comunicaciуn y el perjuicio a los particulares, revoca la nota tal y como ha sido redactada, pues consta en la reseсa identificativa los datos de inscripciуn del poder y, por otro lado, no puede tenerse en cuenta la consulta a posteriori de la registradora en el Registro Mercantil. (AFS)

379. COMPRAVENTA DE FINCAS SUJETAS A SUSTITUCIУN Y LIMITACIONES DE DISPONER. HIPOTECA. Resoluciуn de 9 de septiembre de 2013, de la Direcciуn General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificaciуn extendida por el registrador de la propiedad de Arenys de Mar, por la que se suspende la inscripciуn de una escritura de compraventa de fincas sujetas a sustituciуn y limitaciones de disponer y se deniega la inscripciуn de la hipoteca convenida en la misma.

Hechos: Determinadas fincas constan inscritas en el Registro sujetas a una sustituciуn fideicomisaria impuesta por un testador. si bien se permite la venta al heredero fiduciario por su ъnica voluntad bajo determinadas condiciones. En particular se exige la previa notificaciуn a los herederos fideicomisarios, para que ejerciten un derecho de tanteo en caso de venta.

Ahora se otorga la escritura de venta por el heredero fiduciario a un tercero y al propio tiempo, ante el temor de que se impugne dicha venta y el comprador no pueda recuperar el precio pagado, se constituye una hipoteca sobre las mismas fincas a favor del propio comprador sujeta a la condiciуn suspensiva de resoluciуn del contrato de compraventa en el plazo de 10 aсos por cualquier causa distinta de falta de pago del precio. Ademбs, parte del precio se aplaza, por lo que se pacta una condiciуn resolutoria.

El notario asevera en la escritura que se ha citado con antelaciуn suficiente a los herederos fideicomisarios para que ejerciten su derecho de tanteo y que o bien estбn presentes y consienten en el momento de la venta, o bien han renunciado a su derecho de tanteo. Solamente uno de los herederos fideicomisarios ha manifestado su decisiуn de ejercitar el derecho de tanteo en los tribunales, pero no ha comparecido en el momento de la venta que es el momento designado en el testamento para el ejercicio de dicho derecho. Con posterioridad a la calificaciуn registral se presenta un acta de notoriedad acreditativa de quiйnes son los fideicomisarios o personas con derecho de tanteo en el momento de la venta.

El registrador observa, entre otros defectos no recurridos, los siguientes:

1.- No consta que se haya notificado a los herederos fideicomisarios para que ejerciten su derecho de tanteo con la antelaciуn suficiente y no consta quiйnes son todos esos herederos y personas con derecho de tanteo.

2.- El precio es global y no se ha distribuido entre las fincas vendidas, lo que es contrario al derecho de tanteo inscrito, pues exige un precio cierto para cada una de las fincas.

3.- La hipoteca pactada es una hipoteca de propietario, prohibida en nuestro derecho, pues la constituye el comprador. Ademбs no hay propiamente obligaciуn garantizada sujeta a condiciуn suspensiva, sino obligaciуn futura

El notario autorizante recurre y alega lo siguiente:

Que el precio no se puede distribuir, pues las tres fincas vendidas forman una unidad que incluso tiene la calificaciуn de Bien Cultural de interйs nacional.

Que no es una hipoteca de propietario, pues estб constituida por el vendedor, que estб sujeta a condiciуn suspensiva, y ademбs hay una causa vбlida para su constituciуn que es asegurar la devoluciуn del precio si hay resoluciуn.

La DGRN desestima el recurso alegando que el acta de notoriedad sobre los herederos fideicomisarios y personas con derecho de tanteo es extemporбnea y no puede ser tenida en cuenta al haber sido presentada despuйs de la nota de calificaciуn; aсade ademбs que no se acredita haberse realizado las notificaciones con la antelaciуn necesaria (8 dнas) ni con el contenido mнnimo de las condiciones de venta.

En cuanto al segundo defecto interpreta que el derecho de tanteo inscrito exige que el precio haya de ser individual para cada finca, y que dicha exigencia ha de prevalecer sobre la unidad alegada de las tres fincas y el precio global pactado.

En cuanto al ъltimo defecto recurrido, entiende que estamos ante una hipoteca de propietario, prohibida en nuestro derecho, y ademбs que se estarнa perjudicando el derecho de tanteo de los herederos fideicomisarios. (AFS)

380. COMPRAVENTA DE FINCAS SUJETAS A SUSTITUCIУN Y LIMITACIONES DE DISPONER. HIPOTECA. Resoluciуn de 9 de septiembre de 2013, de la Direcciуn General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificaciуn extendida por el registrador de la propiedad de Arenys de Mar, por la que se suspende la inscripciуn de una escritura de compraventa de fincas sujetas a sustituciуn y limitaciones de disponer y se deniega la inscripciуn de la hipoteca convenida en la misma.

Нdem que la anterior.

Como curiosidad parece que se trata exactamente de la misma calificaciуn, recurso y Resoluciуn que la anterior pero publicada dos veces el mismo dнa, pues coincide todo: notario, registrador, escritura, asiento de presentaciуn, fincas registrales, etc…. (AFS)

381. DECRETO JUDICIAL DE ADJUDICACIУN INCOMPLETO. Resoluciуn de 9 de septiembre de 2013, de la Direcciуn General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificaciуn extendida por la registradora de la propiedad de Barcelona n.є 6, por la que se suspende la inscripciуn de un decreto judicial de adjudicaciуn.

Supuesto: Habiйndose presentado en el Registro de la Propiedad un testimonio de resoluciуn judicial que no es completo al faltar hojas del mismo, entiende la registradora que el tнtulo no es autйntico y que, por lo tanto no puede ser objeto de calificaciуn su contenido.

Requerido el presentante a fin de que complete la documentaciуn aportada en el plazo de diez dнas mediante presentaciуn de tнtulo original o testimonio del mismo, con expreso apercibimiento de entenderse, en otro caso, por desistido, conforme al artнculo 71 de la Ley de Rйgimen Jurнdico de las Administraciones Pъblicas y del Procedimiento Administrativo Comъn, no se ha obtenido respuesta alguna.

Seсala la Direcciуn General que para proceder a la calificaciуn del tнtulo presentado deber ser completo y autйntico, sin lo cual no puede valorarse su contenido.

El artнculo 71 de modificaciуn de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Rйgimen Jurнdico de las Administraciones Pъblicas y del Procedimiento Administrativo Comъn, redactado por Ley 4/1999, 13 enero, subsidiaria en aspectos procedimentales al artнculo 327.c) de la Ley Hipotecaria. establece un plazo de diez dнas para proceder a la subsanaciуn de la solicitud de inicio del procedimiento, incluso en los regulados por legislaciуn especial, como es el caso. La registradora comunicу la falta al presentante con expreso apercibimiento de las consecuencias de su inacciуn en el plazo legalmente fijado al respecto por la legislaciуn administrativa general.

Transcurrido el mismo, sin que hubiera sido recibida la documentaciуn precisa para proceder a la calificaciуn, ha de entenderse que el presentante y recurrente desiste de su pretensiуn y que el recurso presentado ha quedado sin objeto. (IES)

382. RECURSO CONTRA CANCELACIУN E INSCRIPCIУN YA PRACTICADAS. Resoluciуn de 10 de septiembre de 2013, de la Direcciуn General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la notificaciуn de cancelaciуn de asiento de dominio llevada a cabo por la registradora de la propiedad de Gijуn n.є 6.

Supuesto: Se plantean varias cuestiones:

Acreditaciуn de la recurrente de su cargo de administradora ъnica de la sociedad interesada en el recurso. La registradora considera que no estб suficientemente acreditado por cuanto solo aporta copia simple de una escritura de la que resulta actuar como tal administradora pero que no es la que acredita su nombramiento. Sin embargo entiende la Direcciуn que el deber de velar por el cumplimiento del principio de legalidad que incumbe al registrador le impone, consultando directamente el Registro Mercantil, procurarse los datos que sean necesarios para dar curso a un recurso interpuesto.

Se plantea extemporaneidad en la fecha de interposiciуn del recurso. Se rechaza por cuanto se advierte un error ya que la registradora considera con fecha de interposiciуn del recurso la del oficio por el que se le notifica que el recurso ha sido presentado ante la Direcciуn dбndosele traslado del mismo (327.3LH ), cuando la fecha que ha de considerarse es la fecha de entrada en la propia Direcciуn y basбndose en ella no cabe duda que el escrito se presentу en el plazo previsto en el ordenamiento.

Respecto a la cuestiуn de fondo es idйntica a la R. de 18 de enero de 2.013. planteado por los mismos interesados pero en otro registro: La doctrina del centro directivo es reiterada en el sentido la finalidad y el objeto del recurso previsto en los arts. 19 bis y 322 y ss. LH es exclusivamente la determinaciуn de si la calificaciуn es o no ajustada a Derecho y no la determinaciуn de la validez o no del tнtulo inscrito ni de su derecho a inscribir o anotar, cuestiones todas ellas reservadas al conocimiento de los Tribunales (arts. 66 LH ). Asн una vez practicado un asiento se encuentra bajo la salvaguardia de los tribunales produciendo todos sus efectos en tanto no se declare su inexactitud bien por la parte interesada, bien por los tribunales de Justicia de acuerdo con los procedimientos legalmente establecidos (arts. 1, 38. 40 y 82 LH ). Respecto al asunto sustantivo recuerda que el derecho real de hipoteca «sujeta directa e inmediatamente los bienes sobre que se impone, cualquiera que sea su poseedor, al cumplimiento de la obligaciуn para cuya seguridad fue constituida» (arts. 1.876 CC y 104 LH ) por lo que salvo contadнsimas excepciones, todo titular posterior al derecho de hipoteca estб sujeto al mismo en los tйrminos establecidos en la Ley. Si el tercero considera que su posiciуn jurнdica no ha sido respetada en el procedimiento en los tйrminos establecidos en la propia Ley ( arts. 685, 686, 689 y 696 LEC ) tiene expeditas las vнas legales para la reparaciуn de su posiciуn jurнdica entre las que no se encuentra, como queda reiterado, el recurso previsto en el art. 324 LH. (MN)

383.- TESTAMENTO SIN INSTITUCIУN DE HEREDERO. Resoluciуn de 11 de septiembre de 2013, de la Direcciуn General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad de Madrid nє 29 a insc ribir una escritura de compraventa.

Hechos. Se formaliza una escritura de compraventa de una participaciуn indivisa de un local garaje, otorgada por el apoderado del contador partidor de una herencia. Esta herencia se habнa autorizado en base a un testamento olуgrafo, en el que no se instituнa heredero, sino que se ordenaban diversos legados a varias personas, pero sin mencionar la participaciуn indivisa vendida. En dicho testamento se nombraba a dicho contador partidor con atribuciуn de “todos los poderes para llevar a cabo todos mis deseos, hacer y deshacer” y ademбs en la escritura de herencia y respecto de la cuota vendida se indicaba “«… Por lo que dicha propiedad…, al no existir herederos forzosos, se considera que la voluntad de la testadora, que se extrae de una interpretaciуn global del contexto del testamento, y de acuerdo con el Cуdigo Civil, es el que todos sus bienes fueran repartidos como legados, por lo que el inmueble serб vendido por la contadora partidora, por el precio mбximo obtenible en mercado, y una vez realizado, con su producto…, procederб a liquidar, por este orden, las cargas de los legados, el pasivo inventariado y los gastos derivados de las operaciones de protocolizaciуn y particiуn. De no ser suficiente, los legados habrбn de ser aminorados en proporciуn a fin de saldar dichos conceptos».

Registrador: Rechaza la inscripciуn en base a que en el testamento olуgrafo en que se han distribuido todos los bienes, no se ha incluido la participaciуn de garaje vendida, por lo que se hace necesario abrir la sucesiуn intestada.

Notario: Para el notario lo que se discute es una interpretaciуn del testamento, pues mientras el registrador considera que no toda la herencia se distribuye en legados y por tanto debe aplicarse el art 912 del c.c.. el contador partidor piensa que en el testamento se dispone de todos los bienes y por tanto estamos en el supuesto del 891 del c.c. (“si toda la herencia se distribuye en legados, se prorratearбn las deudas y gravбmenes entre los legatarios en proporciуn a sus cuotas, a no ser que el testador hubiera dispuesto otra cosa”). De abrirse la sucesiуn intestada, los herederos serнan los hermanos de la testadora, la cual dispuso que no asistieran a su entierro.

Direcciуn General. Estima el recurso en base a los siguientes argumentos:

– En Dcho Comъn el testamento es vбlido, aunque el testador no disponga de todos sus bienes, ni designe heredero, distribuyendo la herencia en legados, por lo que la sucesiуn intestada no se produce para nombrar a un heredero, sin para evitar la vacancia de bienes hereditarios.

-El art 81 .d ) del RH admite para la inscripciуn de legados de inmuebles, la solicitud del legatario, cuando no hubiere contador partidor facultado, ni heredero.

-Y entre las facultades del contador partidor se encuentra la de interpretaciуn del testamento y en todo caso se aplica el art 675 c.c. “el testamento deba aplicarse en el sentido mбs conforme a la intenciуn del testador, segъn el tenor del mismo testamento”. Por tanto debe admitirse la interpretaciуn dada al mismo por el contador partidor. (JLN)

384. ANOTACIУN CADUCADA: NO PERMITE CANCELAR CARGAS POSTERIORES. Resoluciуn de 11 de septiembre de 2013, de la Direcciуn General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificaciуn del registrador de la propiedad de Mйrida n.є 1, por la que se deniega la cancelaciуn de cargas en un procedimiento de ejecuciуn.

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Supuesto: Se plantea si es posible cancelar las cargas posteriores a una anotaciуn de embargo, ordenada en una certificaciуn del acta de venta y mandamiento de cancelaciуn decretada por el Organismo de Recaudaciуn de la Diputaciуn, cuando la anotaciуn de embargo estб cancelada por caducidad al haber transcurrido su plazo de vigencia de cuatro aсos.

La Direcciуn reitera su doctrina segъn la cual la caducidad de las anotaciones opera «ipso iure», una vez agotado su plazo de vigencia (art.86 LH ), careciendo desde entonces de todo efecto jurнdico. Para que la cancelaciуn de las cargas posteriores hubiera sido posible, debiу haberse presentado en el Registro el mandamiento de cancelaciуn de cargas –o al menos la certificaciуn del acta de venta – para ganar prioridad, antes de que hubiera caducado la anotaciуn preventiva de embargo que lo motivу. o tambiйn podrнa haberse presentado mandamiento ordenando la prуrroga de dicha anotaciуn preventiva.(MN)

*385. HIPOTECA. LA CALIFICACIУN REGISTRAL DEL CARБCTER ABUSIVO DE LAS ESTIPULACIONES ENTRA DENTRO DEL AMBITO DE SU FUNCION. CLБUSULA SUELO. Resoluciуn de 13 de septiembre de 2013, de la Direcciуn General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la calificaciуn del registrador de la propiedad de Torrejуn de Ardoz n.є 1, por la que se deniega la inscripciуn de determinada clбusula de una escritura de prйstamo con garantнa hipotecaria.

Supuesto: Se plantea y resuelve en este recurso acerca del ámbito de la calificación del registrador respecto a las clбusulas financieras de préstamos hipotecarios. pues la entidad financiera recurrente afirmaba que el registrador se habнa extralimitado en sus funciones al rechazar la inscripciуn de una “clбusula suelo”.

La DGRN comienza anunciando que “la cuestión debe resolverse según la reiterada doctrina de este Centro Directivo (vid. por todas, las R. 1 de Octubre de 2010. R. 4 de noviembre de 2010. R. 21 de diciembre de 2010. R. 11 de enero de 2011. R. 8 de Junio de 2011. R. 16 de agosto de 2011 ), confirmada por las Sentencias de la Audiencia Provincial de Tarragona (Sección Tercera) de 1 abril 2011 y de la Audiencia Provincial de Málaga (Sección Cuarta) número 210/2012, de 23 abril; que rectificó la mantenida en otras Resoluciones anteriores más restrictivas (cfr. R. 19 de Abril de 2006. R. 21 de Diciembre de 2007. R. 14 de Enero de 2008. R. 1 de Febrero de 2008. R. 8 de Febrero de 2008 ”.

En la presente resoluciуn se contienen argumentaciones y conclusiones especialmente interesantes, que se reproducen en extracto a continuaciуn:

– “es necesario partir de la capital sentencia del Tribunal Supremo de 16 de diciembre de 2009 (Sala Primera) en la que se consideraron no inscribibles determinadas cláusulas de vencimiento anticipado, y por tanto se confirmó la necesidad de proceder a su calificación, pues únicamente es posible excluir la inscripción de unas y no otras si previamente se examinan todas y se suspende o deniega, motivándolo oportunamente, la inscripción de aquellas que no proceda” (…)

– “En la misma línea, se manifestó la Corte Comunitaria en la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 4 de junio de 2009 (As. C-243/08) en que la Corte de Luxemburgo da respuesta a una cuestión prejudicial cuyo objeto era dilucidar si podría interpretarse el artículo 6.1 de la ya mencionada Directiva 93/13, de modo que la no vinculación del consumidor a una cláusula abusiva establecida por un profesional no pudiese operar «ipso iure», sino únicamente en caso de que el consumidor impugnase judicialmente con éxito dicha cláusula abusiva. El Tribunal de Justicia de Luxemburgo resolvió la citada cuestión declarando que «el artículo 6, apartado 1, de la Directiva debe interpretarse en el sentido de que una cláusula contractual abusiva no vincula al consumidor y que, a este respecto, no es necesario que aquél haya impugnado previamente con éxito tal cláusula ». (…)

” Esta jurisprudencia de la Corte de Luxemburgo excluye la posibilidad de entender que la nulidad de pleno derecho de las cláusulas abusivas que sanciona el artículo 83.1 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, requiera de una previa declaración judicial. como pretende el recurrente. La nulidad de pleno derecho actúa «ope legis» o por ministerio de la ley y, en consecuencia, como ha destacado la doctrina, las cláusulas afectadas por tal nulidad han de tenerse «por no puestas» tanto en el ámbito judicial como en el extrajudicial y, en consecuencia, también en el registral. Por este mismo motivo, la reciente sentencia del Tribunal Supremo de 9 de mayo de 2013. en su parágrafo 123, y en relación con los límites a la autonomía procesal en materia de cláusulas abusivas, afirma que no obstante el límite que impone la exigencia de que la sentencia sea congruente con el suplico, «este límite no entra en juego en los supuestos de nulidad absoluta, ya que en tales casos el Ordenamiento reacciona e impone a los poderes del Estado rechazar de oficio su eficacia. de acuerdo con el clásico principio «quod nullum est nullum effectum producit» (lo que es nulo no produce ningún efecto), ya que, como afirma la STS 88/2010, de 10 de marzo. «esa operatividad ipso iure es una de las características de la nulidad absoluta». Por ello, la nulidad que declara el artículo 83 del Real Decreto Legislativo 1/2007 respecto de las condiciones generales abusivas, es una nulidad que declara directamente la misma ley, y el mandato legal de «tenerlas por no puestas» dirigido a todos los funcionarios que aplican la ley, y entre ellos los registradores, no queda subordinado a su previa declaración judicial. (…).

“En consecuencia, si no resulta necesaria la previa declaración judicial de la nulidad de la cláusula, en los términos indicados, para que pueda ser calificada negativamente por el registrador, con mayor motivo no será preciso que la eventual sentencia que declare dicha nulidad conste inscrita en el Registro de Condiciones Generales de la Contratación, pues, al margen de otras consideraciones (elartículo 258.2de la Ley Hipotecaria no exige dicha inscripción, como tampoco la exige el artículo 18 de la Ley 2/2009, de 31 de enero), tal exigencia infringiría el reiterado principio de efectividad de las Directivas europeas en materia de consumidores”.

Coherentemente con estos imperativos, la Sala primera del Tribunal Supremo, en su reciente Sentencia de 16 de diciembre de 2009 reitera el papel activo del Registrador en presencia de una cláusula abusiva, al confirmar la entidad propia de la actividad registral respecto de la judicial, y diferenciar entre no inscribibilidad y nulidad de una cláusula (fundamento duodécimo).” (…)

… “principios que aparecen perfectamente identificados en la Ley 2/2009, de 31 de marzo. que dentro de su ámbito material de aplicación, desarrolla un conjunto de normas cuya «ratio» es garantizar la transparencia del mercado hipotecario, incrementar la información precontractual y proteger a los usuarios y consumidores de productos financieros ofertados en dicho mercado, y que en su artículo 18.1 reafirma el control de legalidad de los registradores al disponer que «los Registradores denegarán la inscripción de las escrituras públicas del préstamo o crédito con garantía hipotecaria cuando no cumplan la legalidad vigente y, muy especialmente, los requisitos previstos en esta Ley».(…)

“En definitiva, sólo una interpretación de los objetivos específicos del artículo 12 de la Ley Hipotecaria coordinada y ponderada con la normativa de protección de consumidores, unida a la posibilidad de apertura de la ejecución real hipotecaria con base en el artículo 130 de la Ley Hipotecaria y a los imperativos demandados por el ordenamiento comunitario, permiten definir el ámbito de la función calificadora del Registrador respecto de las cláusulas financieras y de vencimiento anticipado a la que se refiere el párrafo segundo del reiterado artículo 12 de la Ley Hipotecaria. De este modo, dentro de los límites inherentes a la actividad registral, el registrador podrá realizar una actividad calificadora de las cláusulas financieras y de vencimiento anticipado, en virtud de la cual podrá rechazar la inscripción de una cláusula, desde luego cuando su nulidad hubiera sido declarada mediante resolución judicial firme, pero también en aquellos otros casos en los que se pretenda el acceso al Registro de aquellas cláusulas cuyo carácter abusivo pueda ser apreciado por el registrador.” (…)

“Téngase en cuenta además que, según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, «a falta de normativa comunitaria en la materia, la determinación de la regulación procesal destinada a garantizar la salvaguarda de los derechos que el Derecho comunitario genera en favor de los justiciables corresponde al ordenamiento jurídico interno de cada Estado miembro en virtud del principio de autonomía procesal de los Estados miembros, a condición, sin embargo, de que esta regulación (. ) no haga imposible en la práctica o excesivamente difícil el ejercicio de los derechos conferidos por el ordenamiento jurídico comunitario» (principio de efectividad) (véanse, al respecto las sentencias del Tribunal de Justicia en los asuntos C-168/2005, C-78/98, C-392/04, C-422/04 y C-40/08). No resulta exagerado afirmar que la eliminación del control registral en el ámbito de los contratos de consumo, ámbito calificado por la propia jurisprudencia comunitaria como «equivalente a las disposiciones nacionales que, en el ordenamiento jurídico interno, tienen rango de normas de orden público» (As. C-40/08), unido a la posibilidad de promover la ejecución hipotecaria con base en dichas cláusulas, atentaría claramente contra esta exigencia.

Finalmente, esta doctrina sostenida por esta Dirección General de los Registros y del Notariado en relación con la calificación de las cláusulas financieras abusivas según la Directiva 93/13/CE, ha quedado reforzada tras las Sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 14 de junio de 2012 y 14 de marzo de 2013. que han reafirmado el «principio de efectividad» de las Directivas comunitarias en el sentido antes expuesto.

Por tanto, el primer motivo del recurso, basado en la extralimitación del registrador en su función calificadora, ha de ser desestimado.”

Y en cuanto al fondo concreto del asunto. es decir, la inscripciуn o no de la concreta cláusula de tipos máximo y mínimo contenida en la escritura calificada, la DGRN no considera acertados los argumentos del registrador para rechazarla, por lo que revoca su calificaciуn.

Me parecen muy acertados los argumentos y conclusiones de esta resoluciуn, que corrigen y superan por fin la doctrina radicalmente contraria de otros responsables anteriores del уrgano directivo.

En la doctrina anterior de la DGRN, ahora felizmente superada, la entidad financiera tenнa todo a favor, pues la redacciуn unilateral y predispuesta del contenido negocial no podнa ser matizada en modo alguno por el notario, ni rechazada por el registrador, pesando sobre el consumidor la carga de tener que impugnar a posteriori las estipulaciones, ya inscritas, que considerase abusivas, y encima, sin que existiera un cauce procesal adecuado y efectivo para ello. El factor tiempo, el dinero y el poder, jugaban siempre en su contra, y en favor de la entidad financiera.

En cambio, segъn la nueva doctrina de la DGRN, sуlidamente basada en la normativa y jurisprudencia indicadas y en la nueva sensibilidad social y polнtica hacia este grave problema, (tras el severo y vergonzante correctivo de la Justicia europea al Estado espaсol, todo hay que decirlo), el registrador puede y debe calificar el posible carбcter abusivo de las estipulaciones para rechazar su inscripciуn. Habrб de ser la entidad financiera la que, si asн le interesa, tendrб que impugnar la calificaciуn registral, pues por el carбcter constitutivo de la inscripciуn no podrб ejecutar ni hacer valer, ni frente al deudor ni frente a terceros, las estipulaciones que fueron redactadas unilateralmente por su asesorнa jurнdica, impuestas al consumidor, plasmadas sin remedio en la escritura pъblica, pero rechazadas por la calificaciуn registral.

Se acaba asн por fin con la perversa idea de que las estipulaciones financieras contenidas en las escrituras pъblicas no debнan ser objeto de calificaciуn registral, sino de simple transcripciуn.

A mi juicio, estamos, pues, ante un gran avance social y jurнdico al poner la funciуn registral al servicio de la defensa efectiva (directa, inmediata, gratuita) de los derechos de los consumidores de prйstamos hipotecarios y de los terceros. (JDR).

Nota Redacciуn: Resulta un antecedente de gran relevancia la R. 1є de octubre de 2010 de la que fue redactor el Letrado Adscrito a la DGRN Juan Marнa Dнaz Fraile.

387. HIPOTECA SOBRE UN INMUEBLE DE UNA CБMARA AGRARIA. Resoluciуn de 18 de septiembre de 2013, de la Direcciуn General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad de Palencia n.є 1 a inscribir una escritura de constituciуn de hipoteca en garantнa de un prйstamo.

El registrador deniega la inscripciуn por considerar que dado el carбcter de Corporaciones de Derecho Pъblico que tienen las Cбmaras Agrarias y el privilegio de inembargabilidad que la Ley reconoce a su patrimonio, no es posible hipotecar los inmuebles en que radique su sede, pues aquella inembargabilidad impide que se produzca el efecto de reipersecutoriedad propio de toda hipoteca.

Por el contrario el recurrente objeta que dicha inembargabilidad no se predica de todo el patrimonio de las Cбmaras, sino de aquella parte del mismo que tenga carбcter de dominio pъblico, carбcter que no se puede atribuir a la finca hipotecada, pues ni del contenido del Registro ni de la titulaciуn presentada se desprende tal extremo.

La DGRN revoca la calificaciуn registral diciendo que “la Ley 1/1995, de 6 de abril. de Cбmaras Agrarias de Castilla y Leуn, (…) establece, en su artнculo 20, bajo el epнgrafe de «Beneficios» que «las Cбmaras Agrarias disfrutarбn de los beneficios fiscales existentes, asн como los beneficios de justicia gratuita y de inembargabilidad legalmente establecidos». Pero este artнculo no contiene una proclamaciуn genйrica de inembargabilidad. sino que dicha norma lo es de remisiуn, remisiуn que reenviaba al artнculo 13.2 de la Ley 23/1986, de 24 de diciembre, de Bases del Rйgimen Jurнdico de las Cбmaras Agrarias (posteriormente derogada por la Ley 18/2005, de 30 de septiembre), en el que se declaraban inembargables exclusivamente «los recursos procedentes de las subvenciones otorgadas por el Estado y las Comunidades Autуnomas para el funcionamiento de las Corporaciones reguladas por esta Ley». Siendo, por tanto, evidente que de dicha inembargabilidad, asн delimitada legalmente, no puede extraerse la conclusiуn de la existencia de un rйgimen de inalienabilidad de los bienes inmuebles de tales Corporaciones. aunque en ellos tengan su sede, ni colegirse sobre tal base la titularidad a su favor de bienes demaniales que, como se ha dicho, son extraсos a su patrimonio, patrimonio inmobiliario que, en consecuencia, es susceptible de enajenaciуn y gravamen, y por tanto de hipoteca (cfr. art. 106 de la Ley Hipotecaria ), siendo competente para realizar tales actos de disposiciуn el pleno de las Cбmaras (cfr. art. 10.2 de la Ley 1/1995, de las Cбmaras Agrarias de Castilla y Leуn), y ello sin perjuicio del destino fijado legalmente a dicho patrimonio para el caso de extinciуn de dichas Cбmaras (vid. arts. 39 del Cуdigo Civil. 30 de la citada Ley 1/1995 y disposiciуn adicional ъnica de la Ley 18/2005, de 30 de septiembre), consideraciones todas que conducen a la revocaciуn de la calificaciуn impugnada”. (JDR)

388. EJECUCIУN EXTRAJUDICIAL DE HIPOTECA. CANCELACIУN DE ANOTACIУN PREVENTIVA DE DEMANDA DE NULIDAD DE LA HIPOTECA. Resoluciуn de 18 de septiembre de 2013, de la Direcciуn General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificaciуn extendida por el registrador de la propiedad de Madrid n.є 17, por la que se acuerda no cancelar una anotaciуn preventiva de demanda solicitada en escritura de adjudicaciуn al acreedor de finca hipotecada en procedimiento de ejecuciуn extrajudicial de hipoteca.

Supuesto: Se plantea si con ocasiуn de la inscripciуn de una escritura de adjudicaciуn de finca en procedimiento de ejecuciуn extrajudicial puede cancelarse una anotaciуn preventiva de demanda de nulidad de la hipoteca que se ejecuta practicada con posterioridad a la nota marginal de expediciуn de la certificaciуn de dominio y cargas.

La Direcciуn confirma la nota ya que la soluciуn en el бmbito del procedimiento de ejecuciуn directa de la hipoteca es distinta que en la venta extrajudicial, lo que estб justificado ya que es un proceso bajo la decisiуn de la autoridad judicial, conforme al principio constitucional de tutela judicial efectiva. Asн, artнculo 236 l RH dispone claramente que la escritura de adjudicaciуn serб tнtulo bastante para la inscripciуn a favor del rematante o adjudicatario asн como para la cancelaciуn de la inscripciуn de la hipoteca ejecutada y de todos los asientos de cargas, gravбmenes y derechos consignados en el Registro con posterioridad a ella. Se exceptъan aquellos asientos ordenados por la autoridad judicial de los que resulte que se halla en litigio la vigencia misma de la hipoteca». Este fue el criterio sostenido ademбs por la R. de 27 de marzo de 2002, al considerar que la anotaciуn de demanda de nulidad de la hipoteca no es de los que puedan cancelarse como consecuencia de la adjudicaciуn, al poner en entredicho la validez de la propia hipoteca que se ejecuta, de manera que no podrнa cancelarse sino en virtud de mandamiento judicial. Este criterio se cambiу para la ejecuciуn judicial directa al reformarse el art. 131 LH por la LEC de 2000, determinando la cancelaciуn de las cargas posteriores a la nota marginal de expediciуn de certificaciуn de cargas, incluida la anotaciуn preventiva de nulidad de la hipoteca o cualesquiera otras que no se basen en alguno de los supuestos que puedan determinar la suspensiуn de la ejecuciуn. Y por eso la R. de 20 de julio de 2005 considerу correctamente cancelada una anotaciуn preventiva de nulidad de la hipoteca, no fundada en ninguna de las causas de suspensiуn u oposiciуn previstas en la ley. Sin embargo ninguna reforma similar fue prevista para la venta extrajudicial, que siguiу disponiendo en el art. 236 l la imposibilidad de cancelar la anotaciуn de la demanda de nulidad aunque fuera posterior a la nota marginal de expediciуn de certificaciуn de cargas. Y todo ello se debe a que la llamada ejecuciуn ante notario, no es propiamente un proceso, sino una venta extrajudicial; carбcter confirmado por la reforma por Ley 1/2013, de 14 de mayo, al distinguir claramente la ejecuciуn directa de la venta extrajudicial ante notario.

Asн enumera la Resoluciуn alguna de las diferencias entre ambos procedimientos. En el judicial cabe que ademбs de las causas de oposiciуn taxativamente seсaladas en la Ley, se puedan alegar –incluso apreciar de oficio por el juez– determinadas causas de nulidad del tнtulo (art. 695 LEC en la redacciуn dada por Ley 1/2013, de 14 de mayo, con relaciуn a las clбusulas abusivas que constituyan el fundamento de la ejecuciуn o hubieran determinado la cantidad exigible), posibilidad que no tiene el notario (art.129.2 LH ,); o que como ha puesto de manifiesto el centro directivo, en cuanto a la forma de practicar el requerimiento de pago, se ha afirmado la imposibilidad de aplicar la normativa general y la necesaria aplicaciуn de la normativa reguladora de la venta extrajudicial ante notario (R de 9 de mayo de 2013 ).; o la imposibilidad de expediciуn de certificaciуn de cargas en la venta extrajudicial, a instancia de quien aъn no figura como titular registral de la hipoteca, (R. de 19 de marzo y 8 de julio de 2013) a diferencia de la ejecuciуn directa donde rigen las normas propios de la sustituciуn procesal (R. de 5 de julio de 2013 ).

390. EJECUCIУN HIPOTECARIA: DEMANDA Y REQUERIMIENTO DE PAGO AL TERCER POSEEDOR. Resoluciуn de 19 de septiembre de 2013, de la Direcciуn General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificaciуn extendida por el registrador de la propiedad de Solsona, por la que se deniega la prбctica de los asientos solicitados en un decreto de adjudicaciуn y un mandamiento de cancelaciуn dictados en procedimiento de ejecuciуn hipotecaria. (JCC)

Reitera la doctrina ya sentada por las R. 13 de septiembre de 2012. R. 22 de mayo de 2013. R. 10 de julio de 2013 sobre la necesidad de requerimiento de pago al tercer poseedor. (JCC)

391. NO CABE RECURSO CONTRA ASIENTOS YA PRACTICADOS. Resoluciуn de 19 de septiembre de 2013, de la Direcciуn General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificaciуn extendida por el registrador de la propiedad de Telde n.є 3, por la que se suspende la cancelaciуn de una nota marginal de incoaciуn de procedimiento administrativo para la recuperaciуn de finca registral.

Reitera que el objeto del recurso es exclusivamente la determinaciуn de si la calificaciуn es o no ajustada a Derecho, y no cualquier otra pretensiуn de la parte recurrente, ni la determinaciуn de la validez o no del tнtulo inscrito ni de la procedencia o no de la prбctica de un asiento, cuestiones todas ellas reservadas al conocimiento de los tribunales.

Y que una vez practicado un asiento, el mismo se encuentra bajo la salvaguardia de los tribunales. produciendo todos sus efectos en tanto no se declare su inexactitud, bien por la parte interesada, bien por los tribunales de Justicia. (JCC)

392. ANOTACIУN DE EMBARGO. CONSTANCIA DE CARБCTER FAMILIAR DE LA VIVIENDA. Resoluciуn de 19 de septiembre de 2013, de la Direcciуn General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificaciуn extendida por la registradora de la propiedad de Narуn, por la que se suspende la extensiуn de la anotaciуn preventiva de embargo ordenada sobre una finca registral.

Supuesto: Se plantea si puede practicarse una anotaciуn de embargo sobre una vivienda privativa del deudor, cuando del mandamiento resulta que el domicilio del deudor se corresponde con la finca embargada y no se ha notificado al cуnyuge.

El art. 144.5 RH exige cuando el carбcter de vivienda habitual de la familia constase en el Registro para la anotaciуn del embargo de vivienda perteneciente a uno solo de los cуnyuges que del mandamiento resulte que la vivienda no tiene aquel carбcter o que el embargo ha sido notificado al cуnyuge. La Direcciуn ha entendido que para que el Registrador pueda rechazar el embargo es preciso que el carбcter de vivienda habitual resulte del Registro y no se acredite que el cуnyuge tiene conocimiento adecuado. en otro caso no compete al registrador la defensa de los intereses que pudieran estar menoscabados en el procedimiento seguido.

Ademбs hay que tener en cuenta el concepto de vivienda familiar. de acuerdo con el art. 40 CC. el domicilio de las personas naturales es el lugar de su residencia habitual, y para referirnos a la vivienda familiar del matrimonio, deberemos estar al domicilio que de comъn acuerdo haya sido fijado asн por los cуnyuges (art. 70 CC ), y ademбs respecto a la constancia del carбcter familiar de la vivienda esta debe ser clara y expresa, bien porque venga determinada por la manifestaciуn de su titular, bien por la realizaciуn de determinados actos que requieran el consentimiento del cуnyuge no titular, por ejemplo la constituciуn de una hipoteca, que ingresen en el registro dicho carбcter. En este caso hay una simple coincidencia en el lugar y pago que resulta de la descripciуn de la finca segъn el Registro y el domicilio que del deudor resulta del mandamiento y no pudiйndose basar la suspensiуn de la anotaciуn en la presunta posibilidad del carбcter familiar de la vivienda, y no constando este, habrб pues que considerar que es el уrgano jurisdiccional el que debe decidir, en funciуn de las circunstancias puestas de manifiesto en el procedimiento, si procede acceder al embargo de la vivienda y si ha de hacerse con o sin notificaciуn al cуnyuge del deudor titular. (MN)

393. EXPEDIENTE DE DOMINIO PARA LA REANUDACIУN DEL TRACTO. Resoluciуn de 20 de septiembre de 2013, de la Direcciуn General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificaciуn extendida por el registrador de la propiedad de Sanlъcar la Mayor n.є 1, por la que se deniega la inscripciуn de un expediente de dominio de reanudaciуn del tracto sucesivo.

Supuesto: Se plantea si puede utilizarse el expediente de dominio para reanudar el tracto sucesivo cuando el promovente ha adquirido del titular registral.

La Direcciуn confirma la nota dado el carбcter excepcional del expediente. Esta excepcionalidad justifica una comprobaciуn minuciosa del cumplimiento de los requisitos y exigencias legalmente prevenidas, a fin de evitar la vulneraciуn o indebida apropiaciуn de derechos de terceros (al permitir una disminuciуn de las formalidades que en los supuestos ordinarios se prescriben, como por ejemplo la exigencia de formalizaciуn pъblica del negocio adquisitivo para su inscripciуn registral), o la elusiуn de las obligaciones fiscales (las inherentes a las transmisiones intermedias, etc.).

Ello conlleva tanto una interpretaciуn restrictiva de sus normas reguladoras y en especial de las que definen la propia hipуtesis de interrupciуn de tracto, de modo que sуlo cuando efectivamente concurra esta hipуtesis y asн resulte del auto calificado, puede accederse a la inscripciуn. De ahн que no se admita la posibilidad de expediente de dominio cuando el promotor sea causahabiente del titular registral ya que en tales casos no hay verdadero tracto interrumpido y lo procedente es aportar el tнtulo de adquisiciуn. Y aun cuando el propio centro ha matizado esta doctrina en determinados supuestos, este caso no encaja en ninguno de ellos: no estamos ante un caso en el que el promotor carezca de acciуn para subsanar las deficiencias formales que pudieran afectar a su transmitente; ni tampoco ante el supuesto (R. 22 de mayo de 1995 y R. 7 de Diciembre de 2012 ) de que en el momento de iniciar el expediente la cadena de transmisiones no se hubiese documentado debidamente, sino que en el momento de iniciarse el expediente los promotores, que habнan adquirido de los titulares registrales, tenнan acciуn contra ellos para elevar a pъblico el contrato realizad o. Nada cambia el fallecimiento de los titulares registrales pues la obligaciуn de elevar a pъblico corresponde a sus herederos contra los que debiу dirigirse la oportuna acciуn. (MN)

394. EMBARGO POSTERIOR A AUTO DE DECLARACIУN DE CONCURSO PERO PRESENTADO ANTES. Resoluciуn de 20 de septiembre de 2013, de la Direcciуn General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificaciуn extendida por el registrador de la propiedad de Almendralejo, por la que se suspende la anotaciуn preventiva de embargo ordenada en mandamiento judicial.

Hechos: Se decreta judicialmente un embargo de un bien de una sociedad y se expide un mandamiento ordenando su anotaciуn. Antes de la calificaciуn registral se presenta otro documento judicial para anotar la declaraciуn de concurso de la sociedad embargada. De dichos documentos resulta que la declaraciуn de concurso es previa a la declaraciуn de embargo, aunque ha sido presentada en el Registro mбs tarde que el mandamiento de embargo.

El registrador deniega la anotaciуn del embargo porque da prioridad a la fecha de declaraciуn de concurso, con fundamento en el artнculo 55 de la Ley Concursal.

El acreedor demandante alega que para denegar el embargo tendrнa que estar anotada la declaraciуn de concurso y que se infringe el artнculo 24.4 de la Ley Concursal. Ademбs aсade que se ha solicitado la suspensiуn del concurso, que ya se ha decretado, (aunque los documentos acreditativos se presentan despuйs de la calificaciуn).

La DGRN confirma la nota del registrador seсalando que la regla general es la prioridad registral dada por el orden de presentaciуn de los documentos, aunque este principio no juega cuando se trata de documentos posteriores que afectan a situaciones subjetivas del otorgante del documento, como en este caso. Tampoco pueden ser tenidos en cuenta los documentos presentados con posterioridad a la calificaciуn.

El registrador debe comprobar de oficio la fecha de declaraciуn de concurso, cuyos efectos surgen desde el momento de la declaraciуn conforme al artнculo 21.2 de dicha norma.

La constancia registral de la declaraciуn de concurso no es propiamente una carga registral y en consecuencia se ha de dar prevalencia a lo dispuesto en el citado artнculo 55 de la ley Concursal, por lo que concluye que el registrador actuу acertadamente. (AFS)

395. PUBLICIDAD FORMAL. IDENTIFICACIУN DEL SOLICITANTE. Resoluciуn de 20 de septiembre de 2013, de la Direcciуn General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificaciуn extendida por el registrador de la propiedad de Las Palmas de Gran Canaria n.є 5, por la que se rechaza la expediciуn de la informaciуn solicitada.

Supuesto: Se plantea la cuestiуn de si es exigible, a quien solicita la expediciуn por parte del registrador de determinada publicidad formal, que identifique la persona interesada en obtener la informaciуn cuando el solicitante es una sociedad dedicada profesionalmente a una actividad relacionada con el mercado hipotecario.

A juicio del registrador en este supuesto debe identificarse debidamente al destinatario ъltimo de la informaciуn mientras que el recurrente entiende que basta con que consten sus propios datos de identificaciуn.

La DGRN confirma la calificaciуn negativa del registrador, diciendo que “no es posible mantener, como hace el escrito de recurso, que en las solicitudes de informaciуn por cuenta de tercero, el artнculo 332.3 del Reglamento Hipotecario da el mismo trato a la cuestiуn de la acreditaciуn del encargo (que dispensa en los supuestos que contempla) que a la cuestiуn de la identificaciуn de la persona por cuya cuenta actъa (que no se dispensa en ningъn caso). La R. 16 de septiembre de 2011 que cita en su apoyo el recurrente no hace sino confirmar lo hasta ahora expuesto”.

Y concluye que “la persona del mandante debe ser debidamente identificada. De otro modo, el derecho que al titular de los datos personales reconoce la legislaciуn especial de conocer quiйn estб solicitando informaciуn quedarнa desvirtuado” (…) “En definitiva, no puede confundirse la finalidad de la norma, que no es otra que facilitar la actuaciуn de solicitantes de informaciуn por cuenta de terceros que, por su carбcter de actores del mercado estбn dispensados de acreditar el mandato recibido, con el derecho que corresponde al titular de datos personales a saber quiйn estб solicitando informaciуn de los mismos, derecho que debe quedar salvaguardado en cualquier caso de acuerdo con la interpretaciуn que nuestro Tribunal Constitucional ha hecho del contenido del derecho fundamental contemplado en el artнculo 18.4 de la Constituciуn Espaсola .”(JDR)

396. ENAJENACIУN DIRECTA DE UN BIEN PATRIMONIAL DE UN AYUNTAMIENTO EN ANDALUCНA. Resoluciуn de 23 de septiembre de 2013, de la Direcciуn General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la calificaciуn del registrador de la propiedad de Бlora, por la que se suspende la inscripciуn de una escritura de compraventa.

Hechos: Se otorga una escritura de venta directa de una vivienda por un Ayuntamiento en Andalucнa a favor de sus ocupantes desde hace mбs de cuarenta aсos, como culminaciуn del expediente administrativo tramitado al efecto, y en base a lo dispuesto en el artнculo 21.k de la ley Andaluza 7/99 que permite la enajenaciуn directa “por razones excepcionales” a los ocupantes de la finca. Consta un informe de los servicios sociales municipales favorable y un informe tйcnico justificativo del valor de dicho bien.

El registrador suspende la inscripciуn del documento, pues considera, entre otros defectos no recurridos o ya subsanados, que no se dan esas razones excepcionales, juzgando para ello la situaciуn socioeconуmica de los adjudicatarios compradores, y, por otro lado, aсadiendo que no se cumple el principio de interйs pъblico.

El Ayuntamiento recurrente considera que el registrador se ha extralimitado en sus funciones de calificaciуn, contradiciendo ademбs un informe de un tйcnico municipal con formaciуn universitaria especнfica.

La DGRN revoca la calificaciуn del registrador seсalando que:

El registrador, en los procedimientos administrativos -a pesar de que los actos administrativos se presumen vбlidos y eficaces y de que son ejecutivos, aunque no sean firmes, puede calificar, entre otros aspectos, si se han seguido los trбmites esenciales del procedimiento, conforme al artнculo 99 del Reglamento Hipotecario. Sin embargo sуlo cuando se haya prescindido totalmente del procedimiento adecuado de manera ostensible puede calificar negativamente este punto.

En materia de enajenaciуn de bienes de entidades locales es de aplicaciуn la norma autonуmica. pues la norma estatal, mбs restrictiva, no tiene la consideraciуn de legislaciуn bбsica.

En el caso concreto es claro que se ha seguido el procedimiento adecuado por lo que el registrador no puede entrar a calificar el fondo del asunto, no puede valorar las concretas razones del Ayuntamiento de apreciaciуn de esas circunstancias excepcionales, pues ademбs estбn fundamentadas en sendos informes tйcnicos por lo que la Administraciуn ha actuado dentro del margen legal de discrecionalidad de que es competente.

Por otro lado, en cuanto al concepto de interйs general o pъblico puesto en duda por el registrador, argumenta que no es contradictorio a veces con el interйs privado, especialmente en asuntos sociales, por lo que, en atenciуn al principio de oportunidad, es competencia de la Administraciуn valorar eses interйs pъblico de manera discrecional cuando hay una remisiуn legal que le faculte para ello, como en el presente caso. Por ello no cabe su fiscalizaciуn por el registrador, salvo supuestos excepcionales que difнcilmente podrбn controvertirse en el бmbito registral. (AFS)

398. ANOTACIУN DE EMBARGO CONTRA SOCIEDAD ABSORBENTE DE LA TITULAR. TRACTO SUCESIVO. Resoluciуn de 30 de septiembre de 2013, de la Direcciуn General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificaciуn extendida por la registradora de la propiedad de Barcelona n.є 6, por la que se suspenden unas anotaciones preventivas de embargo ordenadas en mandamiento judicial.

Supuesto: Se presenta mandamiento de embargo sobre fincas cuyo titular registral es –segъn se hace constar en el decreto de embargo– una sociedad limitada absorbida por otra sociedad limitada que es contra la que se sigue el procedimiento ejecutivo.

La registradora despuйs de comprobar la inscripciуn de la absorciуn en el Registro Mercantil suspende las anotaciones por ser el titular registral persona distinta del ejecutado y por no existir en el бmbito de la sucesiуn universal entre personas jurнdicas una norma paralela al art 166.1 2є RH. que permite practicar la anotaciуn preventiva de embargo sobre bienes inscritos a nombre del causante por deudas propias del heredero. Asimismo, considera que la falta de inscripciуn a favor de la sociedad absorbente puede ser debida a que la sociedad absorbida haya transmitido las fincas a un tercero que no haya querido o podido inscribir la adquisiciуn.

La Direcciуn admite el recurso, ya que comprobada la inscripciуn de la absorciуn en el Registro Mercantil se presume que es exacta y vбlida de acuerdo con el principio de legitimaciуn registral (arts. 20.1C.Com. y 7 RRM ), y produce de derecho la transmisiуn en bloque del patrimonio de la sociedad absorbida a la sociedad absorbente (arts. 22 y 46 Ley 3/2009, sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles). Teniendo en cuenta el 38.3 LH que establece que en caso de juicio ejecutivo contra bienes inmuebles determinados se sobreseerб el procedimiento en el instante que conste en autos que dichos bienes o derechos constan inscritos a favor de persona distinta de aquella contra la cual se decretу el embargo «a no ser que se hubiere dirigido contra ella la acciуn en concepto de heredera del que aparece como dueсo en el Registro»; entiende que hay identidad de razуn con el art. 166 RH cuando admite anotaciуn de embargo por deudas propias del demandado en que concurra heredero o legatario del titular registral, y que serнa aplicable a la sucesiуn universal causada por la absorciуn; y asн llega a la conclusiуn deque el embargo trabado contra la sociedad absorbente cuando consta justificada la absorciуn es suficiente para tomar anotaciуn preventiva sobre la finca inscrita a favor de la sociedad absorbida, aunque dicha absorciуn no se encuentre inscrita en el Registro de la Propiedad. El hecho de que pudiera haber una eventual transmisiуn no inscrita no puede tenerse en cuenta puesto que de acuerdo con el principio de legitimaciуn recogido en el art. 38 LH a todos los efectos legales se presume que el dominio inscrito existe y pertenece a su titular en la forma determinada en el asiento respectivo y de la misma forma, de conformidad con el principio de inoponibilidad proclamado en el art. 32. los tнtulos relativos al dominio y demбs derechos reales no inscritos no pueden perjudicar a terceros. (MN)

399. FACULTADES DEL ALBACEA CONTADOR PARTIDOR. CONCRECIУN DE BIENES EN EJECUCIУN DE PERMUTA. Resoluciуn de 30 de septiembre de 2013, de la Direcciуn General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra las notas de calificaciуn de la registradora de la propiedad de Olivenza, por las que se deniegan las inscripciones de una escritura de protocolizaciуn de operaciones particionales y de un acta de entrega de viviendas y locales consecuencia de permuta de parcela.

Hechos: Se otorga una permuta de solar por cosa futura atribuyйndose a los permutantes del solar, un matrimonio, un derecho equivalente a un 18% de los pisos futuros, pero que no se concretan en ese acto.

Posteriormente fallece el marido habiendo designado un albacea contador partidor, quien, junto con la viuda, otorga una escritura en la que liquidan la sociedad conyugal inventariando ya bienes concretos procedentes de esa permuta, y en la que el contador partidor protocoliza una serie de operaciones particionales adjudicando dichas fincas procedentes de la permuta a determinados herederos.

Finalmente, en ejecuciуn de la permuta, se otorga un Acta notarial de entrega de bienes por la sociedad constructora permutante, los herederos adjudicatarios de dichos bienes en la particiуn (que no son todos los herederos), y la viuda. Los bienes entregados son los mismos que figuran en la particiуn. Ambos documentos se presentan a inscripciуn.

La registradora considera que tienen que prestar su consentimiento en la entrega de fincas todos los herederos, como causahabientes de su padre difunto, pues la concreciуn de las fincas no puede efectuarla el contador partidor al exceder de sus facultades. Por otro lado aсade que se hace menciуn en ambos documentos a que se concretaron dichas fincas por acuerdo previo, que no se acredita.

La recurrente alega que el albacea contador partidor es un alter ego del causante, que tiene facultades de interpretaciуn de su testamento, y que su particiуn debe de ser respetada como si la hubiera hecho el causante. Seсala tambiйn que el porcentaje indiviso recibido por la permuta estaba ya en el patrimonio del causante, como un verdadero “ius ad rem”, por lo que el contador partidor se limita a concretar los bienes que adjudica a cada heredero en ejercicio de sus facultades de contar y partir, reconociendo que habнa habido un pacto previo entre la promotora y los cуnyuges.

La DGRN revoca la calificaciуn declarando que la concreciуn de los bienes correspondientes a ese derecho del 18% de permuta es un acto meramente instrumental de la particiуn y por tanto el contador partidor ha actuado dentro de sus competencias.

A continuaciуn, desde el punto de vista teуrico, concreta diversos actos que considera que entran dentro de las facultades de contar y partir y otros que exceden de ellas. Aсade tambiйn que entre sus funciones estб la de interpretar y ejecutar la voluntad testamentaria, pero no realizar actos dispositivos.

En el caso concreto fundamenta su postura en favor de la admisiуn en que el contador partidor tiene las mбs amplias facultades segъn el testamento, y en que la divisiуn horizontal estaba ya hecha en vida del causante, asн como el acuerdo previo de concreciуn de fincas.

Comentario.- En mi opiniуn tiene razуn la registradora. Piйnsese que para concretar los bienes a recibir de la permuta hay que valorarlos previamente y que ello puede afectar al valor del caudal relicto y por tanto de las legнtimas y al haber hereditario de cada heredero. No es por tanto un acto de contar y partir o de interpretar o ejecutar la voluntad del testador ni instrumental previo a la particiуn (como podrнas serlo una segregaciуn u obra nueva). No contradice lo anterior que el contador tenga las mбs amplias facultades en el testamento, pues no puede superar las que la ley le reconoce, ni que la concreciуn se hiciera, presuntamente, en vida del causante sin documento fehaciente, ni el hecho de que la divisiуn horizontal se hiciera tambiйn en vida del causante, que nada tiene que ver con el contador ni con la herencia, pues la otorgу la sociedad permutante.

En definitiva, si la concreciуn se acordу en vida del causante hay que acreditarlo fehacientemente con la escritura correspondiente y si no la hay, como parece, lo tienen que ratificar sus herederos, pero todos, pues todos son causahabientes y a todos afecta. Una vez subsanado este problema ya sн serнa inscribible la particiуn del contador partidor, siempre que coincidan las fincas inventariadas. (AFS)

401.- ADJUDICACIУN EN PROINDIVISO AL NO OBTENER LICENCIA DE SEGREGACIУN. Resoluciуn de 1 de octubre de 2013, de la Direcciуn General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificaciуn extendida por el registrador de la propiedad interino de Berja, por la que se suspende la inscripciуn de una escritura de resoluciуn de parcelaciуn y adjudicaciуn.

Hechos. En el aсo 2003. como consecuencia de las operaciones particionales de XX, se formaliza una escritura de segregaciуn y entrega de legados, en que se atribuyen a dos sobrinos del causante, conforme a la expresa manifestaciуn del mismo en testamento, una finca rъstica a cada uno (dos bancales, dice la escritura), finca matriz para uno y segregada para otro. Sin embargo, no se consigue obtener licencia de segregaciуn o innecesaridad para ello, por lo que la segregaciуn no se inscribe en el Registro de la Propiedad.

Diez aсos despuйs o sea en 2013. se presentan en el registro de la propiedad dos escrituras. una de resoluciуn de la segregaciуn practicada, y otra de adjudicaciуn de la total finca anterior por iguales partes y proindiviso a los dos sobrinos mencionados.

Registrador. Rechaza la inscripciуn en base a que conforme al art 66 de la Ley Andaluza 7/2002 de 17 de diciembre. no se puede autorizar ni inscribir escritura alguna que contenga acto de parcelaciуn. sin la aportaciуn de licencia o declaraciуn de su innecesaridad. y en el presente caso ademбs, son actos reveladores de una posible parcelaciуn urbanнstica la asignaciуn de parcela con uso individualizado o cuotas en proindiviso de un terreno.

Notario: Para el notario, conforme a la R. 2 de enero de 2013. no puede aceptarse que toda adjudicaciуn proindiviso suponga presunciуn de una parcelaciуn, mбs cuando no existe indicio alguno de ello, y en el supuesto precisamente, se resuelve una segregaciуn anterior por falta de licencia; segregaciуn que no fue voluntaria, sino dimanante de un testamento en que el testador dividнa en su testamento la finca en dos porciones, una para cada legatario.

Direcciуn General. Estima el recurso en base a los siguientes argumentos:

-Pese a que la legislaciуn andaluza determina quй actos estбn sometidos a licencia y quй actos se pueden estimar reveladores de una posible parcelaciуn urbanнstica ilegal, es la normativa hipotecaria, integrada en el Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio, que complementa al Reglamento Hipotecario, la que resulta de aplicaciуn para determinar la forma y efectos de la acreditaciуn de esas licencias a los efectos del procedimiento registral.

-Y por otra parte, dada la naturaleza de la finca (bancal de mil setecientos metros cuadrados); las causas de la adjudicaciуn indivisa (un legado testamentario); y la inexistencia de pactos, en el presente caso ha de considerarse que no existe indicio alguno revelador de una parcelaciуn. Y todo ello, sin perjuicio de que «la autoridad administrativa, utilizando medios mбs amplios de los que se pueden emplear por el registrador, pueda estimar la existencia de una parcelaciуn ilegal», lo que no puede deducirse «per se» del supuesto planteado. (JLN)

402. EJECUCIУN HIPOTECARIA. CANCELACIУN DE AFECCIУN URBANНSTICA CADUCADA. Resoluciуn de 1 de octubre de 2013, de la Direcciуn General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificaciуn extendida por el registrador de la propiedad de Madrid n.є 17, por la que se deniega la cancelaciуn de una afecciуn urbanнstica al pago de costes de urbanizaciуn.

Supuesto: Se plantea si al ejecutar una hipoteca anterior procede cancelar por caducidad una afecciуn urbanнstica por gastos de urbanizaciуn cuando no se ha anotado preventivamente la vнa de apremio por impago de dichos gastos dentro del plazo de vigencia de dicha afecciуn.

La Direcciуn estima el recurso ya que entiende de conformidad con los arts. 19 y 20 del RD 1093/1997. a los titulares de dominio o cargas sobre las fincas de resultado, la afecciуn urbanнstica sуlo podrб perjudicarles en la medida en que resulte inscrita y no haya caducado. Una vez iniciado el procedimiento de apremio, serб preciso que la Administraciуn ejecutante anote preventivamente el embargo, conservando la prioridad resultante de la afecciуn si йsta estuviere vigente. En este caso del historial de la finca resulta una nota marginal en la que se hace constar «la expediciуn de certificaciуn a solicitud de la Recaudaciуn Ejecutiva del Ayuntamiento de Madrid, para surtir efectos en el expediente de apremio administrativo que se sigue por los gastos derivados del Proyecto de Gestiуn Urbanнstica… a efectos de proceder a ejecutar la afecciуn de carбcter real…». Sin embargo, no consta haberse practicado la correspondiente anotaciуn preventiva de embargo, siendo asн que el art. 143, 2є RH. referido a los procedimientos judiciales, pero igualmente aplicable a los administrativos determina que «no procederб la extensiуn de esta nota si antes no se ha hecho la anotaciуn preventiva del embargo correspondiente», lo que es lуgico pues la nota marginal carece de autonomнa propia, al ser accesoria de la anotaciуn de embargo y no poder sustituir en sus efectos a йsta. En consecuencia no cabe entender prorrogada la preferencia que da la afecciуn urbanнstica por existir una nota marginal de expediciуn de certificaciуn, cuando no se ha tomado anotaciуn preventiva que la sustente. Por tanto es procedente la cancelaciуn de la afecciуn urbanнstica caducada, al inscribirse la venta extrajudicial de la hipoteca anterior. (MN)

403. SEGREGACIУN MENCIONANDO DERECHO DE SUPERFICIE Y OBRA NUEVA ANTERIOR. Resoluciуn de 2 de octubre de 2013, de la Direcciуn General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificaciуn del registrador de la propiedad de Alicante n.є 3, por la que se deniega la inscripciуn de una escritura de segregaciуn.

Hechos: En 2013 se otorga una escritura de segregaciуn de una finca, en la que tambiйn se actualiza la descripciуn del resto de la misma. En la escritura, al describir el resto, se menciona la existencia de un derecho de superficie y una construcciуn, que se describe nuevamente rectificando o aclarando una declaraciуn de obra nueva previa no inscrita. Se presentan tambiйn varias escrituras previas relativas a dicha finca, al ahora resto, en las que se documenta una agregaciуn, una donaciуn de un derecho de superficie y una obra nueva, que presentan defectos previos y no estбn inscritas.

El registrador deniega la inscripciуn de la escritura de 2013 porque entiende que no puede practicar la segregaciуn ni tampoco las operaciones registrales sobre el Resto sin haberse inscrito las operaciones previas. Alega tambiйn que el documento administrativo relativo a la segregaciуn, que es un documento electrуnico trasladado a papel con cуdigo seguro de verificaciуn, no reъne los requisitos adecuados para su acceso al Registro, pues no tiene ni firma reconocida del funcionario, ni sellado de tiempo (en el momento de la emisiуn) por un tercero.

El recurrente argumenta que no hay ningъn obstбculo para inscribir la segregaciуn pues las operaciones previas no inscritas en nada afectan a la operaciуn de segregaciуn, a la parcela segregada. En cuanto al resto, justifica la diferencia de cabida respecto de la inscrita con dos actas administrativas de ocupaciуn por expropiaciуn.

La DGRN desestima el recurso, pues en cuanto a la inscripciуn de la nueva descripciуn del Resto de finca exige que se constituya debidamente el derecho de superficie y se declare con los requisitos reglamentarios la Obra Nueva. Sin embargo declara que no existe ningъn obstбculo para inscribir la segregaciуn, tal como solicita el recurrente, como inscripciуn parcial del documento.

Comentario: No se entiende bien el sentido y la congruencia de esta Resoluciуn con el recurso y la calificaciуn previa pues si la DGRN estima que es directamente inscribible la segregaciуn, tal como reclama el recurrente y en contra de lo que sostiene el registrador, la ъnica conclusiуn posible es entender que el recurso se estб estimando, al menos en parte, y en cambio se desestima totalmente

Por otro lado la DGRN no entra a valorar, y hubiera sido interesante, los argumentos del registrador relativos a los requisitos de validez del documento administrativo electrуnico presentado (trasladado a papel), en particular los conceptos de cуdigo seguro de verificaciуn, la firma reconocida de funcionario y el sellado de tiempo. (AFS)

D404. EXPEDICIУN DE CERTIFICACIУN Y NOTA MARGINAL FIGURANDO INSCRITA LA HIPOTECA A FAVOR DE ENTIDAD CAUSAHABIENTE POR SUCESION UNIVERSAL. IDENTIFICACIУN DE LA HIPOTECA OBJETO DE EJECUCIУN. Resoluciуn de 2 de octubre de 2013, de la Direcciуn General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificaciуn extendida por el registrador de la propiedad de Madrid n.є 53, por la que se deniega la expediciуn de la certificaciуn ordenada por mandamiento judicial extendido en procedimiento de ejecuciуn directa de hipoteca.

Supuesto: se cuestiona si puede expedirse certificaciуn de dominio y de cargas en procedimiento judicial de ejecuciуn hipotecaria, con la consiguiente extensiуn de nota marginal, teniendo en cuenta que el procedimiento fue iniciado a instancia de «Bankia, S.A.» cuando la hipoteca aparece inscrita a favor de Bancaja, fenуmeno bastante frecuente en la actualidad dentro del proceso de modificaciуn de las estructuras de las cajas de ahorro en el sistema financiero espaсol.

La calificaciуn registral deniega la expediciуn de esta certificaciуn ordenada en el mandamiento judicial, entre otras razones, por no cumplirse con el tracto sucesivo en la titularidad registral, al constar inscrita la hipoteca a nombre de acreedor distinto de quien solicita la expediciуn de la certificaciуn.

La DGRN revoca la nota de calificaciуn porque dice la expediciуn de la certificaciуn de cargas en la ejecuciуn directa judicialno es mбs que un trбmite procesal que todavнa no conlleva el expresado cambio en la titularidad de la hipoteca o de la finca como consecuencia de la ejecuciуn. El hecho de que sea solicitada por el causahabiente del titular registral no debe impedir que se expida la certificaciуn, sin perjuicio de que el registrador advierta de esta circunstancia en la certificaciуn al expedirla, con la finalidad de que el solicitante conozca la necesidad de practicar la inscripciуn a su nombre, previa o simultбneamente, a la inscripciуn del decreto de adjudicaciуn.

La DGRN hace una serie de consideraciones que interesa destacar porque se refieren a las diferencias entre la legitimaciуn registral y procesal, asн como a los efectos de estas certificaciones y al distinto tratamiento que se les ha de dar segъn el procedimiento en el que sean solicitadas.

1. Caso de solicitud de certificaciуn de dominio y cargas en la ejecuciуn extrajudicial ante Notario. їPuede expedirse la certificaciуn a instancia de quien no figura aun como titular registral de la hipoteca? NO.

Teniendo en cuenta que la escritura de venta final ha de otorgarse por el mandatario designado en la escritura de constituciуn –generalmente el acreedor– y a falta de este por el deudor titular de la finca, este Centro Directivo ha sostenido la imposibilidad de expedirse certificaciуn de cargas a instancia de quien no figura aъn como titular registral de la hipoteca. Por otra parte, en cuanto ejecuciуn de un pacto voluntario inter partes, tiene naturaleza bien distinta a la del procedimiento de ejecuciуn judicial, no siйndole aplicables las normas de sucesiуn procesal de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

2 Caso de solicitud de certificaciуn de dominio y cargas en la ejecuciуn judicial directa. їPuede expedirse la certificaciуn a instancia de quien no figura aun como titular registral de la hipoteca? SI.

La expediciуn de la certificaciуn de cargas en la ejecuciуn directa judicial no es mбs que un trбmite procesal que todavнa no conlleva el expresado cambio en la titularidad de la hipoteca o de la finca como consecuencia de la ejecuciуn. Es decir, tal expediciуn y la consiguiente nota marginal no tienen trascendencia real inmediata o directa sobre la hipoteca o sobre la finca.

3 їCuбndo en la ejecuciуn judicial directa ha de cumplirse el requisito del tracto sucesivo en relaciуn a la hipoteca. cuando se pretenda inscribir cualquier vicisitud jurнdica de trascendencia real en relaciуn a la misma o a la ejecuciуn de la finca derivada de ella (cesiуn de crйdito, pago con subrogaciуn, adjudicaciуn de la finca como consecuencia del procedimiento de ejecuciуn directa, etc.). De manera que el decreto de adjudicaciуn no podrб inscribirse sin la previa inscripciуn a favor del causahabiente del titular registral de la hipoteca que se subroga en la posiciуn de demandante.

4 Legitimaciуn registral, legitimaciуn procesal y tracto sucesivo. En el бmbito registral, la legitimaciуn registral derivada de la inscripciуn no puede ser suplida por la legitimaciуn procesal en el procedimiento, legitimaciуn que estб sujeta a requisitos diferentes, y que es generadora de efectos tambiйn distintos (vid. artнculo 17 de la Ley de Enjuiciamiento Civil versus artнculo 130 de la Ley Hipotecaria ).

Tal distinciуn justifica la reiteradнsima doctrina de este Centro Directivo, recaнda al interpretar el artнculo 100 del Reglamento Hipotecario. conforme a la cual en cuanto al бmbito de la calificaciуn registral de las actuaciones judiciales, se ha de distinguir con nitidez las cuestiones relativas a la personalidad de la parte actora y a la legitimaciуn procesal, de un lado, que corresponde apreciar al juzgador, y de otro lado, el requisito del tracto sucesivo, que debe ser calificado por el registrador.

5. Naturaleza y efectos de la nota marginal de expediciуn de certificaciуn de dominio y cargas en el procedimiento de ejecuciуn judicial directa.

a) Opera como una condiciуn resolutoria: si bien no produce el cierre registral . sн opera como una condiciуn resolutoria porque determinarб en su momento la cancelaciуn de todos los asientos practicados con posterioridad al de la hipoteca que sea base del procedimiento.

b) Opera como notificaciуn formal . no mera publicidad noticia: tiene valor de notificaciуn formal y consecuentemente funciуn sustitutiva de notificaciones individualizadas respecto de los titulares posteriores a la misma conforme a lo dispuesto en los artнculos 132.2.є y 134.1.є de la Ley Hipotecaria, constituyendo por este motivo requisito esencial del procedimiento.

c)No es equiparable a la nota que se practica en el procedimiento ejecutivo general en relaciуn con la anotaciуn preventiva de embargo: La nota marginal en el procedimiento de ejecuciуn directa constituye, para quien consulta los libros del Registro o inscribe con posterioridad a la misma, la ъnica forma de tener conocimiento de la apertura de la fase ejecutiva de la garantнa real, a diferencia de lo que sucede con la anotaciуn preventiva de embargo, cuya sola existencia ya advierte a quien consulta o accede al registro despuйs de la muy probable e inminente ejecuciуn y fragilidad de su derecho.

d)Interrupciуn de la prescripciуn . la nota marginal de expediciуn de certificaciуn de dominio y cargas interrumpe la prescripciуn de la acciуn hipotecaria conforme a lo dispuesto por el artнculo 1.973 del Cуdigo Civil. impidiendo con su constancia el juego de la cancelaciуn de hipoteca por caducidad a que alude el ъltimo pбrrafo del artнculo 82 de la Ley Hipotecaria (R. 8 de Marzo de 2005 ).

358. CONSTITUCIУN DE JUNTA GENERAL: DEBE CONSTAR QUIEN ES EL PRESIDENTE DE LA JUNTA. NOTIFICACION A LOS EFECTOS DEL ARTНCULO 111 DEL RRM. ANOTACIУN DE DEMANDA DE SUSPENSIУN DE ACUERDOS SOCIALES DE CESE Y NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADORES. Resoluciуn de 28 de agosto de 2013, de la Direcciуn General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la calificaciуn extendida por el registrador mercantil y de bienes muebles III de Sevilla, por la que rechaza la inscripciуn de una escritura de elevaciуn a pъblico de acuerdos sociales de cese y nombramiento de administradores.

Hechos: Se trata de un complejo supuesto relativo a cese y nombramiento de administradores. supuesto de hecho relacionado con la resoluciуn resumida bajo el nъmero 348, que en lo que a nosotros nos interesa, se puede concretar en los siguientes defectos a un acuerdo de junta general:

1є. Dado que la junta celebrada no es universal, debe “constar en la certificaciуn que del acta se expida –y, en su caso, en la certificaciуn de su contenido– los elementos esenciales para poder apreciar la regularidad de la convocatoria (entre otros el nombre y el cargo de las personas que hayan efectuado dicha convocatoria …………”.

2є. Debe aclararse quй concretos Administradores son los cesados.

3є. Respecto de la notificaciуn fehaciente del nombramiento de Administradores solidarios que se realiza a los anteriores titulares de cargo certificante inscrito, debe acompaсarse copia del acta notarial de la junta en la que consta el requerimiento para la referida notificaciуn.

Existe presentado en el registro un mandamiento de suspensiуn de acuerdos sociales relativos al cese y nombramiento de administradores anteriores a los que son objeto de recurso.

La sociedad recurre.

Doctrina: La DG, previa diversas aclaraciones, revoca el tercer defecto. no entra en el segundo por no haber sido recurrido, y confirma el primero. Al propio tiempo seсala un nuevo defecto que se puede considerar нnsito en la calificaciуn y relato de los hechos, y aclara los efectos de la anotaciуn de suspensiуn de acuerdos sociales, dada su presentaciуn previas, con relaciуn de los administradores. Veamos.

Respecto del primer defecto reitera su doctrina de 22 de julio, resumida bajo el nъmero 348, de que “deben constar en la certificaciуn de los acuerdos sociales –o en la escritura o el acta notarial, en el presente supuesto– los elementos esenciales para poder apreciar la regularidad de la convocatoria de la junta general” y “entre ellos el nombre y el cargo de las personas que hayan efectuado dicha convocatoria”.

Respecto del tercer defecto aclara, una vez mбs, la DG, el sentido del Art. 111 y dice que tal y como ha sido formulada la calificaciуn, esta no puede ser mantenida pues “se acompaсa notificaciуn fehaciente practicada conforme al artнculo 202 del Reglamento Notarial, haciendo constar el notario autorizante que ha sido requerido para ello por la sociedad en el acta notarial de la junta general ”. En definitiva “ha quedado debidamente cumplido lo dispuesto en el artнculo 111 del Reglamento del Registro Mercantil, al acompaсarse la notificaciуn fehaciente exigida, para la que no se aсade ningъn requisito adicional sobre la especificaciуn del requirente –identificaciуn, capacidad, legitimaciуn– en un caso como el que ha motivado este recurso (cfr. artнculos 198.1, nъmeros 1.є, 2.є y 8.є, y 202 del Reglamento Notarial), en el que de los mismos acuerdos que se elevan a pъblico resultan tales circunstancias, y entre ellas el evidente interйs legнtimo para instar la preceptiva notificaciуn”.

Respecto de los efectos de la anotaciуn de suspensiуn de acuerdos sociales. estйn o no inscritos, esa anotaciуn “no produce ningъn cierre registral”. Para la DG esa anotaciуn de suspensiуn con relaciуn a los acuerdos de cese y nombramiento de administradores, lo que produce es “una supresiуn absoluta de todas las facultades de administraciуn y representaciуn” y por tanto “desde que es eficaz el auto judicial ,….(los) administradores quedan suspendidos en el ejercicio de todas sus funciones hasta que otra cosa resuelva sobre el particular el juez que conoce de la causa de impugnaciуn. Esa suspensiуn en el ejercicio del cargo, a menos que el juez ordene lo contrario, no entraсa, desde luego, la reviviscencia o rehabilitaciуn, ni siquiera temporal. de quienes hubieran sido los anteriores administradores. En consecuencia de todo lo anterior, la sociedad queda provisionalmente y mientras dure el proceso, acйfala. sin administradores en activo pero sujeta a intervenciуn judicial. Ciertamente que esta acefalia puede ser salvada en cualquier momento mediante la oportuna adopciуn y consecuente publicidad registral de la medida cautelar de nombramiento de administrador judicial ex artнculo 727.2.Є de la Ley de Enjuiciamiento Civil o bien mediante nombramiento efectuado por la propia sociedad en Junta general universal. En esta situaciуn, ni los Administradores inscritos pero suspendidos en sus funciones ni los anteriores pueden convocar la Junta de socios. Lo mismo tiene declarado este centro directivo en relaciуn con los Administradores y Liquidadores suspendidos en sus funciones en una sociedad concursada (cfr. R. 1 de Febrero de 2008 y R. 4 de julio de 2011 ).

Finalmente y en cuanto a la designaciуn de presidente aclara que ese presidente “debe ser designado por los socios concurrentes al comienzo de la sesiуn” y al mismo “corresponde hacer la declaraciуn que la junta ha quedado vбlidamente constituida (artнculo 191 de la Ley de Sociedades de Capital y 102 del Reglamento del Registro Mercantil), lo que no resulta en el tнtulo presentado ”, lo que, a su juicio, es defecto que tambiйn impide la inscripciуn.

Comentario: A efectos prбcticos sуlo destacaremos de esta resoluciуn dos cuestiones:

1Є. L a necesidad de que conste en la certificaciуn la identidad del presidente de la junta. entendemos que sуlo si la junta no es universal. pues en caso de junta universal, firmada por todos los socios, parece innecesario, y

2Є. Que en caso de anotaciуn de suspensiуn de acuerdos sociales relativos a un nombramiento de administradores, la sociedad queda acйfala. no pudiendo los administradores convocar junta general. Por tanto esta ausencia de administradores sуlo podrб ser suplida por una junta universal o por un administrador judicial. (JAGV)

370. DEPУSITO DE CUENTAS. NO ES ADMISIBLE UN INFORME QUE NO EMITE OPINIУN ALGUNA. Resoluciуn de 5 de septiembre de 2013, de la Direcciуn General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificaciуn extendida por el registrador mercantil y de bienes muebles de Castellуn, por la que se rechaza el depуsito de cuentas de una sociedad correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011.

Hechos. Se trata del depуsito de cuenta de una sociedad. al que se acompaсa el informe de auditorнa del que resulta que “debido al efecto muy significativo de las limitaciones al alcance descritas en los pбrrafos 1 a 4 y del incumplimiento del principio contable descrito en el pбrrafo 5, no puedo expresar una opiniуn sobre las cuentas del ejercicio 2011 adjuntas.

El registrador suspende el depуsito por dos defectos:

1є. El auditor no consta inscrito.

2є. El auditor no expresa una opiniуn tйcnica sobre las cuentas (resoluciуn de la DGRN de 29/01/2013).

La sociedad recurre el segundo defecto alegando que sн existe informe de auditorнa.

Doctrina: La DG confirma la nota de calificaciуn.

El Centro Directivo reitera su doctrina de fecha 29 de enero de 2013.

Comentario: Es importante la diferencia que establece la DG entre la correcta actuaciуn del auditor al emitir un informe de estas caracterнsticas y los efectos que esa actuaciуn produce en el RM.

Asн el informe de auditorнa denegado “por limitaciуn absoluta en el alcance” acredita que el auditor ha realizado su trabajo, pero dicho informe, salvo para cerrar el expediente de designaciуn de auditor a peticiуn del socio minoritario, no puede producir, en principio, ningъn otro efecto en el бmbito del RM. No puede servir para reabrir el registro por falta de depуsito de cuentas, ni tampoco para una reducciуn de capital por pйrdidas o para un aumento con cargo a reservas. Y ello porque un informe de dicha naturaleza, como dice la DG, no expresa ninguna informaciуn suficiente a los socios sobre las operaciones realizadas o a realizar. (JAGV)

377. LUGAR DE CELEBRACIУN DE LA JUNTA GENERAL: NO PUEDE SEСALARSE EN ESTATUTOS UN LUGAR QUE ESTЙ FUERA DEL TЙRMINO MUNICIPAL DEL DOMICILIO DE LA SOCIEDAD. Resoluciуn de 6 de septiembre de 2013, de la Direcciуn General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificaciуn extendida por el registrador mercantil y de bienes muebles III de Valencia, por la que se rechaza la inscripciуn de determinado inciso de una clбusula estatutaria.

Hechos: Se trata de una escritura de constituciуn de sociedad limitada en uno de cuyos artнculos estatutarios se dispone que “las Juntas podrбn celebrarse en tйrmino municipal distinto de aquйl en que la sociedad tenga su domicilio”.

El registradorno admite la inscripciуn de dicha clбusula por el siguiente defecto insubsanable.

“Dado que si bien el Artнculo 175 de la LSC permite la posibilidad, respecto de la regla natural de celebraciуn de la Junta en el tйrmino municipal donde la sociedad tenga su domicilio social, de disposiciуn en contrario de los Estatutos; йsta ha de entenderse limitada al seсalamiento de un tйrmino municipal distinto al correspondiente al domicilio social. sin que ampare al уrgano de administraciуnla facultad de fijar en laconvocatoria libremente el tйrmino donde ha de reunirse la Junta; a ello conduce la necesaria tutela de los derechos de los socios, en especial el de asistencia como presupuesto del voto; otra cosa atenta contra la seguridad jurнdica. Artнculo 179 y 188 de la LSC. Asimismo tambiйn se basa la precedente calificaciуn en los comentarios al artнculo 47 de la LSC. que obran en «La sociedad de responsabilidad limitada» tomo I editada por el Consejo General del Notariado y en los que constan al Artнculo 175 LSC. tomo I de la obra «Comentario a la Ley de Sociedades de Capital».

Por tanto lo que el registrador exige es el seсalamiento en estatutos del tйrmino municipal en el que ha de celebrase la junta general.

El notariorecurre. Sus argumentos, en sнntesis, son los siguientes

-La norma estaba pensada para una йpoca en que las posibilidades de desplazamiento eran limitadas.

-Hoy dнa existe la posibilidad de asistencia a la junta por medios telemбticos.

-La literalidad del precepto no ampara la interpretaciуn del registrador;

Doctrina: La DG desestima el recurso. confirmando la calificaciуn registral.

La DG, tras indicar que el domicilio social tiene entre otras funciones la de fijar el lugar de celebraciуn de la junta, aсade que “la jurisprudencia (en referencia a la regulaciуn anterior, sentencias del Tribunal Supremo de 25 de abril de 1978 y 28 de marzo de 1989 entre otras)” dijo que el precepto similar de la LSA, que no permitнa regulaciуn estatutaria “era de «ius cogens» cuyo incumplimiento determina la nulidad de la convocatoria y por ende de la Junta que en su caso se haya celebrado”.

Como excepciones a dicho rйgimen estб la Junta Universal y los supuestos de fuerza mayor (resoluciуn de 20 de noviembre de 2012). “Tambiйn la jurisprudencia de las Audiencias Provinciales ha excepcionado la rigurosidad del precepto entendiendo, en supuestos especiales, que deben tenerse en cuenta las circunstancias del caso concreto cuando de las mismas no pueda afirmarse la postergaciуn de los derechos de asistencia y voto (vid. sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza de 16 de enero de 2009)”.

Junto a ello el artнculo 175 de la LSC, y para todas las sociedades de esta clase “excepciona aquйl en que los estatutos dispongan otra cosa, centrбndose en la interpretaciуn de este inciso el objeto de este expediente”.

Sobre ello dice que el precepto no puede interpretarse en el sentido de que no imponga lнmite alguno a la actuaciуn de los administradores. Para ella es claro que “si la convocatoria fija otro lugar de reuniуn, debe estar dentro del mismo tйrmino municipal donde se encuentre el domicilio social. Exige en consecuencia que el lugar para la celebraciуn de la Junta estй determinado por el domicilio social o sea determinable en un бmbito territorial limitado por el tйrmino municipal”. Por ello serнa admisible que los estatutos fijaran un lugar distinto del domicilio social para la celebraciуn de las juntas pero teniendo “como lнmite un бmbito similar o inferior pero nunca superior (la Comarca, la Provincia, la Comunidad Autуnoma…)”. Es decir que “es imprescindible que la norma estatutaria posibilite a los socios un mнnimo de predictibilidad y garantice la posibilidad de que asistan personalmente a la Junta convocada si tal es su deseo (resoluciуn de 19 de diciembre de 2012)”.

Comentario: Aunque la DG dice al final de sus fundamentos de derecho que no entra en el “anбlisis de otras formas posibles” de establecer el lugar de celebraciуn de las juntas, lo que en realidad planteaba el registrador en su nota de calificaciуn es que dicho lugar no podнa quedar al arbitrio del уrgano de administraciуn. sino que deberнa constar, el tйrmino municipal, de forma expresa en los estatutos. Es decir que si se usa de la facilidad que permite el art. 175 de regular el lugar de celebraciуn de la junta en lugar distinto al domicilio social, los estatutos deben fijar el concreto lugar de celebraciуn. La DG, en su acuerdo, lo que hace es rechazar la clбusula estatutaria debatida, la cual es evidente que no era posible. pero sin dar respuesta al problema de si serнa posible fijar en los estatutos de una sociedad limitada y ahora tambiйn en los de una sociedad anуnima, un concreto lugar, distinto del domicilio. en el que se puedan celebrar las juntas generales. Para ella, ello no es posible y sуlo permite, como hemos visto, que en estatutos se fije un lugar distinto para la celebraciуn de las juntas generales pero siempre que dicho lugar estй dentro del mismo tйrmino municipal en el que se sitъa el domicilio social.

No podemos compartir esta tesis de la DG. Para nosotros el precepto tambiйn es claro y permite, sin lнmite alguno, salvo el de la buena fe y la protecciуn a las minorнas. -que, en el momento del nacimiento de la sociedad no existen en su sentido propio-, que los estatutos se aparten de la regla general y seсalen un lugar distinto, fuera o dentro del tйrmino municipal, para la celebraciуn de las juntas generales. Es decir nos parece perfectamente posible que en los estatutos se seсale otro lugar concreto en distinto tйrmino municipal e incluso en provincia distinta, en donde se celebren las juntas generales. A veces el domicilio social, como sede de la explotaciуn. no coincide con el centro efectivo de interйs de los socios o la mayorнa de ellos y no tendrнa sentido obligarles celebrar la junta en lugar alejado de sus intereses cuando la ley permite lo contrario. Son muchos los casos en que el domicilio de la sociedad se sitъa en polнgonos industriales situados en tйrminos municipales mбs o menos alejados de la capital de la provincia, y sin embargo los socios o la mayorнa de ellos tienen su residencia en dicha capital o en todo caso fuera del tйrmino municipal en el que se sitъa la explotaciуn principal de la sociedad y donde por tanto tiene su domicilio(cfr. artнculo 9 LSC) y en estos casos serнa un sin sentido que las juntas se tuvieran que celebrar en dicho tйrmino municipal. Tenemos ejemplos prбcticos de ello en multitud de estatutos sociales y debemos seguir inscribiйndolos porque el no hacerlo supondrнa un real perjuicio a los socios al obligarles a celebrar las juntas en tйrminos municipales alejados de sus domicilios, sin ventajas para nadie y perjuicios para todos. La doctrina jurisprudencial que cita la DG fue dada, ella lo reconoce, con la legislaciуn anterior y esta era ъnicamente el art. 106 de la LSA, el cual, amйn de disponer que las juntas se celebrarнan en la localidad del domicilio social, no permitнa el pacto en contra. Fue el artнculo 47.1 de la Ley 2/1995 el que permitiу el pacto en contra y este precepto pasу a la LSC que, al no especificar a quй sociedad fuera aplicable, hoy dнa es de aplicaciуn general a todas las sociedades de capital. Es mбs algъn autor como Rodriguez Artigas. citado por Cabanas Trejo, nos viene a decir que, dada la amplia habilitaciуn estatutaria y la ausencia de lнmites en el precepto, cabe pensar que pudiera fijarse incluso un lugar fuera del territorio nacional. Si queremos tener sociedades y ser competitivos, debemos, dentro de lнmites racionales, dejarles libertad para regular sus relaciones orgбnicas en la forma que tengan por conveniente. Cuestiуn distinta de la que comentamos puede ser el caso de que la determinaciуn del lugar de celebraciуn de la junta fuera del tйrmino municipal del domicilio de la sociedad. se acordara con posterioridad en junta general vнa modificaciуn de estatutos, pues en estos casos quizбs se deba tener en cuenta los artнculos 291 y 292 de la LSC, si el acuerdo no se produce en junta universal y por unanimidad.

Ahora bien lo que sн es importante de esta resoluciуn es que, en todo caso, sea dentro o fuera del tйrmino municipal, si se hace uso de la facilidad concedida por el artнculo 175 de la LSC. debe seсalarse en estatutos el lugar concreto de celebraciуn de la junta si es en lugar distinto del domicilio de la sociedad. Por tanto en ningъn caso el lugar de celebraciуn de la junta puede quedar al arbitrio de los administradores, sino que deberб ajustarse a lo que dispongan los estatutos sobre el particular y estos, si se apartan de la regla general, tal y como hemos sostenido, deben seсalar el lugar de celebraciуn de la junta, al menos por el seсalamiento del tйrmino municipal,- no creemos que sea necesaria mayor concreciуn-, en el que tenga lugar la misma. (JAGV)

386. SUSPENSIУN DE CALIFICACIУN DE UNA ESCRITURA DE SUBSANACIУN POR EXISTIR RECURSO PREVIO. Resoluciуn de 17 de septiembre de 2013, de la Direcciуn General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota extendida por el registrador mercantil y de bienes muebles de Navarra, por la que se suspende la calificaciуn de una escritura de subsanaciуn.

Hechos: Simple resoluciуn en la que lo ъnico que se debate es si es posible calificar una escritura subsanatoria de otra que estй pendiente de recurso en la DG.

El registrador considera que ello no es posible de conformidad con los artнculos 6 y 58 del Reglamento del Registro Mercantil y resoluciуn de la Direcciуn General de los Registros y del Notariado de 12 de noviembre de 2012.

El notario recurre alegando que “la subsanaciуn de los defectos seсalados no impide la interposiciуn de recurso; y, que de la misma manera dicha subsanaciуn no impide la continuaciуn del recurso interpuesto citando en su apoyo las Resoluciones de 6 de julio de 2009 y 24 de enero de 2011”.

Doctrina:L a DG revoca la nota.

Tras decir que procede la calificaciуn y, en su caso, la inscripciуn, aсade que “la subsanaciуn de los defectos indicados por el registrador en la calificaciуn ni impide a cualquiera de los legitimados, incluido el que subsanу, la interposiciуn del recurso, ni implica desistimiento de la instancia ni decaimiento de su objeto en caso de que la subsanaciуn haya tenido lugar tras la interposiciуn del recurso, por lo que procede su resoluciуn” y que esta doctrina no puede confundirse con la de la resoluciуn de 12 de noviembre de 2012, pues se trata de un supuesto totalmente distinto pues en este lo que estaba pendiente era un recurso sobre nombramiento de auditor a instancia de la minorнa lo que lуgicamente impedнa el depуsito de cuentas de la sociedad.

Comentario. Parece claro que si se subsana el defecto que motiva la nota de calificaciуn en el sentido seсalado por el registrador, procede el despacho del documento, sin perjuicio de la continuaciуn del recurso hasta su resoluciуn pues este debe llegar a su final salvo los supuestos “de rectificaciуn de la calificaciуn o de desestimiento”. (JAGV)

389. CONVOCATORIA JUNTA GENERAL: NO ES VБLIDA LA REALIZADA POR DOS DE LOS TRES ADMINISTRADORES MANCOMUNADOS, AUNQUE TENGAN ATRIBUIDO EL PODER DE REPRESENTACIУN DE LA SOCIEDAD. Resoluciуn de 18 de septiembre de 2013, de la Direcciуn General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificaciуn extendida por la registradora mercantil y de bienes muebles IV de Mбlaga, por la que se deniega la inscripciуn de una escritura de cambio de domicilio social y nombramiento de administrador.

Similar a la de 28 de enerode este aсo resumida bajo el nъmero 64/2013. (JAGV)

397. NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADORES: SI LOS ESTATUTOS ESTABLECEN UN NЪMERO FIJO DE CONSEJEROS, LA JUNTA GENERAL ESTБ OBLIGADA A SU NOMBRAMIENTO. Resoluciуn de 23 de septiembre de 2013, de la Direcciуn General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificaciуn extendida por el registrador mercantil de Arrecife, por la que se suspende la inscripciуn de nombramiento de administradores.

Hechos: Los hechos de esta resoluciуn son los siguientes:

1є. Sociedad anуnima en cuyos estatutos se dispone que el consejo estarб formado por seis consejeros.

2є. Tambiйn disponen que la modificaciуn de estatutos para la determinaciуn del nъmero de consejeros requiere el 75% del capital en 1Є convocatoria y el 66,66% en segunda convocatoria.

3є. En el consejo existen tres vacantes de consejeros.

4є. Ahora se celebra junta general, debidamente convocada y con asistencia del 100% del capital, en la que un socio nombra dos consejeros en uso de su derecho de representaciуn proporcional y a continuaciуn el presidente de la junta manifiesta que la vacante que queda se cubrirб en otro momento.

Se presenta la escritura de nombramiento de los dos consejeros en el registro.

El registrador, en una fundamentada y extensa nota-informe que basa fundamentalmente en el carбcter normativo de los estatutos sociales, suspende la inscripciуn en esencia por el siguiente motivo.

“Incumplimiento del artнculo de los estatutos sociales, que dispone que el Consejo de Administraciуn estarб integrado por seis consejeros”.

La sociedad recurre sobre la base de que se trata de un nombramiento por el sistema de representaciуn proporcional, derecho inderogable de los socios, y que los estatutos no dicen que no puedan existir vacantes, ni exigen que todos los miembros hayan de designarse simultбneamente.

Doctrina: La DG confirma la nota de calificaciуn.

Se fundamenta su decisiуn en los siguientes puntos muy resumidos:

1є. El carбcter “normativo de los estatutos y su imperatividad ” y por ello que “todo acto social debe acomodarse a las exigencias derivadas de las normas establecidas en los estatutos”.

2є. Si se “opta por un nъmero rнgido en la composiciуn del consejo de administraciуn (por ejemplo, para forzar la formaciуn de consensos que permitan que el уrgano sea lo mбs representativo posible), la junta carece de libertad. de competencia, para nombrar un nъmero distinto”.

3є. Que “el acuerdo por el que sуlo se proveen dos (consejeros) incumple la previsiуn estatutaria y no puede acceder a los libros del Registro”.

4є. Que “el nombramiento de un nъmero de consejeros inferior al previsto evidentemente no modifica los estatutos sociales (argumento del recurrente), simplemente los incumple ”.

5є. Que “la protecciуn del interйs de mantener el funcionamiento del consejo no puede llegar al extremo de desnaturalizar su finalidad y estructura”.

6є. Que “es inadmisible la afirmaciуn de que el nombramiento contrario a los estatutos es vбlido por el hecho de que con el mismo se cumple la previsiуn para la constituciуn del consejo. Es al revйs, para que el consejo pueda vбlidamente constituirse es precisa la concurrencia de un nъmero mнnimo de consejeros vбlidamente nombrados que es precisamente la circunstancia que no se produce en el supuesto de hecho”.

7є. “Esta circunstancia es aъn mбs patente en el supuesto que nos ocupa” a la vista del quуrum reforzado existente en los estatutos para variar el nъmero de consejeros, “de donde resulta inequнvoca la voluntad social de que el nъmero de administradores integrantes del consejo sea una circunstancia determinante de su existencia y funcionamiento, circunstancia que queda en entredicho si se acepta la tesis del recurso”.

8є. Que “es cierto que el artнculo 141 del RRM prevй que la inscripciуn se harб «a medida que se vaya produciendo la aceptaciуn de cada uno de los designados» pero no lo es menos que tal previsiуn parte del regular nombramiento de los designados”.

9є. Que “son los propios socios los que exigen que el acuerdo de nombramiento de consejeros se haga en esas circunstancias y no en otras”.

Comentario: Importantнsima resoluciуn de la que destacamos la trascendencia que los estatutos tienen para la vida de la sociedad y como consecuencia para la calificaciуn de los acuerdos que le afecten. Debe extremarse por tanto la calificaciуn de las clбusulas estatutarias en evitaciуn de que las mismas establezcan pactos contrarios a las normas legales que puedan perjudicar a los socios o a la sociedad durante su existencia. Es decir que la primera norma a la que se sujeta la sociedad es a sus estatutos y si en esos estatutos existiese una norma contraria a normas legales imperativas a ella deberб de estarse pues para su supresiуn la misma deberб ser impugnada y anulada judicialmente dada la salvaguarda judicial de los asientos registrales.

Por eso la tendencia ъltimamente instaurada en nuestro derecho de sociedades de optar por la rapidez en base a estatutos modelo estereotipados puede dar lugar a problemas en el futuro desarrollo de la sociedad y en todo caso puede no ajustarse a lo querido por los socios. Es conveniente por tanto que si el йxito acompaсa a la empresa que se cobija baja la forma societaria, una vez consolidada esa empresa, se examinen las circunstancias de la misma y las necesidades o caracterнsticas que debe presidir su funcionamiento, a cuyo efecto es muy conveniente que esos estatutos modelo sean sustituidos por otros que, como un guante de cirujano, se adapten a la especial forma de funcionamiento orgбnico que se estime conveniente para la pervivencia de la propia sociedad.

En definitiva, y por resumir la resoluciуn en una frase tomada de la misma, lo que se declara es que no “es inscribible el acuerdo de una sociedad anуnima de nombrar consejeros hasta el nъmero de cinco siendo asн que existe la previsiуn estatutaria de que el consejo de administraciуn estй formado por un nъmero de seis”. JAGV. PDF (BOE-A-2013-11068 – 9 pбgs. – 200 KB) Otros formatos

400. JUNTA GENERAL: NO CABE CONVOCATORIA SOLO POR EL PRESIDENTE DEL CONSEJO. DEBE HACERSE SEGЪN ESTATUTOS. NO SON POSIBLES FORMAS EQUIVALENTES. Resoluciуn de 1 de octubre de 2013, de la Direcciуn General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la calificaciуn del registrador mercantil y de bienes muebles V de Madrid, por su negativa a inscribir una escritura de formalizaciуn de acuerdos sociales de disoluciуn y nombramiento de liquidadores adoptados por una compaснa de responsabilidad limitada.

Hechos: Se trata de una escritura de disoluciуn de sociedad y nombramiento de liquidadores. La convocatoria de la junta se hace sуlo por el presidente del Consejo a peticiуn de un accionista.

Se presenta en el registro y es calificada con los siguientes defectos:

-1. Incumplimiento de lo establecido en el art. 166 de la Ley de Sociedades de Capital, que exige que la Junta sea convocada por el уrgano de administraciуn de la sociedad, en este caso, su Consejo de Administraciуn.

-2. La convocatoria, segъn estatutos, deberб de hacerse «mediante telegrama o burofax con acuse de recibo ». En este caso no se ha realizado de esa forma. sino mediante remisiуn de carta por conducto notarial.

Se recurre por el interesado.

Doctrina. La DG confirma ambos defectos.

El primero porque, segъn dice reiterando su ya clбsica doctrina, «la facultad de convocatoria de la junta general estб reservada legalmente al уrgano de administraciуn con carбcter exclusivo, segъn el art. 166 LSC, al margen de supuestos singulares como el relativo a la sociedad en fase de liquidaciуn –como resulta del mismo precepto legal–, el de convocatoria judicial (arts. 169 y 171.1 .LSC) o el de уrgano de administraciуn incompleto y con objetivo limitado (como admite el art. 171.2 LSC). Cuando la ley reconoce dicha competencia a los administradores lo hace en conjunto a todos los que forman parte del уrgano de administraciуn, y no ‘uti singuli’ a cada uno de sus miembros».

Y el segundo defecto porque, «cuando los estatutos concretan como forma de convocatoria de la junta general el envнo de telegrama o burofax con acuse de recibo, no sуlo determinan el envнo a travйs del servicio postal, sino tambiйn las caracterнsticas de dicho envнo, sin que sea competencia del уrgano de administraciуn su modificaciуn». Aunque la forma utilizada tenga garantнas su rapidez es inferior a la prevista en los estatutos y por lo tanto el socio dispondrнa de un menor plazo de reflexiуn pero, sobre todo, «si los estatutos han concretado una determinada forma de convocatoria, no es competencia de los administradores sustituirla por otra ».

Comentario. Reconociendo la indudable razуn que acompaсa a la decisiуn de la DG en lo relativo a la forma de convocatoria, ъnica cuestiуn realmente novedosa de esta resoluciуn, nos parece excesivamente rнgida su postura sobre todo si la aplicamos de forma indiscriminada, sin tener en cuenta las circunstancias de cada caso. Creemos que lo importante es que la convocatoria llegue a sus destinatarios y esa finalidad la cumple sobradamente la carta enviada por conducto notarial. Es cierto que el medio es menos rбpido que el burofax o el telegrama, pero debe tenerse en cuenta que en todo caso el plazo se cuenta desde la remisiуn lo que pone de relieve que al legislador le ha preocupado mбs la efectividad de la notificaciуn que la antelaciуn con que se recibe. No obstante, dada la trascendencia que para la validez de la junta tiene una correcta convocatoria, toda precauciуn en esta materia es poca y por ello entendemos que, desde este punto de vista, la prudencia debe presidir, tanto la decisiуn de la DG, como la de los registradores cuando nos encontremos con problemas similares, aunque podamos ponderar las circunstancias particulares que concurran en cada supuesto a la vista de los documentos, en su caso, aportados. (JAGV)

405. AUMENTO DE CAPITAL SOCIEDAD LIMITADA: NO ES POSIBLE LA ANULACIУN Y CANCELACIУN DEL ASIENTO SIN RESPETAR LOS DERECHOS DE LOS ACREEDORES. Resoluciуn de 2 de octubre de 2013, de la Direcciуn General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificaciуn extendida por la registradora mercantil y de bienes muebles de Cantabria, por la que se deniega la inscripciуn de una escritura de elevaciуn a pъblico de acuerdos sociales.

Hechos: Se trata de un complejo acuerdo en el que se solicita se deje sin efecto un aumento de capital, cancelando el asiento correspondiente. pues la sociedad suscriptora es нntegramente participada por la sociedad emisora y ello de conformidad con el Art. 135 de la LSC que declara la nulidad de dicha operaciуn.

La registradora deniega la cancelaciуn, en esencia, por los siguientes motivos:

-1. Porque lo que procede es la enajenaciуn de las participaciones en el plazo de un aсo. o su amortizaciуn y reducciуn de capital si las participaciones no fueran enajenadas en el plazo seсalado, como establece el artнculo 139 de la LSC –y no la cancelaciуn de la inscripciуn que motivу dicha ampliaciуn, como se solicita.

-2. Porque “ademбs, una vez practicado el asiento, en este caso el de la inscripciуn de ampliaciуn de capital social, йste se encuentra bajo la salvaguardia de los Tribunales y, por tanto, no puede ser modificado en tanto no medie resoluciуn judicial que declare la nulidad de dicho acuerdo, no pudiendo cancelarse una inscripciуn, una vez practicada y publicada en el BORME, por solicitud de los socios debido a los efectos que dicha ampliaciуn de capital ha producido frente a terceros desde su inscripciуn. Asн resulta de la R. 4 de Abril de 2013. que afirma que lo que es terminantemente claro es que la sociedad no puede rebajar la cifra del capital social inscrito en perjuicio de terceros sin respetar para ello los requisitos previstos en la Ley para la reducciуn de capital.

Se recurre por la sociedad, insistiendo en la nulidad de la operaciуn llevada a cabo.

Doctrina: La DG confirma el defecto.

Tras seсalar las diferencias existentes en esta materia entre la sociedad anуnima y la sociedad limitada, lo que es indudable es que los terceros deben poder “acomodar sus acciones a los hechos publicados con la confianza de que en caso de inexactitud serб protegido su interйs (art. 21 C. de c.). De aquн que en caso de nulidad la posiciуn de los terceros deba ser respetada para no hacer ilusoria la protecciуn que el ordenamiento proclama (art. 20 C. de c.)”.

Aparte de ello del “anбlisis del conjunto de normas que en el бmbito societario regulan los efectos de la nulidad resulta indubitada la conclusiуn de que la categorнa civil de la nulidad y sus consecuencias jurнdicas no son de aplicaciуn directa e inmediata en un бmbito, como el mercantil, en el que se tienen en cuenta otros principios susceptibles de protecciуn que conllevan la imposiciуn de distintas consecuencias jurнdicas”.

Por todo ello la “situaciуn reconduce a los mecanismos de protecciуn que para tal supuesto contemplan los arts. 331 a 333 LSC, relativos a la reducciуn de capital por restituciуn de aportaciones. De este modo la salvaguardia de los derechos de terceros acreedores se traduce bien en la responsabilidad solidaria de la sociedad emisora y la sociedad suscriptora (art. 331.1), bien en la constituciуn de la reserva indisponible contemplada en el art. 332, bien en el respeto al derecho de oposiciуn en los supuestos en que los estatutos asн lo contemplen (art. 333)”.

Comentario: Como ya hemos apuntado en otras ocasiones cualquier rectificaciуn. sea total o parcial, de la cifra de capital social inscrito en la constituciуn o por vнa de aumento, que implique una reducciуn del mismo debe hacerse con pleno respeto de la posiciуn de los acreedores sociales. Por tanto estas operaciones exigen que se dй cumplimiento a los requisitos exigidos para la reducciуn de capital por restituciуn de aportaciones o, cuando proceda, por pйrdidas y mientras ello no se haga asн, no podrб reflejarse en la hoja de la sociedad la modificaciуn en la cifra del capital social que se pretende. Claro que, como apuntу Pedro Бvila en su resumen, quizбs en el caso contemplado la mejor soluciуn hubiera sido la apuntada por la registradora que pasaba por la enajenaciуn de las participaciones suscritas en infracciуn de preceptos legales, o por una real reducciуn de su capital social. pues ello sн supone una verdadera garantнa del derecho de los acreedores y de la estructura econуmica de la sociedad. (JAGV)

(Comentarios a Consultas de la Direcciуn General de Tributos, Doctrina del Tribunal Econуmico Administrativo Central y Sentencias. realizados por Joaquнn Zejalbo Martнn, notario de Lucena (Cуrdoba).

Se incluye en este informe un texto, estando el resto en archivo aparte.

Nє de Consulta: V2357-13

Impuesto afectado: Impuestosobre Actos Jurнdicos Documentados

Materia: Se plantea otorgar una escritura de permuta de solar por obra futura, viviendas de una promociуn, en la que se quiere incluir una condiciуn resolutoria explicita que garantice el tiempo de entrega de esa obra futura a los dueсos del solar, en los siguientes tйrminos: si en el plazo de determinados meses no se entrega la obra futura comprometida, los transmitentes del solar se quedarнan con toda la promociуn de las viviendas. Tributaciуn de la condiciуn resolutoria explicita incluida en la referida escritura de permuta en tres supuestos:

1.- Ambos intervinientes son sujetos pasivos del IVA y renuncian a la exenciуn, quedando ambas operaciones sujetas a IVA.

2.- El mismo supuesto con la ъnica diferencia de que a cambio del solar se entregarнa, ademбs de obra futura, una cantidad de dinero en metбlico.

3.- Supuesto de que tanto la entrega del solar como la obra futura tributasen en la modalidad de transmisiones patrimoniales onerosas del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurнdicos Documentados .”

La conclusiуn de la Direcciуn General de Tributos es la siguiente: “Con relaciуn al del ITP y AJD, la clбusula prevista. en la que se establece por anticipado las consecuencias que el incumplimiento de la prestaciуn pendiente, entrega de las viviendas, podrнa acarrear para la parte obligada a dicha prestaciуn, el promotor, entra en el бmbito de la “clбusula penal” regulada en los artнculos 1.152 y siguientes del Cуdigo Civil. Dicha clбusula, que no participa de la naturaleza de la condiciуn resolutoria explicita, no constituye hecho imponible de la modalidad de Transmisiones Patrimoniales Onerosas, ni de la cuota variable del documento notarial de Actos Jurнdicos Documentados, al no concurrir los requisitos exigidos en el artнculo 31.2 del Texto Refundido.

En cuanto al Impuesto sobre el Valor Aсadido se pueden distinguir las siguientes operaciones:
– La entrega del terreno, sujeta al mismo, que constituirб un pago a cuenta en especie de la entrega de las viviendas futuras acordadas percibido por el promotor de las viviendas y que estarб sujeto y no exento del Impuesto.

– La entrega de las viviendas terminadas en que se materialice la contraprestaciуn de la entrega del terreno, que tendrб lugar cuando concluya su construcciуn y se encontrarб sujeta y no exenta del Impuesto al tener la condiciуn de primera entrega.

– Si el promotor entregase adicionalmente a la otra parte interviniente en la permuta las restantes viviendas construidas se tratarнa de una entrega de bienes asimismo sujeta al IVA.”.

Fuenlabrada, Santa Fй, Torrejуn de Ardoz, La Laguna, Lugo, Santiago de Compostela, Alicante, Granada, Lucena, Vitigudino, Arucas, Boltaсa y Madrid, a 17 de octubre de 2013.

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