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Estado, Polнticas Pъblicas y Economнa Social

Cómo citar este artículo

Dep. Economнa Polнtica y Sistema Mundial. Бrea de Economнa Social. " Estado, Polнticas Pъblicas y Economнa Social ". La revista del CCC [en línea]. Mayo / Agosto 2011, n° 12. [citado 2017-03-28]. Disponible en Internet: http://www.centrocultural.coop/revista/articulo/246/. ISSN 1851-3263.

Resúmenes

Espaсol. El presente artнculo sintetiza los principales debates y reflexiones que se desarrollaron en el Seminario Estado, Polнticas Pъblicas y Economнa Social” que desarrollу el Бrea de Economнa Social del Departamento de Economнa Polнtica y Sistema Mundial del Centro Cultural de la Cooperaciуn Floreal Gorini en el mes de septiembre de 2010. El seminario tuvo como finalidad abrir un espacio de reflexiуn en relaciуn a la vinculaciуn entre el Estado, las polнticas pъblicas y las prбcticas de la economнa social, aspectos que estбn presentes en la cotidianeidad. Se trabajу en torno a tres ejes: el primero refiere a la institucionalizaciуn y regulaciуn de las prбcticas de la economнa social, donde se enmarcan los procesos de diseсo de leyes, normas y legislaciуn en general, tendientes a regular, los programas y las polнticas pъblicas direccionadas a este sector, asн como tambiйn, aquellos procesos que instituyen estбs prбcticas que exceden lo netamente “legal” o “intervenciones pъblicas”; el segundo relacionado con las modalidades de implementaciуn de las polнticas pъblicas, por parte de los gobiernos y por parte de la poblaciуn implicada; y el tercero, se propuso el anбlisis de los procesos que llevan adelante los actores sociales, donde son interpelados por el Estado y las polнticas pъblicas.

Palabras claves

Espaсol. Economнa Social, Polнtica Pъblica, Estado, Sector Popular

I. Introducción

El debate actual en torno a la economía social en la Argentina adquirió fuerza en diversos espacios políticos, académicos y en organizaciones sociales. Sin embargo, no se quiere dejar de mencionar que esta categoría y las prácticas que le dan sentido tienen una larga trayectoria y poseen múltiples significados.

Para simplificar los debates en torno a la categoría economía social, podemos mencionar cuatro posicionamientos sujetos a revisión. En primer lugar, el tratamiento de la economía social por parte del Estado, entendiendo que estas prácticas se enmarcan en políticas sociales cuyo objetivo es la generación de empleo y el mejoramiento de la calidad de vida de la población en situación de pobreza. Un segundo abordaje refiere a la economía social como “economía de pobres para pobres”; cuyas estrategias son de alivio a la pobreza, asociadas a las políticas sociales neoliberales, focalizadas y asistenciales. Una tercera posición que postula a la economía social como crítica al sistema capitalista actual y como acción transformadora, que discute las estructuras capitalistas vigentes, procurando ensayar diversas experiencias a partir de la reflexión desde los propios actores, promoviendo mecanismos de participación y construcción colectiva. Una última posición está relacionada con los debates en torno al cooperativismo y su relación con la economía social. En esta última, hay visiones diversas que no son excluyentes y algunas de ellas se relacionan con las posiciones anteriores. Por un lado, se asocia a la economía social con gran parte del cooperativismo tradicional -con fuerte tradición europea-, posicionando a la cooperativa como entidad central, en donde se deja fuera experiencias asociativas y autogestionarias diversas que escapan de los modelos tradicionales de cooperativas. Por otra parte, podemos mencionar la conformación de cooperativas como parte de las políticas públicas, cuya tipología es enmarcada en la categoría economía social que propone el Estado. Por último, los debates se posicionan en torno al cooperativismo como herramienta de acción transformadora.

En esta complejidad, desde el Área de Economía Social del Departamento de Economía Política y Sistema Mundial, sentimos la necesidad de poner énfasis y problematizar la relación entre la economía social, el Estado y las políticas públicas, teniendo en cuenta que el Estado construye sentidos y significados en relación con esta categoría, que se ven plasmados en las políticas públicas que tienen incidencia en la vida de las personas. Otro aspecto importante es desentrañar las relaciones entre el Estado y las organizaciones sociales y los debates que permean esta relación. Por último, resulta importante analizar el lugar que ocupa la economía social en la estructura burocrática actual, por ejemplo, qué ministerios llevan estrategias que inciden en el sector de la economía social.

Teniendo en cuenta una mirada procesual, la economía social en la Argentina va adquiriendo visibilización como categoría a partir de los efectos causados por la crisis del año 2001, donde gran parte de la población comienza a desarrollar prácticas económicas y sociales que les permiten reproducir su vida.

Con la asunción de Néstor Kirchner como Presidente en el año 2003, la economía social es puesta en la escena de las políticas públicas del Estado, a partir de la implementación de diversos programas sociales de atención a la población en situación de pobreza. En este marco cobra sentido reflexionar sobre la vinculación teórica entre las políticas públicas y la economía social.

Cabe mencionar que la puesta en escena de la economía social viene acompañada de un discurso crítico del gobierno hacia las políticas públicas focalizadas, asistencialistas y de los programas sociales enlatados, que caracterizaron el modelo neoliberal a partir de la década del 90. En contraposición, el gobierno plantea una “Bisagra” 1 en las políticas públicas sociales, haciendo referencia a la construcción una nueva manera de hacer políticas que apunten al desarrollo de estrategias superadoras de la exclusión y la generación de empleo.

Por otra parte, en la actualidad tiene lugar la redefinición del paradigma desde cual se abordaban y estudian los procesos sociales y económicos con formas específicas de organización del trabajo, acompañado por un cambio de paradigma en el estudio sobre las políticas públicas, aunque todavía es poco lo que circula en los ámbitos académicos en concreto.

Una de las formas en que se evidencia este fenómeno social es a través de los programas sociales, tales como el Plan Nacional de Desarrollo Local y Economía Social “Manos a la Obra” cuyo objetivo era fomentar la creación de emprendimientos productivos. Para acceder al plan, sus “beneficiari@s” debían asociarse para organizar su trabajo; generalmente a través de cooperativas. Este aspecto, constituyó un hito en el campo de estudio de las políticas, fundado en el traspaso de l@s beneficiari@s del Plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados (JyJHD) implementado en el año 2002 hacia otro orientado al desarrollo productivo. Es en este momento que la economía social cobra relevancia como categoría para designar un conjunto de prácticas económicas vinculadas a estrategias de sobreviviencia de los sectores más desfavorecidos.

Otro hito que merece destacarse es la conformación de la Comisión Nacional de Microcréditos (CO. NA. MI) en el año 2006, encargada de la implementación de la Ley Nº 26.117 de “Promoción del Microcrédito para el desarrollo de la Economía Social”.

Más recientemente, encontramos el Plan de Ingreso Social con Trabajo del Ministerio de Desarrollo Social, conocido como “Argentina Trabaja” que se anuncia en agosto de 2009 y contempla la creación de 100.000 puestos de trabajo. Para ello l@s “beneficiar@s” deben conformar módulos de trabajo de 60 integrantes bajo la figura cooperativa de trabajo, para realizar tareas vinculadas al espacio comunitario como la actividad de construcción de viviendas, trabajo de reparación de escuelas, centros comunitarios, etc.

Si bien la categoría economía social tiene una fuerte presencia en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, se hace extensiva a otros organismos gubernamentales por medio de la implementación de distintos programas, planes y políticas públicas 2.

Algunos de ellos son el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, donde se desarrolla el Programa Federal de Emergencia Habitacional por medio de cooperativas de trabajo con el objetivo de atender el déficit habitacional de vivienda y servicios públicos y generar trabajo; el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) que asiste a cooperativas y empresas recuperadas a través de la transferencia de tecnologías y herramientas que aporten al proceso productivo de estas organizaciones; el Instituto Nacional de Tecnología Agroprecuaria (INTA) que desarrolla capacitación y formación en economía social para el sector de agricultura familiar; el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTEySS) que desde el año 2003 desarrolla programas para el fomento de proyectos productivos de carácter asociativo, entre ellos se encuentra el Programa Trabajo Autogestionado que brinda apoyo técnico, económico y financiero para empresas recuperadas por los trabajadores en funcionamiento o en proceso de reactivación, complementando con asistencia a cooperativas de trabajo, de producción o microempresas asociadas, gestionadas por sus trabajadores en condiciones de alta precariedad laboral. Cabe mencionar que no se han encontrado aún líneas de trabajo con las experiencias de economía social enmarcadas en el Ministerio de Economía, dejando de lado la contribución que este sector puede tener en una estrategia nacional de desarrollo económico.

Otro aspecto que merece mencionarse es la carencia de información existente sobre las repercusiones económicas de las prácticas de la economía social; aunque han aumentado su participación en el campo de lo político, no se cuenta con datos estadísticos certeros sobre la actividad económica que generan y qué impacto se tiene en relación a la generación de fuentes de trabajo, entre otros aspectos.

Es en este marco, y con el ánimo de aportar al debate, que desde el Área de Economía Social del Dto. de Economía Política y Sistema Mundial, se llevó adelante un seminario de discusión con la necesidad de problematizar el lugar que ocupan las prácticas de la economía social en el marco de las políticas públicas a nivel nacional debido a que suelen catalogarse como actividades económicas marginales o precarias.

El seminario tuvo como finalidad abrir un espacio para reflexionar, debatir e intercambiar opiniones y argumentos en un tema que hoy nos toca muy de cerca: la relación entre el Estado, las políticas públicas y las prácticas de la economía social. Esta relación está presente en cada uno de los trabajos de investigación del Área, en cada actividad pública y en cada debate, pero nos encontramos con una contradicción: el Estado está presente pero es un tema tabú en la mayoría de las discusiones. Esto se debe a la complejidad de problematizar el Estado y su contribución (o no) en el sector de la economía social, donde encontramos posicionamientos muy distintos: 1. Hay quienes sostienen que debe darse la disputa y conquista de espacios dentro del Estado; 2. Otros proponen la disolución del Estado porque no se necesita de esta institución, dado que el sector de economía social puede ser autónomo y autogestionado (si no se corre el riesgo de cooptación). Estos posicionamientos derivaron en la falta de problematización del rol actual del Estado.

Por otro lado, luego de la profundización del modelo neoliberal, donde el Estado deja de atender aspectos sociales, muchas organizaciones sociales asumieron roles que históricamente desarrollaba el Estado. Gran cantidad de estas organizaciones sociales que llevan adelante prácticas enmarcadas en la economía social se vieron ajenas, sin representación y totalmente independientes respecto al Estado.

Este imaginario se revierte a partir del año 2003, dado que se viene gestando un proceso diferente con respecto a la relación entre las organizaciones sociales y el actual gobierno, en donde se dan dinámicas diferentes de hibridación. Por ello, entendimos que es necesario comenzar a plantear y a pensar la economía social desde esta relación que no se plantea uniforme, sino dinámica y heterogénea: hay tensiones, demandas, disputas, consensos, acuerdos y participación. Otros aspectos relevantes que nos invitan a problematizar la relación Estado y economía social es el acceso a los planes y programas, cómo se otorgan, los usos que le dan desde ambos lugares. En este sentido, hay aspectos positivos que se pueden resaltar dado que hay una participación activa de la población en la toma de decisiones sobre la organización y uso de los recursos en el territorio; pero también nos encontramos con prácticas clientelares que dificultan el desarrollo de los espacios mencionados. Asimismo es importante analizar aquellas organizaciones sociales que se han conformado desde las bases, donde en muchos casos participan de algún programa del gobierno pero con previa organización y conocimiento de las problemáticas del territorio, y con saberes en lo que respecta a la gestión de los recursos; y también nos encontramos con procesos de conformación de cooperativas que no surgen desde las bases sino que son forzadas para la obtención de recursos estatales, aspecto que de alguna manera anula el principio de libertad de asociación. En este último sentido, es importante evaluar la trayectoria de estas experiencias, si han logrado sostenerse en el tiempo o si se conformaron para obtener el recurso y nada más.

Todo lo mencionado nos invita a reflexionar sobre cómo analizar y entender a la economía social, sabiendo la complejidad que ello implica. En este sentido, la economía social oscila entre aquellas prácticas que pueden resolver problemas sociales o pueden pensarse como prácticas que proponen formas de organización del trabajo, la producción, la distribución y el consumo cuya lógica no es la acumulación de la ganancia en detrimento de los trabajadores y la expoliación de la naturaleza, y que se fortalecen en el tiempo.

A continuación queremos compartir con los lectores, los nudos problemáticos que fueron producto de debates y reflexiones para el grupo mencionado, dejando una puerta abierta a la discusión de la relación existente entre el Estado, las políticas públicas y la economía social.

II. Ejes de discusión

De acuerdo a lo que hemos mencionado en el apartado anterior, nos proponemos trabajar sobre tres ejes de discusión que entendemos atraviesan la relación Estado, políticas públicas y economía social.

El primer eje refiere a la institucionalización y regulación de las prácticas de la economía social, donde se enmarcan los procesos de diseño de leyes, normas y legislación en general, tendientes a regular, los programas y las políticas públicas direccionadas a este sector, así como también, aquellos procesos que instituyen estás prácticas que exceden lo netamente “legal” o “intervenciones públicas”, por ejemplo, acuerdos recíprocos para la instauración de una moneda social en una comunidad.

Un segundo eje está relacionado con las modalidades de implementación de las políticas públicas, por parte de los gobiernos y por parte de la población implicada. En este sentido es importante mencionar los alcances de las políticas, su incidencia en el territorio, si existen espacios de participación de la población implicada en el diseño, la ejecución y control de estas políticas.

Por último, un tercer eje que se propone el análisis de los procesos que llevan adelante los actores sociales, donde son interpelados por el Estado y las políticas públicas. En este eje interesa problematizar disputas y demandas, y las modalidades de ejecución de estas políticas así como la gestión de los recursos por parte de las organizaciones sociales.

Eje 1: Institucionalización y regulación de las prácticas de la economía social

Para plantear el debate con relación a la institucionalización y regulación de las prácticas se trabajó sobre la experiencia del proyecto de Ley de Mercados productivos de la Estepa 3.

El análisis de esta experiencia dejó planteado que actualmente es complejo institucionalizar las prácticas de la economía social, aunque están presentes y son experiencias que producen, y generan lazos y relaciones sociales, pero por sobre todo que hay una gran parte de la población que resuelve sus necesidades cotidianas a través de estas prácticas de economía social. Por ello, se hace necesario por un lado, pensar y trabajar en políticas públicas que se adapten a esta realidad, y por otro, institucionalizar esta “otra economía” que acontece.

En la provincia de Río Negro se buscó institucionalizar y desarrollar un marco legal para la economía social, proponiendo la figura de los Mercados Productivos Asociativos como espacios colectivos de comercialización que nuclea prácticas de la economía social y solidaria. Este proceso de institucionalización llevó años de trabajo donde hubo un importante acompañamiento de la población rionegrina de la estepa, en su mayoría productores y artesanos, nucleados en unidades de producción familiar con alta representación de mujeres, casi de autoconsumo, que viven en distintos asentamientos y que se juntan a vender a la vera del camino. Cabe mencionar que algunos de los problemas que azota a esta población son los altos costos del transporte, la dificultad de la comunicación, los altos costos de la materia prima, los escasos excedentes de producción para la comercialización, complejidad para diversificar la producción, casi nula acumulación de capital y altas tasas de migración de los jóvenes de las familias hacia la ciudad debido a las pocas posibilidades de generación de mayores ingresos.

A partir del año 1999, comienzan a juntarse los productores para coordinar la comercialización de los productos. Es así que entre el año 2000 y 2001, empieza a funcionar dentro de un edificio cerrado, un espacio de ventas que continúa en la actualidad. Esta situación trajo varias ventajas: la eliminación de la figura del intermediario; hay un contacto directo productor – consumidor que hace que los productores puedan tener un mayor conocimiento de los gustos y las necesidades de los consumidores. Los aspectos mencionados produjeron una revalorización por parte de los productores de su trabajo. Durante este proceso fueron acompañados por el Programa Social Agropecuario (PSA) y por el INTA, que los capacitaron en nuevas técnicas y normas bromatológicas; también realizaron talleres de fijación de precios y costos, para que incluyan su propia mano de obra. Los aspectos productivos fueron acompañados por la resolución de necesidades reproductivas como organizarse para refaccionar las viviendas de la población.

Esta experiencia previa derivó en la iniciativa popular que impulsó un proceso participativo de constitución de la ley marco para dar un sustento legal al sector de la economía social en Río Negro. La iniciativa puso en evidencia que en Río Negro existía un vacío normativo que contemplara a estos productores y artesanos, y si eran trabajadores o no, aspecto que repercutía en la situación impositiva, los permisos de venta, las habilitaciones, etc.

La razón de que el proyecto de ley haya tenido un sustento gubernamental se debió a que en la constitución de la provincia, se contempla la iniciativa popular que posibilita que la población se organice para proponer una ley. Para poder presentar una iniciativa popular se requerían más de 10 mil firmas, así organizaciones sociales junto a los productores deciden, y se organiza la junta de firmas en distintos lugares de alta circulación de personas. Este proceso implicó capacitación, campañas de sensibilización y una alta representatividad de los mismos productores de la provincia con relación al apoyo a esta ley. Una vez que se juntaron las firmas, las mujeres del mercado presentaron las planillas y comenzó la sensibilización con los legisladores. Luego de tres años, se logró firmar el proyecto que se convirtió en ley en diciembre de 2009, luego de un arduo trabajo entre la población, los legisladores y técnicos especializados en la temática, que logra la aprobación por unanimidad.

Un punto importante es que se peleó para que la ley estuviera dentro del Ministerio de Producción, tema que resultó muy complejo por el desconocimiento de este organismo sobre la temática.

La experiencia del proceso de institucionalización de la economía social que se logra en Río Negro, a través del reclamo y la construcción colectiva de ciudadanía, intenta sentar precedente no solo a nivel provincial, sino también a nivel nacional. En principio por ser una propuesta que sale desde una organización, que a través del trabajo con la población rionegrina y poniendo en discusión concreta qué se necesitaba legislar y reglamentar, logró el involucramiento real de la gente y poder llevar ese pedido a la instancia de la legislatura, utilizando la herramienta de la iniciativa popular para poder crear legislación pertinente que institucionalice las prácticas que se venían llevando a cabo en la provincia, y a nivel nacional.

una de las reflexiones que se plantean al respecto es que la institucionalización es necesaria para disputar espacios. En el caso de esta ley, se reconoce la existencia de un “actor colectivo” de la feria dado que son todos asociados; se reconoce el trabajo que realizan y con ello, la necesidad de seguridad social; se deja precedente para la promoción de mercados asociativos. Esta experiencia resulta interesante porque da de cuenta que la economía social no constituye un conjunto de prácticas de producción o comercialización desarticuladas, sino que permite tener una mirada más compleja de las prácticas de la población, donde se piensan formas de organización del trabajo, de la producción, de distribución y del consumo, donde el trabajador cumple un rol central. Otro punto a resaltar es la complejidad de traducir en una ley la lógica de los actores enmarcados en la economía social, y la necesidad de trabajar las definiciones con los actores implicados; en este caso los productores de la estepa y con los funcionarios públicos, generando instancias de diálogo con el Estado.

Eje 2: Modalidades de implementación de las políticas públicas

Los debates en torno a las modalidades de implementación de las políticas públicas tomaron como casos de análisis el Programa Ingreso Social con Trabajo conocido como “Argentina Trabaja”, la Ley de Microcréditos para la economía social y el Plan Nacional de Desarrollo Local y Economía Social “Manos a la Obra”.

Respecto al Programa Ingreso Social con Trabajo conocido como “Argentina Trabaja”, este fue anunciado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en agosto de 2009, cuyo objetivo inicial fue la creación de 100.000 puestos de trabajo por medio de la conformación de cooperativas de trabajo. En una primera etapa serían asignados 1.500 millones de pesos argentinos y la población destinataria sería aquella residente en aglomerados urbanos de alta vulnerabilidad social, ubicados en el Conurbano Bonaerense. Las actividades que contempla este financiamiento son: trabajo comunitario, trabajo de construcción de viviendas e infraestructura y trabajo de reparación de escuelas, centros comunitarios y viviendas. Además, se intenta complementar acciones entre los Ministerios de Desarrollo Social, Educación, Trabajo (capacitación laboral) y Salud (atención de cuestiones sanitarias).

El debate en torno a esta política social, se desarrolló en dos planos: 1. revisión teórica del diseño y la implementación, y la vinculación con la economía social 4 ; 2. la incidencia territorial del programa a través de implementación por parte de las organizaciones sociales 5.

Con relación al primer abordaje, se llevó adelante la caracterización del programa, las causas y objetivos de su implementación y el análisis del diseño del mismo, a través de un estudio de los elementos socioeconómicos que lo caracterizan, en los cuales se identificaron los rubros de las actividades que desarrollan las cooperativas, los actores intervinientes, las regiones beneficiarias y la modalidad organizativa, intentando visualizar la lógica gubernamental que sustentaron estos aspectos. De esta manera, se contrastaron los objetivos iniciales que desde el Estado impulsaron la implementación de dicho programa con los principales aspectos que caracterizan las relaciones del trabajo desde la perspectiva de la economía social, a fin de identificar críticamente tanto los vínculos como las distancias que existen entre ambas posiciones. Un punto a resaltar fue el interés por el desarrollo y la sostenibilidad de las cooperativas de trabajo generadas a partir del programa, haciendo hincapié en los logros, alcances y desafíos obtenidos a partir de los objetivos planteados por el Estado, así como también, desde la perspectiva de la economía social. Por último, se reflexionó sobre la contribución del programa en el sector de la economía social desde una perspectiva crítica.

Algunas características del programa que merecen mencionarse: 1. formulación: se implementa desde el Ministerio de Desarrollo Social; 2. los ingresos rondan los $1.300 por trabajador por 40 hs semanales (existe diferenciales de acuerdo a las responsabilidades de los trabajadores, por ejemplo, un capataz); 3. uno de los objetivos es recuperar la dignidad del trabajo; 4. se desarrollan obras de mediana envergadura que son obras de menor complejidad (ejemplo, mantenimiento del espacio público, recolección de residuos, construcción de escuelas); 5. se intervino inicialmente en el conurbano bonaerense, en villas y lugares críticos que se determinan en función a distintas fuentes de relevamiento teniendo en cuenta localidades de mayor vulnerabilidad social y la existencia de necesidades básicas insatisfechas de la población hasta la capacidad del ente ejecutor (la municipalidad) para llevar adelante el programa; 6. es una política que se focaliza en un grupo específico de la población; 7. se utiliza una tarjeta para el cobro de ingresos (bancarización), justificando su uso para evitar el clientelismo.

El análisis realizado dejó algunas reflexiones y abrió muchos debates. Entre los aspectos más importantes se planteó la tensión entre entender al programa como un sistema de control biopolítico del territorio y el desarrollo de tensiones entre algunos movimientos sociales, y el Estado donde se exigió que el programa se ejecute en sus territorios. Este aspecto deja abierta la discusión y la disyuntiva entre el disciplinamiento del sector popular y la posibilidad de debatir en qué medida pueden las organizaciones resignificar y reapropiarse del programa, así como también, cómo las políticas públicas que se ejecutan en el territorio redefinen sus prácticas. Otro punto importante que se debatió es que la constitución de cooperativas por parte del Estado no constituye per se lazos de solidaridad y para desarrollar esto último es fundamental la formación de quienes participan del programa. Un punto interesante a profundizar en el debate que se llevó a cabo es que los programas sociales suelen ser dispositivo para clasificar a las personas, en donde se estereotipa al “merecedor de la política”.

En relación con el segundo aspecto relacionado con la incidencia que tiene el programa en el territorio, se propuso una visión compleja de la relación que se da entre los actores intervinientes, las tensiones entre los grupos y la organización social para llevar adelante la implementación del programa, y cómo los procesos burocráticos se condicen o no con las necesidades y posibilidades de las organizaciones sociales implicadas.

Cabe mencionar que particularmente el “Argentina Trabaja” es un programa complejo de analizar por la breve trayectoria de su ejecución. A grandes rasgos el programa se organiza en dos etapas que los informantes claves diferencian con las elecciones de junio de 2009. Antes de las elecciones se hizo una prueba piloto, de cooperativas pequeñas donde el municipio las organizaba y el gobierno nacional otorgaba los recursos; a partir de los resultados de las elecciones del 28 de junio de 2009, el gobierno nacional anuncia el “Argentina Trabaja” a gran escala. Esta situación genera conflictos con los intendentes debido a la magnitud, dado que se da un salto cualitativo y se pasa a gestionar a miles de personas. Dada esta situación, el gobierno nacional incorpora una segunda etapa que se oficia desde el gobierno provincial y las organizaciones sociales de base territorial. Actualmente, hay organizaciones sociales territoriales que gestionan cooperativas de trabajo que tienen más de 300 trabajadores, nucleados en grupos de trabajo de 60 personas. Esta participación deriva en que además de gestionar el programa en el territorio, también existen instancias de negociación entre las organizaciones sociales y los gobiernos municipales.

En este entramado complejo, se propuso una primera aproximación al análisis de la etapa de implementación del programa y la indagación de la vinculación entre la transferencia y gestión de recursos, y el posicionamiento político de los actores intervinientes, con especial énfasis en los movimientos sociales. Para ello, entendemos que estos actores despliegan diversas acciones como respuesta a oportunidades políticas que son producto de transformaciones en el seno del Estado. Estas oportunidades serían aprovechadas para fomentar la acción colectiva entre la gente, movilizándola para la obtención de recursos exteriores al grupo. Por otro lado, el análisis de la conformación del campo de poder político, donde a priori puede observarse un mayor acceso al poder por parte de las organizaciones sociales y la vinculación con aliados influyentes, son variables que resultaran útiles para comprender como se difunde la información oficial entre los movimientos sociales y cómo se delinean las formas de distribución y gestión de los recursos.

Las preguntas que guiaron el debate se centraron en: ¿Cómo se gestiona? ¿Para qué acceder a recursos del Estado? ¿Qué tipo de trabajo se fomentaba, dado que se publicita como un plan que no habla de subsidios sino de implementar trabajo?

Nos planteamos mirar al Estado como espacio de disputa. En este sentido entendemos que hablar de disciplinamiento del sector popular es resumir o minimizar las tensiones, formas de negociación y acuerdos que se dan para acceder al programa.

El análisis territorial del programa permite entrever que la distribución de cupos para ser parte de la cooperativas no se otorgan solamente a organizaciones alineadas al gobierno oficial, sino que en muchas localidades donde no son oficialistas, por ejemplo, Barrios de Pie y la Corriente Clasista Combativa en La Matanza, son las que más cupos en cooperativas poseen, aspecto que muestra que el territorio es un ámbito de disputa de poder político y recursos. A diferencia de la etapa ejecutada por los municipios, en la etapa ejecutada por los movimientos sociales las actividades son distribuidas por la provincia, donde las organizaciones sociales gestionan el otorgamiento de cupos y el cumplimiento de las actividades. La gestión en manos de las organizaciones sociales dejó entrever dos aspectos. Por un lado, la iniciativa gubernamental de abrir espacios de participación política en la ejecución de políticas, por otro, la contradicción entre esta última decisión política y la estructura burocrática que aún no logra quebrarse. No se quiere dejar de mencionar, que frente a la demanda de las organizaciones sociales en materia de participación de distribución y utilización de recursos del Estado, nos enfrentamos con cierta incapacidad de llevar adelante una gestión ordenada por diversos motivos: carencia de conocimientos específicos relativos a la gestión, complejos mecanismos burocráticos que no se condicen con las necesidades y realidades de las organizaciones sociales. En este marco complejo de ejecución de esta política pública, estuvo presente la necesidad, no sólo de formar cuadro político, sino la importancia de cómo gestionar y administrar las cooperativas. La formación requiere de varias voluntades: la política que tenga como objetivo involucrar más activamente a las organizaciones sociales en la ejecución de las políticas, y la voluntad de las organizaciones sociales de asumir el compromiso de gestionar los recursos gubernamentales que reciben.

Otro punto importante que se debate es el tipo de trabajo que realizan las cooperativas enmarcas en el “Argentina Trabaja”, donde hay una disputa de las organizaciones sociales con relación a la distribución de las tareas, que en general son servicios, y donde se plantea la necesidad de reconvertir estas actividades hacia tareas productivas asociadas a las necesidades del barrio. En relación a las actividades, también se disputa la modalidad de distribución, dado que muchas veces las tareas no están ancladas en el territorio de pertenencia de las organizaciones sociales.

En materia de sentidos asociados al programa, hay una tensión en el interior de las organizaciones sociales, centralmente, entre aquellos participantes que lo toman como un “plan social” y aquellos que lo interpretan como “trabajo”. Según conversaciones con algunas organizaciones sociales, el objetivo es reivindicar y desnaturalizar que el programa es un “plan social”.

La necesidad de profundizar los debates en torno al programa “Argentina Trabaja” nos invitan a reflexionar sobre las similitudes y diferencias en relación con las políticas públicas existentes, como también, la envergadura en materia de generación de puestos de trabajo y recursos destinados y las posibilidades concretas de sostener el programa en el tiempo.

Para profundizar el debate en torno a este eje, se presentó un análisis del Plan Nacional de Desarrollo Local y Economía Social “Manos a la Obra” 6 implementado a partir de 2003 con el fin de generar una instancia superadora de la política meramente asistencial. En este marco es pensada como una política social implementada a escala nacional cuya capacidad de generar equidad contribuye a establecer un clima de gobernabilidad. Esta política plantea discursivamente la construcción de una sociedad civil diferente, más participativa y comprometida con las diferentes problemáticas y su consiguiente solución.

El análisis se desarrolló en tres planos: 1. diseño del Plan, objetivos y metas; 2. dificultades, desafíos y falencias de dicha política social; 3. reflexión sobre si dicho plan es una inversión social o gasto social, para generar aspectos que reviertan la exclusión social y generen igualdad de oportunidades. El análisis se propuso en el marco de la articulación entre el sector público, el sector privado y la sociedad civil.

El plan discursivamente plantea que no es para pobres, sino que está dirigido a proyectos socio – productivos que ya estén en funcionamiento, aunque en la práctica sucedió que 7 de cada 10 fueron constituidos después de la puesta en marcha del plan. Esto tiene que ver con la incertidumbre de bajada de los recursos. Por otro lado, el plan tiene como objetivo la generación de empleo a través de desarrollo de emprendimientos productivos y comerciales, donde se otorgan recursos para maquinarias e insumos y capacitaciones y asistenta a pequeños productores. Orienta la política a dinámica territorial. Provee insumo, maquinaria, etc. no a inmuebles. No hay interacción entre municipios. Se pretende el fortalecimiento de la economía social mediante el fortalecimiento de las capacidades. Primero busca cohesión social, después busca formalizar trabajo (monotributo social) y una tercera etapa de capacitación donde genera un método de evaluación a nivel provincial. También ahí buscan descentralizar el plan. Son proyectos implementados por el municipio u ONGs, entonces no nacen de la necesidad de las organizaciones.

Entre las dificultades mencionadas se debatió en torno a los diversos intereses presentes en el territorio que complejizaban el desarrollo endógeno; el plan se caracteriza por ser muy estricto en su operatoria, lo que comúnmente asociamos con “programas enlatados”, esto hace que no tenga en cuenta diferentes personas, diferentes necesidades y diferentes procesos productivos que lleva adelante la población; se hace muy difícil articular o no hay vinculación entre lo emprendimientos; muchos emprendimientos crearon una fuerte dependencia del Estado; los municipios se ven limitados para llevar adelante las gestiones burocráticas; a diferencia de lo que planteaba inicialmente el plan, los destinatarios son personas vulnerables; se carece de una formación acorde para las personas que participan, aspecto que limita el desarrollo de proyectos de inversión, llenado de formularios, etc. Otro punto importante y que inciden en el diseño y ejecución del plan es la recepción de recursos de organismos internacionales para ejecutarlo, cuyos resultados son: no es un diseño propio del Ministerio de Desarrollo la imposición de formas de llevar adelante la política pública; se impone un montón de cuestiones neo-institucionalistas como ser complejos procesos de gestión y presentación de documentación con la finalidad de garantizar el uso racional de los recursos; dado el alcance nacional del plan y los aspectos estipulados según su diseño, no se toman en cuenta las propias prácticas de los participantes y comunidades.

Para culminar con este eje, se presentaron dos trabajos vinculados a la Ley 26.117 de “Promoción del Microcrédito para el desarrollo de la economía social” y la Comisión Nacional de Microcrédito (CO.NA.MI), creada a partir de esta ley. Esta ley le da un encuadre legal a las actividades asociadas al microcrédito que ya estaba funcionando en Argentina.

Uno de ellos 7 tuvo como objetivo el análisis de la ley a través de la revisión de las prácticas que institucionaliza y el tipo de racionalidad implícita en este instrumento legal. Con esta ley el Estado irrumpe en el debate sobre las modalidades de financiamiento de la economía social, donde define al microcrédito como una herramienta de promoción de la economía social, sector fundamental para profundizar el proceso de distribución de la riqueza.

Para lograr el objetivo que se propone dicha ley, la comisión cuenta con un presupuesto anual de 100 millones de pesos argentinos, que tiene como fin proveer de fondos a las organizaciones de la sociedad civil que trabajan con esta herramienta a una tasa del 6% anual y cubren los gastos administrativos, que generan altos costos para estas organizaciones. Se estipula un monto máximo de obtención de microcrédito equivalente a 50 canastas básicas. Así, la intención del Estado es la redistribución del ingreso a favor de quienes no acceden al crédito para llevar adelante proyectos productivos.

Los recursos se otorgan a aquellas organizaciones de la sociedad civil que estén trabajando en temas vinculados a las finanzas solidarias. Esta política pública innova en la forma de institucionalizar la política pública a través de una modalidad de gestión asociada, como forma de cooperación entre lo público y las organizaciones de la sociedad civil, generando un trabajo articulado entre ambos sectores. La CO.NA.MI. no se relaciona directamente con las organizaciones de la sociedad civil, sino que existen distintas modalidades. Las mismas se traducen en Consorcios de Gestión Local, las Redes de Gestión Asociada y los Bancos Populares de la Buena Fe. Estas modalidades asociativas que contempla la ley, que conviven con modalidades individuales, han generado espacios de trabajo conjuntos entre distintas instancias gubernamentales y las organizaciones de la sociedad civil, donde los conflictos que surgen se debaten en la misma mesa de trabajo. Este aspecto deriva por un lado, en la atención de problemas en forma integral; por el otro, en fortalecer las organizaciones de la sociedad civil, dado que hay cierto acompañamiento en la ejecución y gestión de los recursos. No se quiere dejar de mencionar en relación a este último aspecto, que la formación que brinda la CO.NA.MI. se centra en la transferencia metodológica: modalidades de operatoria, cómo se devuelven los recursos, cómo se rinden, montos a otorgar, tasa de interés, etc. Otro punto interesante es que de alguna manera, los propósitos de la ley se fueron ampliando en función a los pedidos de las organizaciones que participan, por ello se propuso trabajar una línea de financiamiento para la producción social del hábitat y otra línea asociada a la agricultura familiar con el objetivo de trabajar sobre temas vinculados a la soberanía alimentaria y producción de alimentos.

Esta política pública da indicios de fractura en relación a otras, por un lado, porque las organizaciones sociales son partícipes de un espacio en donde se discute la forma de llevar adelante la ejecución y plantean acciones concretas; por el otro, se manifiesta la intención de un trabajo integral, con la complejidad que ello implica, entre las distintas áreas de gobierno que supera ampliamente el microcrédito; un tercer punto relacionado con el anterior es que se plantea al microcrédito como una de las herramientas de la economía social, haciendo hincapié en que no es la única, tampoco es suficiente, sino que debe complementarse con otras políticas públicas.

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A su vez, el análisis de esta ley permite indagar cómo se piensa a la persona que participa de estos procesos, aspecto que atravesó a varias de las ponencias: se piensa a un beneficiario, individuo, grupo asociativo, etc. En el caso de las modalidades individuales, donde se piensa al individuo “solidario”, la lógica que se observa es la de unión con otros para conseguir el financiamiento, lo que podríamos decir que descansa en una lógica de racionalidad instrumental. Sin embargo, las modalidades asociativas donde se conforman grupos para gestionar los recursos, entendemos que quiebra con la racionalidad instrumental individual, dado que genera espacios de discusión sobre cómo llevar adelante la gestión y bajo qué modalidad, inclusive, estos grupos tienen un fuerte anclaje con el territorio. Por otro lado, la ley no se ha quedado sólo en pensar al sujeto de crédito, sino que fue más allá y articuló acciones que discute modalidades de consumo y comercialización, asociadas directamente con los emprendimientos productivos que se fomentan.

En primer lugar, uno de los desafíos que presenta la ley es la ambigüedad donde actualmente muchas operatorias de alguna u otra manera pueden encuadrarse dentro de ella. Esto invita a funcionarios y organizaciones a revisarla y adecuarla a la realidad de los emprendimientos. En segundo lugar, la gestión asociada no fue sencilla por la cantidad de actores que intervienen, pero se han conformado espacios muy interesante de resolución de problemas sociales que alcanzan a las poblaciones implicadas. Otro desafío es profundizar en la formación a las organizaciones sociales, con el objetivo de generar capacidades de autogestión, esto debe ir acompañado de voluntad por parte de las organizaciones sociales de asumir responsabilidades en la gestión de los recursos. Un comentario que merece atención es que aún no se puede revertir la atención puesta en la subsistencia cotidiana de las personas y de pensar a los emprendimientos productivos como “microemprendimientos”, aunque hay intenciones y voluntades que intentan abrir el juego a otras experiencias que traspasen estos umbrales.

Queda pendiente profundizar en la articulación entre la ley 26117 y la propuesta de Ley de Entidades Financieras, que estipula que un 2% de la cartera debe ir a microcrédito a través de los bancos o a través de organizaciones. En este sentido están en discusión aspectos como la tasa de interés, la capacidad para tomar depósitos, las reglamentaciones y controles del Banco Central para con organizaciones que otorguen microcréditos, etc. No es tema menor problematizar estos temas, dado que de alguna u otra manera se está cuestionando y tensionando con el sector financiero especulativo actual, que permea de distintas maneras las prácticas de la economía social.

El segundo trabajo vincula la ley 26.117 y la CO. NA. MI. con el trabajo concreto de la Fundación Migrantes y Refugiados en Argentina (Myrar), que trabaja con emprendedores migrantes refugiados 8. Esta experiencia se dedica a la implementación de programas de promoción orientados a emprendedores de diferentes países que en general trabajan de manera autónoma en pequeños negocios y emprendimientos de economía social. La organización se vincula con ámbitos del Estado, especialmente con la CO. NA. MI.

Fundación Myrar lleva adelante distintas actividades con personas migrantes y refugiadas, a través del desarrollo de emprendimientos localizados especialmente en el ámbito de la Ciudad Autónoma Buenos Aires y del Conurbano Bonaerense. La mayoría de estos emprendedores desarrollan sus actividades de manera individual, pero con el paso del tiempo fueron organizándose en ferias en diferentes puntos de la Ciudad que se instalaron entre los años 2002 y 2004. Con el tiempo fueron buscando espacios colectivos para comercializar sus productos, experiencia que se afianza entre 2006 y 2008. Actualmente gestionan un local de venta colectiva en un popular mercado (desde 2008 a la fecha) donde se nuclean alrededor de 20 a 25 emprendedores con diferentes productos artesanales o artículos de reventa.

Myrar fue una de las organizaciones que participó en las reuniones previas para la redacción de la ley 26.117, participó activamente para la sanción de la misma, en la constitución de la CO. NA. MI. y en el diseño de la tipología establecida para la implementación de los créditos: “organizaciones pioneras”, “redes de organizaciones de micro créditos” y “consorcios asociados”. Con ello se quiere resaltar, como se mencionó con otras políticas públicas, la participación de las organizaciones sociales en la redacción de propuestas de ley que inciden directamente en la calidad de vida de las personas. Por otro lado, se quiere destacar que en el caso de la ley 26.117, se trabaja con una amplia población que en caso de Myrar son migrantes refugiados que comienzan o quieren fortalecer los emprendimientos a partir del microcrédito. Un punto a tener en cuenta en relación a este último aspecto es que en el caso de Myrar no se da préstamos con garantía solidaria, porque es difícil que las personas se puedan hacer cargo de las deudas de otros, así como también, no se trabaja en proyectos asociativos. Nuevamente se puede arribar a que la ley 26.117, más allá de tener aspectos estipulados que hacen a su aplicación, existen experiencias que trabajan con poblaciones que permiten amoldar la operatoria según características de estas últimas.

Eje 3: Actores sociales

Para abordar el tercer y último eje, se trabajó sobre procesos de urbanización de las villas 9. Se planteó desde una perspectiva histórica que las políticas urbanas orientadas a las villas del Área Metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires (AMBA) han tenido tratamientos diversos según el modelo político y económico vigente en cada etapa. Diversos gobiernos tuvieron como objetivo principal la erradicación de las villas; sin embargo, quien llevó a cabo la ejecución de este proyecto fue el último gobierno militar (1976-1983), consolidando una política de expulsión de la ciudad de los sectores más rezagados. Con el retorno de la democracia (1983 en adelante), parte de la población vuelve a las villas y aparecen los “asentamientos”. A partir de esta etapa, la política urbana en torno a estas estrategias de resolución del hábitat por parte del sector popular tomó un rol inverso: la radicación y la regularización. Durante los años 90, estos procesos se desarrollaron con limitaciones en su implementación por diversas razones: el diseño de los proyectos, participación de la población implicada, marco regulatorio, acceso a recursos, etc. Por lo expuesto, la posibilidad de integrar a los sectores populares excluidos a la trama urbana se vio dificultada. En la actualidad, este escenario ha cambiado dado que comenzaron a efectuarse procesos de radicación en diferentes villas del AMBA, particularmente por medio de la presentación y ejecución de proyectos de urbanización.

El trabajo presentado tuvo como objetivo analizar y comparar los procesos de urbanización en Villa Palito y Villa 31-31bis, desde una mirada compleja de la realidad, centrando la atención en la lógica de acción del Estado y la relación con el sector popular en este proceso de transformación del hábitat popular, poniendo especial énfasis en el rol que tienen las organizaciones sociales y vecinales en los procesos de radicación.

El caso de Villa Palito permite analizar el proceso de transformación del hábitat popular de manera cooperativizada donde los habitantes conjuntamente con el Estado y el sector privado lograron impulsar el proyecto de urbanización. Por otro lado, en la villa 31 – 31 bis se está evaluando la posibilidad de llevar adelante el proceso de urbanización presentado por un equipo técnico; el proyecto incitó a la población de la villa a reorganizarse para poder llevar adelante la urbanización, aunque no ha sido tarea sencilla lograr el consenso hacia el interior de la experiencia.

Ambos casos permiten observar los intereses, los conflictos y la envergadura de los problemas habitacionales en el territorio. En este marco de análisis nos preguntamos cómo interviene el Estado, qué rol juegan las empresas capitalistas, cuáles son las prácticas que desarrolla el sector popular en la producción social del hábitat y cómo se piensa en este esquema la construcción de la ciudad.

Las políticas públicas vinculadas a problemas habitacionales y la gestión urbana que se llevan adelante en el territorio son procesos complejos que permiten observar las disputas que tienen los distintos sectores por el espacio, según con la lógica y los intereses con los que cada uno acciona: actualmente se puede decir que hay una disputa entre la lógica económica dominante y el derecho a una vivienda y hábitat digno.

En los años 90 surge la idea de urbanizar Villa Palito de la mano de los propios vecinos a través de la conformación de una cooperativa. Si bien inicialmente fue un proceso muy tenso entre los habitantes del barrio, luego de años llegan a conformar un grupo que impulsa fuertemente este proceso en diálogo con el municipio. Luego de varias gestiones con distintas instancias gubernamentales logran acceder a distintos programas, donde se da una estrategia de hibridación de recursos, para comenzar con la urbanización del barrio. En el caso de Villa Palito es interesante ver cómo los actores interactúan con el Estado. Es importante resaltar que la existencia de lazos de vecindad y la organización comunitaria hacen posible que pese a las dificultades de la urbanización, se puedan organizar para llevar adelante el proceso en donde participan una importante cantidad de trabajadores que viven en el barrio. El proceso de urbanización que se lleva adelante en Villa Palito, no se piensa como compartimentos estancos o acciones desarticuladas; sino que en el barrio confluyen el acceso a la vivienda y los servicios públicos urbanos, como así también, los equipamientos colectivos y lugares comunes. Un punto interesante que dado el proceso complejo que han llevado adelante los vecinos de Villa Palito y la adquisición de saberes tanto de gestión y administración de recursos, como de las modalidades de construcción del barrio, llevó a un grupo de vecinos a participar activamente y hacerse cargo de programas de urbanización de villas y asentamientos con sede en el municipio.

En el caso de la Villa 31 – 31 bis, emplazada en la Ciudad de Buenos Aires, el proceso de urbanización se plantea en forma muy distinta al caso mencionado anteriormente. Esta Villa surge en la década del 30 y luego de décadas de existencia, hacia el año 2000, se plantea un proyecto de urbanización de la villa cuya propuesta está en manos de arquitectos de la Facultad de Arquitectura de la UBA. Si bien los vecinos de la Villa 31 – 31bis han participado de espacios de discusión de la urbanización del barrio, a diferencia de Villa Palito, el proyecto es diseñado y presentado por profesionales.

Si bien el proyecto se presentó durante años a distintos organismos gubernamentales, recién en el año 2009 logra tratarse en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Esto último tuvo que ver con el pronunciamiento del Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, quien plantea la erradicación de la Villa 31 – 31 bis, anuncio que trajo distintos posicionamientos y acciones desde distintos sectores. Frente a la imposibilidad política de erradicar, el Jefe de Gobierno pone sobre el tapete el debate en torno a la urbanización.

Entre las medidas que se adoptan para tratar la urbanización de la villa pueden mencionarse la promulgación de la ley 3343 de Urbanización del Polígono Villa 31 y 31 bis, y la designación de un grupo de intervención judicial para organizar la elección de los representantes de la villa, que en cierta forma, velarán por el cumplimiento de la Ley de Urbanización. Algunos aspectos que se pueden resaltar de este caso, por un lado, el proyecto de urbanización queda asociado a la intervención judicial sin tener en cuenta cuál fue el proceso hasta llegar al proyecto, así como también, las disputas, tensiones, etc. que se dieron en este proceso. Otro punto, es la existencia de cierta sensibilidad respecto a que el rol del interventor obstaculice la organización de los propios vecinos. En lo que respecta al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el proceso de urbanización de la villa es atendido por el Ministerio de Espacio Público, porque interpretan que se está invadiendo el espacio público, dejando fuera aspectos sociales, económicos y políticos, que hacen al proceso de urbanización.

De los dos casos se deriva cómo las distintas instancias gubernamentales actúan en el territorio para atender necesidades habitacionales, de acuerdo a sus intereses; así como también, se dan modalidades distintas de organización popular para la resolución de necesidades habitacionales que tienen que ver con disputas del espacio, trayectorias organizacionales e intereses individuales y colectivos de los mismos vecinos implicados.

III. Reflexiones finales

El seminario desarrollado ha dejado más inquietudes que certezas y debates abiertos en torno al tema que nos convoca.

En primer lugar se destaca que la relación entre las prácticas de la economía social y el Estado es una línea de trabajo que desde el Área de Economía Social del Departamento de Economía Política y Sistema Mundial, se propone seguir profundizando. Esta motivación se debe a que el nivel de análisis de la política pública conjuga teoría y prácticas concretas, atravesadas por trayectorias individuales y colectivas y procesos políticos, culturales, económicos y sociales.

Si bien para organizar y dinamizar el desarrollo de las discusiones se plantearon tres ejes analíticos, entendemos que hay una relación estrecha entre ellos. Asimismo, entendemos que esta complejidad de relaciones debe estar presente en los trabajos de investigación del Departamento. Con ello queremos decir que es relevante trabajar y profundizar sobre los siguientes nudos problemáticos:

  • El papel activo del Estado y su apoyo a los distintos emprendimientos productivos de la economía social, como aspecto fundamental para la promoción y sostenibilidad en el tiempo de formas asociativas de producción, organización del trabajo, conformación de cadenas de valorización y comercialización.
  • Otro aspecto fundamental es la identificación de actores colectivos que adquieran habilidades para negociar políticamente la concreción de proyectos comunitarios en general (pueden ser productivos, como el caso del mercado de la Estepa con un fuerte contenido cultural; también puede ser un Centro Cultural Barrial o la actividad que se decida barrialmente, etc.). Es importante problematizar en este sentido, cómo las organizaciones sociales deben prepararse técnica y políticamente para tratar estas exigencias e incidir en las decisiones políticas que los colocan como población objetivo.
  • En varios casos se ha detectado la necesidad de desarrollar una línea de capacitación en los emprendimientos sobre formación técnica política a los fines de facilitar el diálogo con los estados locales, ya que resulta indispensable tener en claro, por ejemplo, desde qué concepción de Estado se trabaja.
  • Es interesante prestar especial atención a los sentidos otorgados al trabajo desde el Estado y desde las organizaciones sociales.
  • Si bien la participación de las organizaciones sociales en el diseño y la ejecución de las políticas públicas fue un tema que atravesó el seminario, se hace necesario problematizar la política clientelar que se torna un obstáculo para el trabajo territorial de muchas organizaciones sociales y se posiciona contraria al progreso de una participación ciudadana genuina.

Para culminar, una reflexión que hacemos con relación a la diversidad de producción académica existente en el campo de la economía social, es que desde el Área de Economía Social como espacio dedicado al estudio de la economía social, entendemos que es fundamental el diálogo directo con las organizaciones sociales, funcionarios públicos y distintos representantes académicos, que nos desafíen a pensar “lo político” desde el territorio, como proceso de implementación de estrategias que impactan en la vida de las personas y donde se disputan lógicas de acción e intereses distintos, idea que deja de lado el pensar “la política” en forma abstracta y el Estado como instrumento monolítico.

Participantes del Seminario

  • Bertini, Sergio – Fundación Myrar
  • Burgos, Martín – Investigador del Dto. de Economía Política y Sistema Mundial/ Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini.
  • Díaz, Mariela – Investigadora del Dto. de Economía Política y Sistema Mundial/ Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini.
  • Gallo, Mahuén – Investigadora del Dto. de Economía Política y Sistema Mundial/ Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini.
  • García, Alfredo – Coordinador del Dto. de Economía Política y Sistema Mundial
  • Grillo, Elio – Investigador del Dto. de Economía Política y Sistema Mundial/ Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini.
  • Mattos, Ernesto – Investigador del Dto. de Economía Política y Sistema Mundial/ Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini.
  • Mora, Agostina – Investigadora del Dto. de Economía Política y Sistema Mundial/ Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini.
  • Muñoz, Sandra Milena – Investigadora del Dto. de Economía Política y Sistema Mundial/ Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini.
  • Mutuberría Lazarini, Valeria – Investigadora del Dto. de Economía Política y Sistema Mundial/ Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini.
  • Paez, Daiana – Maestría en Economía Social/UNGS
  • Putero, Lorena – Investigadora del Dto. de Economía Política y Sistema Mundial/ Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini.
  • Rodríguez, María Florencia – Investigadora del Dto. de Economía Política y Sistema Mundial/ Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini.

1 Kirchner, Alicia, La Bisagra. Políticas Sociales en Acción, Ministerio de Desarrollo Social, 2007, Disponible en: http://www.desarrollosocial.gob.ar/Uploads/i1/Institucional/La_Bisagra_Politicas_Sociales_en_accion.pdf [Consultado en agosto de 2010]

2 Mutuberría Lazarini, Valeria y Serrano Mancilla, Alfredo (2010), “La Economía Social y los procesos de cambio en América Latina”, Mimeo.

3 Gallo, Mahuén y Grillo, Elio, “El proceso de constitución de la ley de Mercados Productivos Asociativos por iniciativa popular en Río Negro”, Ponencia presentada en el Seminario “Estado, políticas públicas y economía social”, Área de Economía Social – Dto. Economía Política y Sistema Mundial – Centro Cultural de la Cooperación “Floreal Gorini”. Septiembre 2010.

4 Muñoz, Sandra Milena y Paez, Daiana, “Análisis del “Plan Argentina Trabaja” desde el marco de la Economía Social y Solidaria”, Ponencia presentada en el Seminario “Estado, políticas públicas y economía social”, Área de Economía Social – Dto. Economía Política y Sistema Mundial – Centro Cultural de la Cooperación “Floreal Gorini”. Septiembre 2010.

5 Díaz, Mariela y Mutuberría Lazarini, Valeria, “¿Argentina Trabaja? Análisis de una política social para el fomento y desarrollo del trabajo asociativo”, Ponencia presentada en el Seminario “Estado, políticas públicas y economía social”, Área de Economía Social – Dto. Economía Política y Sistema Mundial – Centro Cultural de la Cooperación “Floreal Gorini”. Septiembre 2010.

6 Mora, Agostina, “Plan de Desarrollo Local y Economía Social "Manos a la obra"”, Ponencia presentada en el Seminario “Estado, políticas públicas y economía social”, Área de Economía Social – Dto. Economía Política y Sistema Mundial – Centro Cultural de la Cooperación “Floreal Gorini”. Septiembre 2010.

7 Putero, Lorena, “Microcrédito y Gestión Asociada. Análisis de la nueva propuesta de institucionalización, desde la economía social, a través del Consorcio de la Provincia de Buenos Aires, en el marco de la CONAMI”, Ponencia presentada en el Seminario “Estado, políticas públicas y economía social”, Área de Economía Social – Dto. Economía Política y Sistema Mundial – Centro Cultural de la Cooperación “Floreal Gorini”. Septiembre 2010.

8 Bertini, Sergio, Brizuela, Gabriela y Chab, Gloria, “Emprendedores de la economía social y acceso a políticas del Estado”, Ponencia presentada en el Seminario “Estado, políticas públicas y economía social”, Área de Economía Social – Dto. Economía Política y Sistema Mundial – Centro Cultural de la Cooperación “Floreal Gorini”. Septiembre 2010.

9 Mattos, Ernesto, Mutuberría Lazarini, Valeria y Rodríguez, María Florencia, “De la villa al barrio. Un análisis de los procesos de urbanización en la Villa 31-31bis de Retiro y Villa Palito del Municipio de La Matanza”, Ponencia presentada en el Seminario “Estado, políticas públicas y economía social”, Área de Economía Social – Dto. Economía Política y Sistema Mundial – Centro Cultural de la Cooperación “Floreal Gorini”. Septiembre 2010.

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